Los 19.000 depósitos de gas existentes en la provincia se escapan al completo control de la Administración

Cerca de 19.000 tanques fijos de propano, gasóleo o fuel se encuentran repartidos, en la actualidad, por la provincia de Madrid. Esta enorme red de fistribución comparte el terreno con 254 estaciones de surtidores de gasolina y con siete enormes fábricas de producción de gas ciudad, gasóleo, queroseno, propano o butano. Eso sin contar con el entramado de tuberías, que recorren Madrid para suministrar gas ciudad a 350.000 usuarios, o el millón de instalaciones existentes que permiten usar bombonas de butano. Un total que, por su magnitud, impide un control absoluto por parte de las autoridades, con los que se deja abierta la posibilidad a irregularidades no sólo administrativas, sino de seguridad.

La mayoría de los usuarios de gasóleo, propano, butano o gas ciudad que existen en la provincia de Madrid no tienen demasiadas opciones, cuando ocupan una vivienda, para elegir el tipo de gas que prefieren ya que las contructoras se encargan de pensar cuál es el más idóneo para hacer frente a las necesidades del bloque de pisos o de la urbanización construida. En los últimos años, sin embargo, un número creciente de comunidades ha decidido cambiar su fuente de energía; muchos propietarios de viviendas han querido aislarse del resto de sus vecinos, por lo que se acude, cada vez más frecuentemente, a sistemas individuales; el número de depósitos fijos ha aumentado paulatinamente con el boom de las urbanizaciones de chalés, y la cifra de instalaciones continúa su paulatino aumento a medida que se construyen nuevas viviendas.Los numerosos controles puestos por la Administración con el fin de evitar instalaciones irregulares no logran impedir que éstas existan, aunque sea en un número relativamente pequeño.

Instalar un depósito fijo de propano o gasóleo exige, de entrada, la presentación en la Delegación Provincial de Industria de un proyecto realizado y firmado por un ingeniero o perito.

Aquí empiezan los problemas, ya que, según informaron en esta delegación, al decir la legislación que el proyecto debe ser supervisado por un técnico cualificado, se ha llegado a presentar trabajos firmados por arquitectos o ingenieros de minas, personas que, aun siendo técnicos cualificados, parecen estar fuera del campo de la instalación de tanques fijos para gases.

Este motivo ha impedido en muchas ocasiones que el proyecto siguiera adelante, al ser rechazado por Industria.

El examen del proyecto, si es para una instalación que no obliga a pasar las conducciones por debajo de terrenos ajenos o viales municipales, permite decidir a Industria si se da o no la licencia de instalación.

Si, por el contrario, la red de tuberías cruza calles, atraviesa parcelas o recorre urbanizaciones ajenas, se tiene que pedir además una concesión administrativa.

Concesiones administrativas

En la actualidad hay unas noventa urbanizaciones que requirieron una concesión de este tipo para poder tener instalaciones de propano; la mayoría de ellas están en manos de una veintena de empresas distribuidoras.

Según fuentes de Butano, «se ha podido comprobar que las empresas que recibieron una concesión por un plazo de seis años han sido las que han tenido más problemas, tanto de mantenimiento como de distribución, ya que tenían poco tiempo para amortizar las instalaciones».

Esta afirmación fue rebatida por el subdelegado provincial de Industria, Eduardo Ramos, que manifestó que los concesionarios son los que piden qué tiempo quieren tener la concesión «y no necesitan amortizar las instalaciones, ya que en muchos casos son pagadas por los usuarios juntamente con las viviendas».

La compra de una vivienda con instalación de propano o gasóleo se hace, en la mayoría de los casos, sin comprobar previamente las condiciones en las que se encuentra esa instalación. Esto ocurre lo mismo en la compra de viviendas nuevas como a la hora de adquirir pisos o chalés ya habitados.

«No se entiende cómo los compradores que van al Registro de la Propiedad para ver si una casa tiene alguna carga o hipoteca, no se preocupan de cuánto tiempo lleva la instalación de gas sin ser revisada y si cuenta con las preceptivas autorizaciones de Industria y del Ayuntamiento», informaron algunos técnicos del departamento de Industria municipal.

Esta despreocupación no es lógica si se tiene en cuenta que los depósitos son propiedad bien del propietario del chalé, bien de la comunidad de vecinos, si se trata de una urbanización.

Sólo en el caso de que las instalaciones sean propiedad de una empresa privada que se encargadel mantenimiento y de la distribución, la responsabilidad es de la empresa, en tanto que los vecinos son responsables, como ocurre en todos los casos, de las tuberías que salgan del contador hacia el interior de la vivienda.

Permiso municipal

Una vez dada la correspondiente autorización y la concesión administrativa, si hiciera falta, se necesita, además, el permiso municipal para hacer las obras necesarias. Para obtenerlo es imprescindible que el Departamento de Industria del Ayuntamiento estudie el proyecto, realice un informe el Departamento de Incendios y se subsanen los errores encontrados.

Tras la instalación, tanto técnicos municipales como de la Delegación de Industria revisarán la instalación y darán su aprobación definitiva.

Sin embargo, hasta llegar a este punto pasa mucho tiempo. Tanto que, en una gran parte de los casos, las instalaciones ya están en funcionamiento cuando se consigue completar la documentación.

Esto si el propietario del tanque es una persona que se ha preocupado de tener todos los papeles, porque, por ejemplo, Butano sólo pide, para suministrar propano, el acta definitiva de Industria, dada tras la inspección, y la solicitud de licencia municipal, lo que no implica ninguna aprobación del depósito por parte del Ayuntamiento.

Se puede dar el caso de que el Departamento Municipal de Industria y Actividades deniegue el proyecto por incumplir alguna de las ordenanzas; a pesar de ello, el depósito podría pasar la inspección de Industria y contar con los papeles necesarios para permitir a Butano iniciar el suministro.

La situación es más grave aún en la instalación de los depósitos de gasóleo. Según la, orden por la que se aprueba el reglamento sobre utilización de productos petrolíferos para calefacción, la Delegación de Industria puede autorizar el funcionamiento de la instalación sin más trámite que el certificado del instalador de que cumple las condiciones reglamentarias. Industria se reserva el derecho de asistir a las pruebas de inspección o realizarlas posteriormente.

Según informó Francisco Picado, jefe del servicio de asistencia técnica de Campsa, desde hace un mes, el volumen de trabajo de Industria ha obligado a esa delegación a dar licencias definitivas sin haber pasado previamente la inspección de los depósitos.

Estos tanques son, de todas formas, revisados en fábrica por las entidades colaboradoras de Industria, con lo que se evita, por lo menos, que un depósito sea instalado sin haber pasado alguna revisión.

Con respecto al permiso municipal, Campsa le indica al usuario, al hacer el contrato, que es necesaria su obtención, aunque no se le obliga a presentarlo.

La única posibilidad que le queda al Ayuntamiento es encontrar casualmente aquellos depósitos que son instalados sin permiso. «Curiosamente, las patrullas de la Policía Municipal encargadas del control de obras detectan normalmente cuándo se hacen obras en una vivienda, pero, hasta el momento, no se han dado muchos casos de denuncias de obras de depósitos sin permiso», manifestó uno de los técnicos encargados del Departamento de Industria y Actividades del Ayuntamiento.

Otro de los puntos que pueden hacer del depósito colocado una instalación ilegal es su ubicación urbanística. La licencia municipal, que en algunos casos no llega a obtenerse nunca, sirve para llevar un control urbanístico por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo; este organismo no está obligado a emitir ningún informe cuando se solicita la entrada en funcionamiento de un tanque.

Depósitos ilegales

A consecuencia de ello, pueden darse casos como el depósito de propano situado en los terrenos destinados al colegio nacional Virgen del Cortijo, en la urbanización del mismo nombre.

Esta ubicación, conocida por el Ayuntamiento desde el primer momento, obligó al correspondiente departamento municipal a emitir un informe desfavorable. Sin embargo, el depósito se construyó, y cinco años más tarde el Ministerio de Educación construyó, a diez metros, un colegio nacional.

La instalación no contaba tampoco con el permiso de Industria, pero Butano sirvió durante cinco años el combustible necesario para las necesidades de las ochocientas familias que habitan la urbanización.

La razón fue la presión social, que obligó a las autoridades a dar órdenes verbales a Butano para que sirviera el propano, ya que no se podía dejar a toda una urbanización sin calefacción, cocina y agua caliente. Para impedir que se produjeran defectos en las instalaciones, la Delegación de Industria realizó, durante los cinco años, numerosas revisiones.

Aparte de este caso, existen otros depósitos en Madrid que, a pesar de las salvaguardas administrativas, están funcionando sin tener todos los papeles, aun siendo conocida su situación irregular por las autoridades.

Constructoras o promotoras que desaparecen tras la venta de los pisos, falta de papeles necesarios para la obtención del permiso y otras circunstancias parecidas obligan al Ministerio de Industria a dar autorizaciones excepcionales a Butano para que suministre, en tanto se arregla la tramitación en la asesoría jurídica del Ministerio.

Otro caso que se da es el del propietario de un chalé que acude a Butano sin tener los papeles en orden, creyendo que está todo arreglado, ya que él ha pagado al constructor por la vivienda y el depósito de gas. Luego se sabrá que el instalador oficial no llegó a firmar los papeles comunicando el fin de la instalación, al ser la única posibilidad que tiene de poder cobrar al constructor, ya que, sin su firma, no se pasa la inspección de Industria y, por tanto, no se autoriza el suministro.

Funciones delegadas

Las inspecciones municipal y de Industria tampoco se realizan en las zonas militares donde se han instalado depósitos de gasóleo, propano o fue¡, ya que, según el reglamento, estas instalaciones quedan bajo secreto militar y a cargo de técnicos militares.

Gas Madrid y Butano tienen, por otra parte, delegada la autorización para realizar, sin necesidad de inspección posterior, la instalación individual dentro de las viviendas. La razón está en que la Delegación de Industria tendría que tener cientos de inspectores para revisar el millón de instalaciones existentes para bombonas de Butano y las 350.000 conexiones mediante las cuales se suministra gas ciudad desde la red general a otras tantas viviendas.

Industria sí revisa, y con especial dedicación, las innovaciones que se realizan en esta red, tanto en su prolongación como en las estaciones en las que se regula la presión del gas. Asimismo, se realiza un continuo seguimiento de las obras que Campsa, Gas Madrid o Butano realizan en las siete fábricas que tienen en la provincia.

Y mientras se intenta llegar a un mayor control de la red del gas, el número de depósitos fijos aumenta unos 1.500 cada año, de los que el 80% son de gasóleo.

Se da la circunstancia de que una gran parte de estos depósitos es instalada en verano, por lo que en los meses de septiembre y octubre se produce una acumulación de solicitudes de inspección que desborda la capacidad de los servicios de los organismos afectados.