El abogado del Estado propone que se desestime un recurso de Jaime Ignacio del Burgo

El abogado del Estado José Miguel Martínez ha dirigido un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona en el que propone a la Sala que dicte sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso presentado por Jaime Ignacio del Burgo contra el acuerdo del Parlamento Foral de Navarra del pasado 14 de abril de 1980, en el que se exigía a aquél su dimisión como presidente de la Diputación Foral de Navarra y como diputado foral.

En los fundamentos de derecho alegados por el abogado del Estado, éste precisa que se da el caso de incompetencia de jurisdicción y que los recursos contencioso-administrativos se interponen en relación con los actos de la Administración pública sujetos al derecho administrativo, cuestión que no es de aplicación con respecto al Parlamento Foral de Navarra, ya que «no existe ningún precepto legal que permita afirmar con rotundidad que el Parlamento Foral de Navarra es una mafestación más de la Administración pública».El abogado del Estado, en sus apreciaciones acerca del carácter del Parlamento Foral de Navarra, precisa que éste es un ente atípico, distinto de cualquier organismo de la Administración local. En este sentido, el escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que sería absurdo y, como tal, antijurídico haber creado un Parlamento con este nombre en la provincia de España que ha tenido el mayor grado de autonomía en todo el territorio nacional desde 1841, en el viejo reino que ha hecho funciones que, cuantitivamente hablando, son los grandes objetivos de los estatutos de autonomía, que históricamente ha tenido unas Cortes. Sería absurdo e intolerable para el Parlamento Foral y para Navarra reconocer que con su decreto regulador el Parlamento Foral ha sido rebajado a una entidad local, a la categoría de una simple junta preautonómica».

Por otro lado, el abogado del Estado opina que debe desestimarse el recurso de Jaime Ignacio del Burgo por no haber existido ningún acto administrativo en el acuerdo del Parlamento.

«La expresión utilizada en el acuerdo del Parlamento Foral (exigir la dimisión de Del Burgo)», se señala en el escrito, «no puede interpretarse racionalmente sino como un acto político de los representantes de Navarra, que mayoritariamente decían que debía dimitir el presidente de la excelentísima Diputación Foral». En consecuencia, el abogado del Estado, José Miguel Martínez, ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que dicte sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso interpuesto por Del Burgo por incompetencia de jurisdicción, y por no haber existido acto administrativo alguno.