Ritmo lento en la "concertación" política entre Gobierno y oposición

En fecha próxima se reanudarán los contactos políticos entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición, paralelamente a las reuniones del presidente Calvo Sotelo con representantes cualificados de sectores económicos y sociales. La oposición se muestra expectante ante la posibilidad de una convocatoria con fecha precisa, si bien considera muy inconcretas las líneas de actuacíón en los «problemas de Estado» esbozados por Calvo Sotelo, y aguarda la presentación de las propuestas del Ejecutivo antes de aventurar opiniones sobre lo que debería hacerse.La idea de la concertación permanece aún sobre la mesa de los dirigentes políticos, pero la definición de los «problemas de Estado» y de los procedimientos para negociar soluciones se encuentra todavía en el nivel de una declaración de intenciones. Descartado el gabinete de coalición, y también la fórmula de unos pactos de la Moncloa «renovados», no se advierte cuáles pueden ser los mecanismos para la concertación, pese a que los principales partidos están de acuerdo en amortiguar el enfrentamiento parlamentario y fortalecer al poder ejecutivo, porque apenas hay margen para otra cosa en las actuales circunstancias.

La política exterior constituye, por el momento, el único terreno en que Gobierno y oposición ófrecen la imagen de una estrategia conjunta, en lo que el Ejecutivo denomina «coordinación» y el PSOE «operación combinada». No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, ha llevado a cabo sus gestiones en Bruselas de acuerdo con los planes decididos por el Gobierno, mientras que Felipe González ha efectuado sus viajes a Londres, París y, Bonn aprovechando visitas previstas por su partido antes del intento de golpe de Estado. Unicamente la etapa alemana se ha visto ampliada en contenido, debido a las buenas relaciones del PSOE con el Gobierno de Bonn y el Partido Socialdemócrata alemán.

Autonomías

En el resto de los temas de diálogo, y con independencia del importante problema socioeconómico, las autonomías y los posibles cambios en la legislación electoral constituyen uno de los escollos políticos más serios. Aunque la oposición se limita a decir que «el Gobierno debe presentar un programa», el conjunto de fuerzas de ámbito estatal tiene buenas razones para desear un giro o reconducción de la política autonómica. Una de ellas es poner fin a la apariencia de desorden en este terreno, que resulta muy negativa de cara a la sensibilidad de las Fuerzas Armadas; otra puede ser la de disminuir el número de elecciones parciales, que sistemáticamente producen una respuesta abstencionista, y en que la victoria del partido ganador suele ser pírrica. Pero también hay motivos de carácter claramente partidista.Y es que el proceso autonómico, tal como ha funcionado hasta ahora, ha resultado negativo para las esperanzas de los partidos de ámbito estatal. Lejos de fenómenos como el de la República Federal de Alemania, en que las fuerzas de ámbito federal constituyen, a su vez, el armazón político de cada uno de los Estados federados,el proceso español está barriendo o minusvalorarndo a las fuerzas estatales en las comunidades que van accediendo a su institucionalización: UCD ha fracasado en todas ellas; el PSOE sólo mantiene buenas posiciones en Andalucía, y no sin dificultades; el PCE está sufriendo una crisis interna en la organización comunista de Cataluña, la región en que se encuentra mejor implantado.

Sin que todavía exista un programa claro en materia autonómica, el equipo del ministro Martín Villa trabaja con diversas hipótesis, y la oposición permanece atenta a esa tarea. No es extraño el relativo nerviosismo que se aprecia en algunos dirigentes catalanes y vascos, aunque el Gobierno parece haber dado seguridades sobre la continuidad de sus respectivos procesos, mientras que Felipe González se apresuró a declarar que «cualquier acuerdo» en el terreno autonómico ha de tener en cuenta a las formaciones nacionalistas.

Estado de excepción

Por lo que se refiere a los temas relacionados con la seguridad y la lucha antiterrorista, algunos medios políticos comienzan a pensar en la declaración de los estados de alarma o de excepción como medio de reforzar las medidas de lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la Constitución no especifica cuál es el contenido de cada uno de ellos, y está sin elaborar la ley orgánica que debería fijarlo. En este sentido, ha habido comentarios sobre lo que Felipe González quiso decir el lunes pasado, cuando en una conferencia de Prensa declaró: «Yo pondría todos los mecanismos necesarios a disposición del mantenimiento de la unidad de España». El secretario general del PSOE aclaró anoche, a su llegada de París, que esta frase se refiere a la responsabilidad del poder civil en evitar una declaración unilateral de independencia en una zona del país, Para lo cual no debe descartar la utilización legal de la fuerza, si ello fuera preciso.