El Supremo anula una multa de 161 millones impuesta a Rumasa por supuesta evasión de divisas en 1977

Una multa de 161 millones de pesetas, impuesta en 1977 por el Consejo de Ministros a las empresas Palomino y Vergara, SA, y Zoilo Ruiz-Mateos, SA, ambas pertenecientes al holding Rumasa, ha sido anulada por el Tribunal Supremo con todos los pronunciamos favorables para dichas sociedades, según informan fuentes de Rumasa. La sanción había sido impuesta por irregularidad en el reembolso de divisas procedentes de la exportación de vinos.El supuesto fraude, que motivó una de las mayores sanciones gubernamentales en la historia española de fuga de capitales, se centraba en unas licencias de exportación concedidas en 1974 a ambas empresas con la cláusula de que el reembolso de lo exportado se efectuase dentro de un plazo de seis meses posterior a la venta. Dos años más tarde se detectó el presunto fraude y comenzaron a instruirse las correspondientes diligencias.

Los trámites administrativos demostraron, a juicio de la Administración, la inexistencia de razones que justificaran el no reembolso de estas divisas salidas de España (morosidad por parte del comprador extranjero a la hora de pagar, etcétera). El Consejo de Ministros, a la vista de las pruebas presentadas por el Ministerio de Comercio y por las empresas demandadas, acordó el mes de julio de 1977 sancionar, de acuerdo con las normas de disciplina de mercado, a las dos empresas de Rumasa con 161 millones de pesetas.

Ante esta sanción gubernamental -dos años más tarde de producirse el presunto fraude-, Rumasa reembolsó la cantidad supuestamente evadida, aunque ello no impidió la medida adoptada por el Gobierno, si bien ésta no se hizo firme en espera de la presentación de los recursos correspondientes.

La supuesta evasión de capitales fue descubierta fortuitamente por los órganos de la Administración competentes en esta materia. Se detectó con motivo de la solicitud de un crédito oficial por parte de Rumasa para capital circulante.

El anuncio de esta sanción del Gabinete, hecha firme por el Consejo de Ministros de la segunda semana de diciembre de 1977, fue adelantada por EL PAIS el 11 de septiembre de ese mismo año y mereció un mentís oficial del holding, en el que se ponía de relieve que «es absolutamente falso que dos empresas del grupo Rumasa hayan realizado cualquier tipo de operaciones que puedan ser consideradas como constitutivas de delito de evasión de divisas o fuga de capitales, ni delito monetario alguno».

El 13 de diciembre de 1977, tras publicar este diario el acuerdo del Consejo de Ministros, Rumasa hacía pública otra nota, en la que, tras negar cualquier implicación en actividades de evasión de divisas, añadía: «Por otra parte, es sorprendente que las "fuentes próximas al Gobierno" aludidas por EL PAIS hayan podido facilitar información sobre un tema que, de haber sido tratado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pertenecería al secreto establecido para las deliberaciones del mismo, ya que no figuraba en la referencia oficial del mismo». La nota señalaba también la preocupación de Rumasa por la publicidad dada a un tema subjudice, « desorientando a la opinión pública sobre unas sanciones que aún no son firmes en derecho y que puede perjudicar al buen nombre de las empresas afectadas».

Días después, sin embargo, el Boletín Oficial del Estado confirmaba las sanciones del Gobierno. Palomino y Vergara era sancionada con 82,4 millones de pesetas, y Zoilo Ruiz-Mateos, con 78,6 millones de pesetas. Rumasa interpuso recurso contra la sanción por la vía contencioso-administrativa.

El Tribunal Supremo, en sentencia del 25 de marzo último, ha dado la razón a Rumasa y ha condenado al Gobierno a anular la sanción. El recurso contencioso-administrativo interpuesto por las empresas afectadas fue estimado por el alto tribunal, que afirmó también que no procede hacer expresa condena en cuanto a las costas del citado recurso.

Rumasa, que en mayo cumple veinte años de existencia (empezó con 300.000 pesetas y siete trabajadores), cuenta hoy con 350 sociedades nacionales y extranjeras, más de 100.000 accionistas y cerca de 40.000 empleados. El holding facturó más de 180.000 millones en 1980, con un capital y reservas de 175.000 millones. El grupo cuenta con veinte bancos y mil oficinas bancarias.