El responsable de finanzas de RTVE declara ante el juez
Francisco López Arenosa, director de Administración y Finanzas de RTVE, declaró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, designado juez especial por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para tramitar la querella del PSOE y del PCE contra varios directivos de la Radiotelevisión estatal por presuntos delitos financieros.
La declaración de López Arenosa es la última de las prestadas por los directivos contra quienes va dirigida la acción judicial del PSOE y del PCE, aunque los abogados querellantes anunciaron recientemente que estudiaban la posibilidad de ampliar la querella «a cargos aún más altos de la Administración».Durante cinco horas, López Arenosa declaró ante el juez y, dado que han quedado temas sobre los que aún debe declarar el querellante, éste ha sido citado para continuar la declaración el próximo sábado. Francisco López Arenosa salió sonriente del juzgado, a las 3.15 de la tarde de ayer, y declaró: «Salgo contento, porque lo que deseaba era aclarar las cosas».
Francisco López Arenosa llegó a la sede del juzgado acompañado de su abogado Horacio de la Oliva, y en la declaración estuvieron presentes, además del juez y del representante del ministerio fiscal, el abogado Enrique Gimbernat, en representación del PSOE, y el abogado José Luis Núñez Casal, representando al PCE.
El PSOE y el PCE interpusieron sendas querellas, luego acumuladas en un solo procedimiento judicial por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contra los ex directores generales de RTVE Fernando Arias Salgado y Rafael Ansón, el director de Administración y Finanzas, Francisco López Arenosa, y el subdirector general para la gestión económico-administrativa, Ignacio Martínez Echevarría. Las querellas están basadas en los datos ofrecidos por la auditoría de Hacienda sobre la situación económico-administrativa y financiera de RTVE, que fue publicada en febrero de 1980.
La querella hace referencia a una supuesta apropiación indebida por valor de ochocientos millones de pesetas (retención de impuestos de trabajo personal no ingresados en Hacienda), a una presunta malversación de fondos por valor de 3.000 millones de pesetas (cuotas pendientes de pago a la Seguridad Social), a una supuesta apropiación indebida de ochocientos millones (cuotas salariales retenidas y no abonadas a la Seguridad Social), y falsedad en documentos públicos.
