La Diputación hará frente al conflicto planteado por 300 médicos de la Ciudad Sanitaria Provincial

La solicitud de dimisión de la diputada provincial socialista María Gómez de Mendoza, presidenta del Consejo de Administración de la Ciudad Sanitaria Provincial, y del director técnico del hospital, doctor Barros, propuesta por más de trescientos médicos del centro después de una asamblea, fue contestada ayer en conferencia de Prensa por los destinatarios de dicha petición. La causa oficial de la solicitud es la contratación eventual de un anestesista, aunque, según dijo María Gómez de Mendoza, esta práctica ha sido habitual en los últimos años (véase EL PAÍS de ayer). El Consejo de Administración de la Ciudad Sanitaria -dependiente directamente de la Diputación- ha reiterado su apoyo total al doctor Barros.

María Gómez de Mendoza hizo una primera exposición de los hechos ocurridos en el hospital después de la contratación eventual del anestesista -el cual dimitió el jueves para evitar enfrentamientos- ,«cuyo currículo es, por otra parte, muy brillante: fue contratado precisamente a consecuencia de él. El primer hecho que deseo consignar es el abandono de la sección de urgencias por parte de catorce médicos anestesistas y reanimadores. Este abandono, entre las ocho de la mañana y casi las doce del mediodía del 2 de marzo, determinó que, durante ese tiempo, el servicio estuviese desatendido. Previamente habíamos cursado numerosos escritos a los propios anestesistas por permanecer vestidos de calle en las áreas quirúrgicas. También les ha molestado nuestra decisión de que las intervenciones hayan de ser incluidas en los libros de sanidad del hospital. Con referencia al 2 de marzo hay que decir que seis enfermos por lo menos, cuyas operaciones habían sido programadas para ese día, no fueron operados, con grave menosprecio para ellos».«Los puntos invocados en la asamblea de médicos para pedir nuestras dimisiones son los siguientes: progresivo deterioro del hospital en los últimos años (el doctor Barros se hizo cargo de él como director técnico hace un mes); la reducción de los sueldos, de la que tampoco es responsable el doctor Barros, y, finalmente, el que se corre peligro de que la Ciudad Sanitaria acabe convirtiéndose en un centro de urgencias».

Según María Gómez de Mendoza, «existe el peligro de que se llegue a un colapso del servicio de urgencias. Hay, que decir, después de la exposición de los puntos oficiales de conflicto, que sus verdaderas razones son más profundas: una es el nombramiento del doctor Barros; otra es nuestro proyecto de contratar a un director gerente; la tercera son los informes económicos sobre los últimos años del hospital, y la cuarta serían las medidas inmediatas de la dirección sobre el ejercicio de la medicina privada en el centro. Lo que está claro es que la contratación eventual de una persona no puede ser el motivo».

El diputado José Borrell (PSOE), delegado de Hacienda de la Diputaciónen el hospital, reiteró que la contratación del anestesista responde a una práctica administrativa perfectamente legal. «Hay que decir, en este punto, que nos preocuparía más una protesta de enfermos que una protesta de médicos, y eso no está reñido con el máximo respeto que tenemos a la profesión de la medicina. También hay que decir que el problema de la Ciudad Sanitaria Provincial no es de derechas ni de izquierdas. Este es el mayor hospital de España. Durante mucho tiempo ha escapado al control de sus propietarios, que son los habitantes de la provincia de Madrid. Tampoco cuestionamos la legalidad de la medicina privada dentro del hospital, lo que sí cuestionamos es que esa práctica sea efectuada dentro de la jornada laboral. El contribuyente ha pagado más de 2.000 millones de pesetas para este hospital el año pasado; yo creo que estamos ante el viejo problema de la privatización del beneficio y socialización del coste. La administración desconoce también el importe de los honorarios de los médicos que practican dicha medicina privada. Nuestro deseo es que todos los enfermos que están en la Ciudad Sanitaria sean enfermos del hospital y que el hospital asuma toda la responsabilidad sobre ellos. Pretendemos que los pagos a los médicos por su actividad privada sean hechos directamente por el hospital, una vez cumplidos todos los compromisos fiscales».

UGT y los médicos

La Federación Provincial de Sanidad de la Unión General de Trabajadores ha difundido un comunicado en el que se denuncian «las implicaciones políticas de este intento de crear conflictos que impliquen una presión a María Gómez de Mendoza y al doctor Barros para que presenten su dimisión o sean cesados en sus cargos». En otra nota conjunta, los comités de empresa y las secciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT del hospital Provincial, el hospital Psiquiátrico Provincial y el hospital Villa del Prado manifiestan que la contratación eventual del médico anestesista fue el pretexto para forzar la dimisión de la presidenta del Consejo de Administración del hospital y del director técnico «e intentar negar la representatividad de los actuales comités de empresa, descalificando la negociación colectiva del convenio que se está llevando a cabo».La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, por su parte, ha hecho público un comunicado a través del cual se solidariza con los médicos de la Ciudad Sanitaria, especialmente en cuanto a los dos sancionados (véase EL PAÍS de ayer), los doctores Díaz Peñalver, jefe del servicio de anestesia, y Pereira, que, a su vez, es miembro del comité de empresa. La misma nota apoya la petición de dimisión de la señora Gómez de Mendoza y del director técnico, doctor Barros.

Por otro lado, treinta jefes de servicio del hospitalhan enviado un escrito a la señora Gómez de Mendoza, con fecha del pasado jueves -aludido por ésta en la conferencia de Prensa-, en el que expresan su disconformidad con la organización actual del centro, del que señalan un progresivo deterioro en los últimos años en su calidad asistencial y científica, como consecuencia de las dificultades económicas determinadas por su dependencia de un concierto con la Seguridad Social. Los treinta doctores firmantes del escrito aseguran que existe un fenómeno de desmoralización general a todos los niveles y que el hospital, hasta ahora altamente especializado, se encamina a convertirse en un hospital de urgencia, «dando la sensación de que se siente obligado a resolver el problema de las urgencias de Madrid».