El Gobierno vasco insiste en la necesidad de una consulta popular sobre la central nuclear de Lemóniz

El Gobierno vasco, a pesar del pronunciamiento en contra de la Administración central, insistió ayer en la necesidad de celebrar una consulta popular con carácter previo al eventual funcionamiento de la central nuclear de Lemóniz. En este sentido, el Ejecutivo autónomo piensa solicitar del Parlamento vasco que ejercite su derecho de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales. El control público, previsto por el Gobierno autónomo como una alternativa a la no celebración de la consulta, podría ser asumible por la hacienda del País Vasco.

La producción de energía eléctrica de origen nuclear en Lemóniz sólo podría llevarse a cabo, según explicó ayer el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Luis Uriarte, en el curso de una conferencia de Prensa celebrada en Vitoria, después de la realización de los informes de la comisión parlamentaria de encuesta, de la celebración de la auditoría sobre las condiciones de la mencionada central, de un estudio de un plan de emergencia equivalente al de los principales países europeos y, en su última fase, de la convocatoria de una consulta popular.Después de anunciar la presentación de un proyecto de ley que contempla la creación de un centro de ahorro y desarrollo de la energía, el Gobierno vasco -en un extenso informe dado a conocer ayer públicamente- especifica que la producción energética que se derivaría de la central nuclear de Lemóniz representaría, en el año 1990, alrededor de un 75% del consumo de energía eléctrica en Euskadi, equivalente al 31% de la energía primaria.

En relación a la necesidad de que la consulta popular sobre Lemóniz se lleve a efecto en Euskadi, el Gobierno vasco emplaza a las instituciones que tienen facultades legales «para que así lo entiendan y, de acuerdo con este Gobierno, procedan a realizar los trámites necesarios para hacer realidad tal consulta popular en el momento adecuado».

«Si no fuera posible un pronunciamiento previo de la sociedad vasca», dice el Gobierno autónomo, «en el que se explicitará su confianza en el funcionamiento futuro de la central, sería necesaria la presencia de dicha sociedad vasca, a través de las instituciones de la comunidad autónoma, para garantizar la existencia de esa confianza». Esa presencia, según el Gabinete del lendakari, se lograría a través de un control público.

La mencionada fórmula de participación, explica literalmente el informe del Ejecutivo autónomo, deberá establecerse respetando los legítimos intereses y derechos de las distintas partes afectadas, y, a la vez, en la medida en que tuviera consecuencias de carácter económico o financiero, debería ser asumible por la hacienda del País Vasco.

Por último, el Gobierno vasco insiste en la necesidad de que, en las actuales circunstancias, las obras de Lemóniz no deben paralizarse por razones de chantaje de las organizaciones terroristas. «La empresa deberá cumplir con sus obligaciones, y los trabajadores, con sus responsabilidades, en la convicción de que, con independencia de la solución final que se encuentre al problema de la central, su trabajo, como el de cualquier otro trabajador, merece el apoyo del Gobierno y de la sociedad vasca, y el mismo debe continuar por haberlo acordado así el Parlamento vasco, la institución que genuinamente representa los intereses de este pueblo».

El mencionado apoyo, en opinión del Gobierno vasco, ha de hacerse especialmente sentido «para todos aquellos que por desarrollar el derecho que tiene toda persona a ejercer su profesión han sido injustamente amenazados por ETA Militar».