Dificultad de aplicar en España un sistema objetivo para fijación de precios agrícolas

Las diferencias estructurales que padece la agricultura española y su deficiente red contable impiden la adopción de un sistema objetivo para la fijación de los precios agrarios similar al de la CEE, según manifestaron ayer los responsables de la Confederación de Cámaras Agrarias (Conca) con motivo de la presentación de su informe técnico «Algunas consideraciones socioeconómicas antes la fijación de precios agrarios para la campaña 1981/1982».

El presidente de la Conca, José María Giralt, criticó el cambio de métodos seguidos para esta negociación durante los tres últimos años, porque, en su opinión, una falta de continuidad en los mismos impide conocer sus deficiencias o la posibilidad de una pérdida real de renta por parte de los agricultores.Refiriéndose a las actuales negociaciones de precios agrarios, Giralt aseguró que será imposible comenzarlas seriamente en tanto el Ministerio de Agricultura no facilite los datos macroeconómicos del sector relativos al pasado año, puesto que es la única manera de poder estudiar una subida global. Y consideró que las negociaciones sobre la remolacha y el algodón, realizadas en días pasados, son una improvisación necesaria para subsanar el desfase existente.

Se trata de un informe técnico encargado por la Conca a Ignacio González Haba, quien explicó que el incremento global de un 15 %aproximado en la tabla de productos sometidos a regulación de campaña incidiría apenas 1,5 puntos en el índice de precios al consumo, en contra de lo que quieren hacer ver algunos medios de la propia Administración. Resaltó al respecto que en España los productos alimenticios ponderan un 42% en el IPC, frente al 21% de los países de la CEE, porque en nuestro país se confunde a veces producto agrícola y producto alimenticio terminado (derivado de aquéllos).

Según el informe, los pronósticos para 1981 son realmente pesimistas, comparados con los de 1980 (considerado un año excepcional). Se prevé una caída de la producción final agraria entre un 6,5% y un 10%. Se registra un incremento real de la producción, pero un descenso monetario de la misma (que ha distanciado la renta de los agricultores de las del resto de los sectores), así como un descenso permanente de población ocupada en el sector agrario.