El PSOE, preocupado por la campaña promovida desde instancias confesionales

Nada más iniciarse el Pleno sobre el divorcio, pasadas las diez de la mañana de ayer, se podía contar en el hemiciclo alrededor de cincuenta diputados, y en el banco azul tan sólo se contaba con la presencia del ministro interesado, Francisco Fernández Ordóñez. El turno de intervenciones lo abrió el centrista José Antonio Escartín para responder a una intervención, realizada el día anterior, por el dirigente de Unión Nacional, Blas Piñar. «Me alegra que el señor Piñar invoque la Constitución de manera tan reiterada», dijo en un tono no exento de ironía, «porque creo que lo más importante es identificarse con su espíritu». A continuación intervinieron los diputados Díaz Pinés, que, pese a ser de UCD, mantiene sobre el divorcio las mismas tesis de Coalición Democrática, y el portavoz de este grupo, Juan Luis de la Vallina.

De la Vallina dijo que todos los trabajos realizados por la Comisión de Justicia del Congreso sobre el proyecto de ley de Divorcio no hacían si no acrecentar los problemas que tiene planteados la familia. «El texto que estamos debatiendo», señaló, «contiene en realidad una fórmula engañosa, porque aparentemente se contrae matrimonio religioso, pero en el fondo sólo se admiten los ritos de la celebración católica. Lo que verdaderamente se implanta con este proyecto de ley es el matrimonio anglosajón o protestante, aunque ,se intente disfrazarlo con el eufemismo de matrimonio opcional». Tras este ataque al texto de Fernández Ordóñez, el portavoz de Coalición Democrática defendió su enmienda a la totalidad con la tesis ya conocida: su propuesta consiste en establecer dos tipos distintos de matrimonio, uno religioso e indisoluble y otro civil y susceptible de ser disuelto. El portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Jesús Aizpún, mantuvo una postura muy similar a la De la Vallina.Volvió a intervenir de nuevo el democristiano José Antonio Escartín, quien hizo un repaso a través de los siglos de las distintas etapas que ha sufrido la institución matrimonial, y sus palabras constituyeron una clara defensa de que el texto de la Comisión de Justicia no contradice en absoluto los acuerdos firmados cosa la Santa Sede.

«No podemos otra vez volver a establecer guetos políticos o religiosos por confesiones religiosas, a través de una serie de sistemas matrimoniales distintos», dijo. «Yo creo», añadió, «que retroceder al mundo medieval en este punto sería como dar un salto atávico en la historia española. Por eso, hay que regular la institución matrimonial como un principio básico de la unidad de la Patria, teniendo en cuenta que la formación de guetos religiosos por razones de matrimonio sería verdaderamente pernicioso». En la frase siguiente sintetizó la tesis de su intervención: «Naturalmente que se puede celebrar un matrimonio indisolublle canónico, pero naturalmente que esa característica no está protegida por la propia ley civil del Estado. Por consiguiente, voy a decir y voy a defender que nuestro proyecto es conforme con los acuerdos con la Santa Sede, pero es contrario a una cierta y determinada interpretación de esos acuerdos».

Por parte del Grupo Comunista intervino el diputado Jordi Solé Tura, quien ' dijo: «Nuestro grupo entiende que la sociedad actual funciona en base a ideas pluralistas, y no puede primarse a un grupo, aunque sea mayoritario, sobre las demás. «Este proyecto de ley ha incluido una parte importante de los acuerdos jurídicos con la Santa Sede», añadió, «y, por tanto, la ley está sometida a vaivenes de instancias extraparlamentarias. Esta circunstancia no. debería ser», finalizó, «la que provocase un debate religioso entre las dos Españas».

Intervención de Sotillo

El ponente socialista Antonio Sotillo abrió la sesión de la tarde con una alusión al «triste espectáculo que está dando la mayoría gubernamental, no porque discuta ampliamente en su seno, sino porque lo hace con ambigüedad y confusamente, jugando al escondite con los demás grupos políticos». Al defender la enmienda a la totalidad de sustitución con texto alternativo del Grupo Socialista, su representante, en una intervención que el ministro de Justicia calificó de «amable», expresó la preocupación de su grupo parlamentario por la «campaña promovida desde instancias confesionales» en contra del divorcio, a la que calificó de dogmática y autoritaria, y dijo que « procura. intimidar mediante el miedo a la conciencia individual».

A juicio del diputado socialista, «la familia no es atacada por esta ley, como no lo ha sido por cualquier sistema, canónico o no, de disolución matrimonial», y apuntó que «la valoración que cada uno de nosotros o la sociedad dé a esta ley dependerá no sólo de su contenido material, sino de su aplicación práctica y de si los ciudadanos encuentran obstáculos leguleyos y trampas jurídicas».

Antonio Sotillo dijo que «el Gobierno no debe actuar ambiguamente ante esta ley, sino exponer las modificaciones concretas que piense hacer, las directrices y sus razones ante el electorado y el país», y desconfió de las luchas internas de UCD y del texto de divorcio que pudiera salir de ellas. «La mayoría gubernamental», dijo, «es toda ella, todas sus familias responsables de una u otra ley, y alguien de la mayoría gubernamental no puede excusar sus responsabilidades, aunque se nos pretenda convencer de lo contrario».

El representante socialista se negó a admitir, al referirse a las tesis de su grupo en torno al divorcio, «el concepto de la tolerancia como mal menor. No permitiré», afirmó, «que mi opinión tenga el estrecho margen que se le concede al mal, al error o a la equivocación profunda». Abogó por una actitud «profundamente modernista y respetuosamente laica», y criticó «las maniobras tendentes a imponer los criterios confesionales».

Antonio Sotillo manifestó que «la discusión sobre la cantidad de divorcio, altera la calidad y cualidad de la institución que se regula, y un divorcio corto no puede, ser admitido cualitativamente desde los bancos de la oposición». Después de pedir «una posición clara y terminante sobre los efectos civiles del matrimonio religioso», Sotillo afirmó que el dictamen de la Comisión de Justicia no altera la filosofía del proyecto del Gobierno, y defendió dos tesis: distinguir de forma independiente la separación y el divorcio como dos recursos legales distintos y regular el divorcio mediante tres vías diferentes: el mutuo acuerdo de los cónyuges, unas causas legales tasadas y una situación de ruptura difilcilmente superable de la convivencia conyugal.

La siesta de Fraga

Mientras el líder de Coalición Democrática, Manuel Fraga, dormía plácidamente en su escaño, Antonio Sotillo dijo que los socialistas «creemos sinceramente que nos encontramos con un pueblo mucho más liberal que su propio Gobierno y mucho más decidido que su ministro de Justicia». El representante socialista terminó su intervención mientras los miembros de CD Juan Luis de la Vallina y Manuel Fraga (ya despierto), el portavoz centrista, Miguel Herrero, y el secretario primero de la Cámara,Víctor Carrascal, perteneciente a la familia liberal de UCD, pero miembro del sector crítico, intercambiaban opiniones en una de las zonas altas del hemiciclo.

El ponente centrista Javier Moscoso, miembro destacado del sector socialdemócrata de UCD, respondió a la intervención de Sotillo y 4 la de su compañero catalán Verde i Aldea, que habían intervenido por la mañana de forma conjunta. Moscoso dijo en la tribuna justo lo contrario de lo que habitualmente afirma fuera de ella: que el grupo centrista está cohesionado y que desconoce si ha habido presiones confesionales.

Tras señalar que al ser las socialistas enmiendas de texto alternativo, «lo lógico hubiera sido que se pusieran de manifiesto las virtudes de ese texto, y no las desventajas del nuestro», Javier Moscoso hizo dos precisiones. «Cuando el señor Sotillo», dijo, «ha dicho que lamentaba el triste espectáculo de la mayoría, con ocasión de este debate, supongo que se refería a las posturas dentro de UCD, que demuestran - la gran libertad de que gozamos dentro de nuestro grupo parlamentario, donde el amplio debate no tiene nada que ver con su cohesión».

La segunda precisión se refirió a la «gran campaña confesional». Desconozco si ha existido o no», manifestó Moscoso, «pero nadie podrá. decir que estamos haciendo una regulación del divorcio confesional, luego si la campaña hubiera existido, que yo la desconozco», insistió, «la habríamos superado, ya que ningún miembro del grupo ha estado influenciado en este sentido».

Javier Moscoso rechazó que el proyecto del Gobierno perpetúe los privilegios de la Iglesia católica y recordó que la Constitución prevé que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. « Lo importante», dijo, «es que no se prime a una Iglesia con relación a otras, y a un matrimonio, con relación a otros».

El representante de UCD afirmó también que el proyecto concilia «el principio de igualdad recogido en la Constitución con el acuerdo con la Santa Sede, aprobado abrumadoramente por esta sala y, por tanto, de obligado cumplimiento»; rechazó que el divorcio propiciado por los centristas fuera «una carrera de obstáculos», y dijo que «no tiene por qué existir correspondencia absoluta entre la cantidad de libertad para contraer matrimonio y la cantidad de libertad para romperlo». Afirmó que «el divorcio por mero consenso no es más progresista ni más liberal, sino que es un sistema que no nos merece confianza y que está siendo. abandonado por leyes tan modernas como la alemana de 1976 o la inglesa de 1973 ». Tras las intervenciones de los portavoces de los grupos Andalutista Juan Carlos Aguilar; Minoría Catalana, José María Trías de Bes, que, entre otras cosas, se opusieron a las enmiendas de devolución al Gobierno, por considerar que retrasaban la introducción del divorcio en España, se pasó a la votación. Tanto las enmiendas de devolución del centrista Díaz Pin¿s y del miembro del Grupo Mixto, Blas Piñar, como las del texto alternativo de Coalición Democrática, comunistas y socialistas, fueron rechazadas.