Torturas y guerra psicológica

LA POLÉMICA pública desatada ante el horror y el rechazo suscitados por el fallecimiento de José Arregui en el hospital penitenciario de Carabanchel, tras nueve días de incomunicación en la Dirección General de Seguridad, corre el peligro de ser desvirtuada por quienes quieren presentar ese debate como una campaña contra la policía.Un editorial del último número de la revista Policía Española, titulado «Tortura psicológica», protesta así de «las reacciones desmesuradas e histéricas», producidas por «insano revanchismo» o «puritanismo democratista», de «no pocos representantes políticos y columnistas» que no han esperado a la sentencia firme de un tribunal para establecer hechos, apuntar explicaciones y adelantar conjeturas sobre la muerte de José Arregui. El artículo pide, es verdad, que se determinen las responsabilidades personales en el caso y subraya la firme determinación del Cuerpo General de Policía de no permitir en su seno «ninguna individualidad que deshonre con conductas anticonstitucionales e ilícitas» a la institución. Pero, a renglón seguido, el editorial asocia las denuncias sobre la muerte de José Arregui con «acusaciones dirigidas al conjunto institucional de la policía» y «la pretensión de extender a todo un colectivo la responsabilidad que pudiera recaer -si así fuese probado- en algunos de sus miembros».

En esta línea tergiversadora de argumentos, el artículo equipara con una «depuración» las razonables peticiones de que los cargos de responsabilidad policiales sean encomendados a algunos de los muchos funcionarios que acatan sin reticencias la Constitución y, por consiguiente, los derechos y libertades que ésta reconoce y garantiza. No pocos diputados, alcaldes y concejales de la España democrática, para señalar tan sólo a personas que ejercen cargos públicos, pueden testimoniar que todavía siguen en servicio activo, y en activos servicios, funcionarios que les maltrataron, humillaron y ofendieron bajo el anterior régimen. Pero muchos ciudadanos pueden también atestiguar la existencia de funcionarios del Cuerpo General de Policía que defienden la libertad y los derechos humanos. Que la policía democrática no esté ni dirigida ni controlada por hombres que menosprecian los mandatos constitucionales y añoran el sistema autoritario no es una exigencia de depuración, sino una simple petición de congruencia lógica entre los valores de un sistema pluralista y el aparato estatal que debe garantizarlos y aplicarlos. Por esa razón, la frase final del editorial, según la cual las actitudes en torno a la muerte de Arregui «han sometido a nueve mil hombres a una inmisericorde tortura psicológica», es una manipulación tan demagógica que apenas logra ofender el buen sentido de quienes creen en las libertades.

La circunstancia de que un comisario y un inspector, que representan una corriente de opinión dentro de la policía, hayan terciado en la polémica (véase EL PAIS de 19 de febrero de 1981), exponiendo sus ideas sobre la práctica de la tortura en dependencias gubernativas y sobre la necesidad de una reforma de los cuerpos de seguridad, ha desbaratado, al menos parcialmente, esa maniobra destinada a enfrentar a la opinión pública con la institución policial. Pero la noticia de que se halla en curso un expediente disciplinario, con suspensión de empleo y sueldo, contra el comisario Merino y el inspector Ledesma da pie para temer que se está intentando crear un clima de unanimidad corporativa policial, incluso a través de la intimidación de los disidentes, perseguidos con medidas administrativas y con amenazas de linchamiento moral.

Dicho sea de pasada, el rumor de que ese expediente disciplinario va a marchar en paralelo con una denuncia del fiscal por delito público significaría, de confirmarse, que nuestras autoridades no se muestran muy partidarias de respetar la legalidad vigente. De un lado, la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, promulgada después de que fuera aprobada la Constitución, consagra el viejo principio del non bis in idem y prohíbe que un mismo hecho sea objeto de una doble condena. De otro lado, la figura del delito público de injurias a clases determinadas del Estado, tan utilizada bajo el anterior régimen para perseguir a la oposición democrática, debe ser excluida, de una vez y para siempre, de las actuaciones del ministerio fiscal a propósito de las críticas a determinados funcionarios. Porque no se injuria a una institución cuando se ataca a algunos de sus miembros precisamente por atribuirles comportamientos que la perjudican o que la ensucian. Antes por el contrario, esas censuras, en el caso de ser veraces y fundadas, no harían sino defenderla imagen y el buen nombre de la institución, cuyos valores y principios han podido ser conculcados por sus servidores. El comisario Merino o el inspector Ledesma podrían teóricamente ser requeridos a los tribunales por las personas, con nombres y apellidos, que se considerasen calumniadas, pero nunca por el ministerio fiscal en nombre de la institución.

Es por lo demás impresionante contemplar cómo se moviliza, y desde arriba, en la policía española la solidaridad con funcionarios acusados de torturar a alguien hasta la muerte y se elimina al tiempo toda posible solidaridad con quienes ejercen el derecho constitucional de la libertad de expresión. Pero sería injusto y arbitrario suponer que la responsabilidad fundamental está en algunos policías politizados, porque reside en los ministros sucesivos de UCD, que han mantenido, cuando no creado, en la cúpula policial un aparato rodeado de antidemócratas y de ineptos en el que el reparto de medallas y de dietas resulta siempre conversación prioritaria.

En toda esta historia el candidato derrotado anteayer en las Cortes tiene, por lo demás, una buena ocasión de demostrar cuál es su verdadera faz en lo que concierne a los derechos humanos y el respeto a la libertad. Aunque quizá, como en el divorcio, ocupan el lugar de alguno en las encuestas: «No sabe. No contesta».