Advertencias de la banca al Gobierno sobre liberalización financiera, deuda pública y fondo de garantía de depósitos

La ordenación de las emisiones de deuda pública para evitar la elevación de los tipos de interés ofrecidos, la armonización entre la liberalización de los mismos en las operaciones pasivas y la mejora en la remuneración de los fondos cautivos del sector y el estricto control del cumplimiento de la nueva normativa bancaria (excluyendo del seguro de depósitos a las entidades que no lo cumplan) son los puntos en los que el presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), Rafael Termes, resumió las recomendaciones que el sector eleva al Gobierno en el transcurso de la asamblea general ordinaria de la AEB, celebrada ayer en Madrid.

La participación en el diseño y aseguramiento de las emisiones de deuda pública a medio plazo se ha presentado como uno de los logros más importantes del sector en los últimos meses. Frente a las posturas de los técnicos de la Administración, que consideraban un auténtico avance la superación de la anterior tapa con la colocacion y diseño de estas emisiones directamente entre les inversores, aunque contando siempre con la red protectora de la banca como tomadora en último extremo, los bancos han conseguido recuperar su protagonismo y asumir el aseguramiento de estas emisiones, encargándose de su colocación y contribuyendo a su diseño.Los argumentos que exhiben les representantes del sector son los de que es necesario evitar a toda costa una escalada al alza en las retribuciones de estos títulos por el efecto multiplicador que tendría sobre el precio del dinero en general. Dadas las ingentes necesidades de tesorería de la Administración para financiar el déficit del sector público, este incremento en los tipos de interés indudablemente terminaría produciéndose.

De los 120.000 millones de pesetas que el Ministerio de Hacienda tiene previsto emitir este año en deuda amortizable, 90.000 corresponden a emisiones a medio plazo, de los que los primeros 30.000 serán emitidos durante el próximo mes de abril al 12,75% de interés. Esto viene a suponer una rebaja de 0,25 con relación a la emisión anterior, realizada el pasado mes de diciembre, que a su vez ya presentaba otras veinticinco centésimas de punto de rebaja frente a su precedente. Los 60.000 millones que restan serán emitidos en el último trimestre del año, según afirmó el presidente de la AES.

Por lo que respecta a la deuda a corto plazo, la fórmula que propugna la banca, y a la que parece que finalmente se llegará, es que los particulares no tengan acceso a ella, canalizándola sólo a través del mercado interbancario, exactamente igual que los actuales bonos del Tesoro, y destinando el importe previsto al Ministerio de Hacienda.

«Para que la deuda del Estado, emitida a plazos comprendidos entre los tres y los seis meses y destinada a cubrir los desfases de tesorería de la Administración, llegue a ser ofrecida al público es necesario esperar a que la economía y las finanzas del país entren en una fase de menor inflación y mayor rentabilidad», manifestó Rafael Termes.

La liberalización de los tipos de interés

La banca ha venido manteniendo en los últimos tiempos la tesis de que los tipos de interés de las operaciones de activo, es decir, de los préstamos y de los créditos, iban a registrar un incremento. Las razones que avalan esta afirmación son, en opinión del presidente de la AEB, la situación de los mercados internacionales del dinero, el déficit del sector público, el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y el mantenimiento de un nivel todavía elevado de inflación.Esta es la razón por la que los representantes del sector han venido manteniendo la necesidad de que los fondos cautivos que por la vía de depósitos y coeficientes -que suponen un 30% del pasivo computable de la banca sean rentabilizados, aproximándose sus retribuciones a las que se practican en el mercado, para evitar que una eventual elevación de los precios de los depósitos, que podría producirse como consecuencia de la liberalización, tuviera una repercusión directa en el coste del crédito.

El presidente de la Asociación Española de Banca indicó que si el Gobierno desea que el coste del crédito al empresario (no comprendido en los sectores que reciben financiación privilegiada) sea más alto, es congruente la postura de mantener baja la remuneración del conjunto de los activos cautivos. Pero si, por el contrario, se pretende que la financiación ordinaria baje de precio es imprescindible un aumento en la retribución a los fondos cautivos. En cualquier caso, es indispensable para Rafael Termes que el Gobierno explique su estrategia para evitar que los empresarios achaquen a la banca el encarecimiento de los créditos. También se apuntó la posibilidad de que los tipos preferenciales para las operaciones activas, que han sido recientemente publicados por el sector, sufran algún tipo de corrección a la baja, ya que su determinación se realizó en base a fijar unos tipos altos para no tener excesivos problemas a la hora de calificar a. los clientes. No obstante, el juego de las comisiones, que actualmente son máximas, permite obtener un coste total del crédito flexible para los mejores clientes.

Rafael Termes se mostró crítico con el actual sistema de garantía que tiene el sector bancario. En su opinión, no es lógico que todo el sector tenga que pagar los platos rotos de las entidades mal administradas, y señaló que lo lógico sería un chequeo previo de los bancos; que se quisiesen integrar en el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), en el que fuese puesto de manifiesto su estado de salud financiera.

Así, las entidades que estuvieran convenientemente administradas podrían contar con el respaldo del FGD, mientras que el resto deberían quedar a su suerte. Reconoció que la actual situación corresponde a un diseño de crisis en la que lo importante era salvar la imagen del sector, pero ahora hay que replantearse este modelo.

«Cuando los bancos hacen públicos unos incrementos en sus beneficios del orden de un 20% o un 30% olvidan señalar que los recursos empleados para conseguirlos han crecido en una proporción similar. Por tanto, es te año ha resultado discretamente positivo, pero nunca inmejorable o récord. Con estas palabras, Termes calificó los resultados del sector, que representaron incrementos importantes con cargo al ejercicio de 1980.

También destacó uno de sus argumentos constantes: la insuficiente dotación a los fondos de previsión para insolvencia y deudores morosos. Reconoció que la banca ha realizado un importan te esfuerzo, y a lo largo de 1980 sus dotaciones para este fin se incrementaron en un 168,5%, alcanzando los 115.694 millones de pesetas, para el conjunto consolidado del sector. Paralelamente, las partidas de deudores morosos contabilizados ascendieron a 264.610 millones, con un incremento del 52,1 %. Estas cifras indican que sólo se tiene cubierto un 44% de los morosos, cifra insuficiente, según Termes. Pero para llegar a la cobertura total de los mismos haría falta aumentar las dotaciones actuales en unos 149.000 millones, lo que representa una cifra similar a un año y medio de beneficios del sector.

En vista a estas cifras, Rafael Termes solicitó que se impulse a la banca para que además de las provisiones ya establecidas se constituya, también con exención fiscal, una dotación genérica para insolvencias del orden de un 2% sobre el riesgo de inversión y firma pendiente de vencimiento.

En este capítulo se puso de manifiesto el acierto en las previsiones realizadas el año anterior, indicándose que el crecimiento del 1,5% en el producto interior bruto (PIB) que señala el Instituto Nacional de Estadística resulta un tanto excesivo, salvo que las cifras referidas a 1979 no fuesen exactas. Un crecimiento en torno al 1 % seria, en opinión de la AEB, más correcto.