Rechazadas las enmiendas de Piñar, Bandrés y Sagaseta contra el proyecto de ley de Defensa de la Constitución

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados rechazó ayer las enmiendas a la totalidad del proyecto de-ley de reforma del Código Penal en defensa de la Constitución y sobre terrorismo formuladas desde las posiciones extremas de la Cámara: las del ultraderechista Blas Piñar y los nacionalistas de izquierda, Fernando Sagaseta y Juan María Bandrés. Este último diputado, único de los enmendantes asistente a la sesión, votó en solitario frente a los 32 comisionados de los restantes grupos, que aceptaron el texto gubernamental, que se tramita por procedimiento de urgencia. El miércoles próximo está previsto su debate en el Pleno.

Bandrés criticó el apresuramiento con que se estaba tramitando el proyecto de ley, que había impedído que llegara a la Cámara la enmienda a la totalidad formulada por Euskadiko Ezkerra dentro del plazo. El presidente de la comisión, el centrista Oscar Alzaga, confió en la palabra del diputado, quien pudo defender su petición de que el proyecto de ley fuera devuelto al Gobierno, por «innecesario e inoportuno». Aseguró que las figuras penales existentes en el Código Penal y en el de Justicia Militar son suficientes para cubrir los objetivos señalados por el Gobierno.

Amenaza contra la libertad de expresión

El diputado abertzale estimó, es pecialmente peligroso la creación de una fórmula penal abierta como la del artículo 216 bis B (provocación o apología contra la Constitución a través de medios de difusión). Consideró que, «a pesar del bello título de una leyen defensa de la Constitución, esta figura amenaza la libertad de expresión constitucionalmente reconocida». Calificó de explosiva la posibilidad de clausura provisional del medio de difusión, una vez admitida a trámite la querella del fiscal. «Este cierre automático de un periódico puede causarle daños irreversibles, aun cuando la sentencia sea en su día absolutoria», dijo.Juan María Bandrés recordó que la experiencia demuestra que la dureza pena no da resultado para solucionar problemas -que sólo se resuelven por vías políticas, de negociación y de pacto. Criticó tam-bién la atribución de competencias sobre estos delitos a la Audiencia Nacional y a losjuzgados centrales, que significa, según dijo, «un nuevo golpe a la,unidad jurisdiccional consagrada en la Constitución».

Por el grupo centrista, Javier Moscoso aseguró que el proyecto de ley obedece a razones de oportunidad ante las agresiones producidas contra la Constitución y no tipificadas en el vigente Código Penal. Afirmó que el propósito gubernamental no es atacar la libertad de expresión y que el cierre de los medios de difusión sólo se producirá una vez que existan indicios de delito. Justificó la competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de delitos de ámbito estatal. El Consejo General del Poder Judicial emitió ayer un informe sobre los aspectos procesales y orgánicos del proyecto de ley.

Tanto Blas Piñar como Fernando Sagaseta no pudieron defender sus respectivas enmiendas a la totalidad por encontrarse ausentes de la comisión. En cambio, sí fueron sometidas a votación, a petición de su compañero del Grupo Mixto, Juan María Bandrés. Según la enmienda de Piñar, la Consti tución se defiende ella misma «sin necesidad deaparato ortopédico alguno», mediante los estados de excepción o de sitio, «y a los terroristas basta con aplicarles la ley orgánica de 1 de diciembre».

Por su parte, Fernando Sagaseta considera el proyecto de ley «una trampa despiadada para todos los demócratas consecuentes», que contribuirá a extender la convicción de que «el golpe de Estado del 23 de febrero último ha triunfado sobre los partidos parlamentarios».

La enmienda a la totalidad del centrista liberal Joaquín Muñoz Peirats, que se oponía al proyecto de ley «por razones políticas, históricas y legislatívas», no fue sometida a votación por encontrarse ausente y no asumir su mantenimiento ningún diputado de su grupo.

La primera reunión de la ponencia, que se celebró ayer mismo, dio como resultado la aceptación de enmiendas socialistas, comunistas y de Coalición Democrática, dirigidas, en general, a acentuar las penas por delitos terroristas y a introducir mejoras técnicas. Sobre uno de los puntos más polémicos del proyecto -el cierre judicial de los medios de difusión-, la ponencia aceptó que sea solicitado por el tninisterio fiscal, pero rechazó que pueda apelarse contra la resolución judicial de cierre.