El Ayuntamiento de Madrid intenta poner en marcha de nuevo la reforma administrativa municipal

El pleno del Ayuntamiento madrileño aprobó ayer un acuerdo por el que se da vía legal al contenido del convenio colectivo pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y supone la puesta en marcha de la reforma administrativa municipal. El acuerdo regula las retribuciones y los derechos sociales de los funcionarios y estuvo apoyado por sendos informes favorables del secretario general y del interventor, que fueron duramente criticados por el portavoz de UCD, cuyo grupo votó en contra del acuerdo.

Tal como explicó el concejal responsable de Personal, Emilio García Horcajo, el acuerdo ayer aprobado supone salvar el contenido del convenio ya aprobado por la Corporación el 13 de febrero, y posteriormente suspendido. La presentación de este acuerdo ha sido adaptada a las indicaciones hechas por la Dirección General de Administración Local, de forma que los temas sindicales y licencias y excedencias de los funcionarios han sido excluidas. García Horcajo concluyó que la forma a la que han tenido que recurrir es la única posible para poder proseguir la reforma administrativa del Ayuntamiento madrileño.El concejal portavoz de UCD, José María Alvarez del Manzano, centró su intervención en criticar los informes favorables al acuerdo presentado por el secretario y el interventor, no sin antes protestar por mantenimiento del contenido del convenio. «El secretario ha hecho un informe incondicional, en el que advierte del poco tiempo que ha tenido y eso no se puede admitir porque se trata del asunto más importante que tiene en este momento entre manos la Corporación». Más tarde, Alvarez del Manzano afirmó -ante la expresión de sorpresa del secretario- que el informe en cuestión carece de contenido jurídico.

Respecto al informe del interventor, el portavoz de UCD no dudó en asegurar que era un resumen de vaguedades, «deducidas a la vista de unas fotocopias, para concluir diciendo que no parece que: exista inconveniente legal o si se adecúa el contenido a la legalidad vigente». Tras un fuerte y prolongado zarandeo a las llamadas columnas jurídicas del Ayuntamiento, Alvarez del Manzano finalizó asegurando que el expediente no podía ser aprobado sin que antes se remitiera a la Dirección General de Administración Local.

Alonso Puerta, portavoz solcialista, defendió el expediente, asegurando que se había hecho una total adecuación a las indicaciones de la Administración Local y señaló la importancia del acuerdo para la reorganización administrativa.

La polémica de las contrataciones

Ramón Tamames, en nombre del grupo comunista, dio un toque humorístico al debate, al asegurar que las intervenciones del portavoz centrista eran como el Bolero de Ravel, por lo del eterno retorno, y añadió después que los concejales de UCD son más centristas que la propia Administración central.Ya en el debate anterior y en otro punto del orden del día, el grupo centrista protestó por las contrataciones que efectúa el Ayuntamiento y el incremento en el coste del personal que esto puede suponer. Sin embargo, cuando se sometió a aprobación el expediente relativo a la contratación de quinientos operarios encargados de la limpieza viaria en tres distritos de la zona norte, la respuesta afirniativa fue suscrita por los tres grupos, sin ningún obstáculo inicial. El secretario aprovechó esta circunstancia para resarcirse de las críticas recibidas minutos antes por el portavoz centrista y sorprendió a todos diciendo que «choca mucho que haya consenso ,en este tema, especialmente por algunos concejales puntillosamente legalistas, cuando este expediente vaacompañado de dos informes, uno mío y otro del interventor, en los que se advierte de la ilegalidad de esta contratacion».

José María Alvarez del Manzano, como pillado en falta, se apresuró a advertir que «si es un tema ilegal, no lo tolero».

A requerimiento del alcalde, el secretario leyó los informes, en los que sustancialmente hace una advertencia de ilegalidad y se habla de la conveniencia de no aprobar el punto porque en el presupuesto ordinario de 1980 no existe ninguna partida para esta contratación y, por tanto, «no se puede crear ún servicio sin una dotación económica previa».

El portavoz de UCD agravó su situación frente al secretario al afirmar que el informe tiene una perfecta apoyatura legal, «cosa que no ocurría con el relativo al acuerdo-convenio colectivo». «También hubiera sido oportuno», le reprochó, «que hubiera hecho público un informe semejante con ocasión de la aprobación del Plan de Saneamiento Integral, cuyas obras se sacaron a concurso sin existir dotación».

Joaquín Leguina, concejal de Hacienda, intervino en tono aírado, para decir que, en el caso del PSI, la situación era muy distinta, porque se contaba con parte del presupuesto. «El problema de fondo es que lo estamos haciendo mal porque la Administración, que tiene poder sobre nosotros, lo está haciendo peor. Los Presupuestos Generales del Estado tendrían que haber estado aprobados el 30 de noviembre, pero resulta que hasta finales de febrero no se han dignado en dar a conocer las normas».

La respuesta del portavoz centrista se redújo a volver a criticar la forma de los expedientes, sin entrar a defender los retrasos del Gobierno en la presentación de los presupuestos generales.

El debate concluyó con el voto afirmativo de todos los grupos a la aprobación condicional del expediente, tal como propuso el primer teniente de alcalde, Ramón Tamames.