La oposición impugna la ley Antiterrorista y el aparato que la aplica

La validez de la ley de Suspensión de Derechos Constitucionales para una lucha antiterrorista respetuosa con los derechos humanos y las prácticas democráticas, así como del aparato policial que la aplica, quedaron ayer en franco entredicho durante el debate de las varias interpelaciones y preguntas formuladas al Gobierno por los grupos parlamentarios -a excepción de Coalición Democrática- en relación con las torturas padecidas por el presunto etarra Joseba Arregui, fallecido el viernes último, tras nueve días de interrogatorios policiales.

La pugna parlamentaria consisrtió en exponer, desde la oposición, que los malos tratos citados son incompatibles con el comportamiento democrático exigible a los funcionarios de un Gobierno constitucional, y en intentar, desde el Ministerio del Interior, aislar los hechos -enmarcando las lesiones en sucesivas peleas de los detenidos y los policías- y reducir su alcance político a la mínima expresión, derivando hacia las consecuencias jurídicas concretadas en varios funcionarios toda la responsabilidad deducible.En esta dialéctica sólo hubo un punto de convergencia entre la oposición y el Gobierno: la defensa que el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, hizo de una política de claridad, ver dad e información -«la verdad es el último control», dijo-,y el reconocimiento implícito que hizo de la extensión del fenómeno de las torturas, al ofrecer la estadística de las varias decenas de casos en que se han iniciado diligencias previas en el País Vasco y Navarra por denuncias de malos tratos.

Si las explicaciones de Fernández Ordóñez, junto con la posición firme del todavía ministro de Justicia en materia de regulación del divorcio, le valen su salida del Gobierno Calvo Sotelo, como le vaticinó Carrillo, el Ejecutivo perderá un demócrata convencido. Movimientos en esta dirección fueron detectados días pasados por EL PAÍS, cuando una parte de los miembros del Gobierno mostraron inicialmente su disgusto ante la rapidez con que la muerte de Joseba Arregui había llegado a los medios de comunicación social, sin tiempo para preparar una presentación adecuada de los hechos. En cualquier caso, carece de todo fundamento el rumor que circuló ayer en los pasillos del Congreso sobre la posible dimisión del candidato Leopoldo Calvo Sotelo, quien, por el contrario, ha manifestado su disposición a pagar el coste político de la situación desencadenada, mediante una investidura por mayoría simple, si en la primera votación no puede obtener los 176 votos necesarios.

Salpicaduras para Calvo Sotelo y Suárez

Ni Calvo -Sotelo ni Adolfo Suárez asistieron al debate que abrió ayer el actual período de sesiones del Congreso de los Diputados. Tampoco la figura del presidente dimitido quedó indemne, porque Juan María Bandrés -el hombre con más autoridad política para intervenir en este debate- reveló una carta reciente a Suárez en la que le comunicaba la existencia de malos tratos concretos, en res puesta a la promesa suarista de «erradicar las torturas», una promesa más -a la vista está- incumplida.

Al margen de las mociones anunciadas por los grupos parlamentarios interpelantes y de las salpicaduras que Leopoldo Calvo Sotelo recibirá durante el debate de investidura, algunas consecuencias prácticas de la discusión parlamentaria fueron mostradas ayer en el hemiciclo.

A nivel de Gobierno, los socialistas pidieron la dimisión del ministro del Interior, Juan José Rosón, que lamentablemente no es probable que, de llevarse a efecto, solucionara el problema. Rosón ofreció una intervención absolutamente no convincente, además de rutinaria, y monocorde, pero que se adivinaba emparedada entre las exigencias del Parlamento y las propias presiones del aparato policial. Las dimisiones del director general de Policía y de los comisarios generales ponían difícil la situación. Tal vez una de las soluciones eficaces sería aceptar, de momento, la propuesta de Santiago Carrillo, consistente en aprovechar estas dimisiones y sustituir a estos hombres por otros capaces de adaptarse a las exigencias de la democracia.

En esta misma línea, la propuesta más radical fue la de Juan María Bandrés, quien solicitó la depuración del aparato policial, montado sobre el del franquismo. La argumentación de Bandrés parece irreprochable, en cuanto entiende que no puede encomendarse la misión de salvaguardar los derechos ciudadanos a quienes continúan anclados en el franquismo, que los negó. «Habiendo sido franquista, incluso ministro de Información con Franco -y dirigió la mirada hacia Fraga, sentado a pocos metros de él-, se puede ser diputado, pero no policía», pero no policía».

La ley Antiterrorista El otro caballo de batalla del debate, la ley de Supresión de Derechos Constitucionales -más conocida por ley Antiterrorista-, dividió a la Cámara en función de la actitud adoptada ante ella en el momento de su aprobación. Quienes, como Bandrés, se opusieron casi en solitario a aquella ley, recordaban ayer -con la voz autorizada por la experiencia- que dicha ley «no tiene otro objeto que facilitar la tortura». En igual línea, los nacionalistas vascos cargaban la culpa de la muerte de Arregui a la vigencia de esta ley, que ellos no votaron.

Por su parte, los comunistas, que en su momento apoyaron la ley, pero que recientemente, en el Parlamento vasco, se han opuesto a ella, volvieron a impugnarla ayer «porque el Gobierno de UCD no merece nuestra confianza para aplicar es a ley excepcional», en palabras de Carrillo. En cambio, los socialistas, desde un punto de vista similar, llegaron a una conclusión diferente: insistieron, en aceptar la ley, pero no a quienes la aplican, y propugnaron el desarrollo de nuevas garantías jurídicas que impidan que se repitan hechos como la muerte de Joseba Arregui.

Una conclusión quedó flotando en el aire-: la dudosa constitucionalidad de una ley que suspende derechos , constitucionales sin desarrollar todas las garantías necesarias, y que se sabe que está siendo aplicada por un aparato policial que no siempre actúa con esquemas éticos, jurídicos y políticos democráticos. El Parlamento no adoptó por el momento una decisión, por lo que las espadas siguen en alto y la sesión de investidura ofrecerá nuevos elementos que hagan posible un acuerdo mayoritario ajustado a la realidad constitucional y a la realidad de la situación política de una España que no ha salido todavía, por lo que se ve, de la transición.