Libertad de expresión

La Hoja del Lunes y el diario Pueblo han criticado violentamente la ponencia sobre «Política informativa» presentada por el Comité Ejecutivo de UCD para el II Congreso. Esa ponencia es, probablemente, la mejor de las que ha producido, hasta ahora, el comité ejecutivo, que no se distinguen, dicho sea de paso, por un nivel de calidad muy alto, tanto en lo que concierne a la redacción como al contenido. Como trata, además, de una cuestión tan fundamental para una democracia como la libertad de expresión, y no siendo autor de la ponencia ni habiendo tenido el menor contacto con los autores durante su elaboración, creo oportuno explicar y defender su contenido.La ponencia adopta, desde su introducción, una postura «radical en favor de la defensa y desarrollo de las libertades». Para ello, propugna los siguientes principios:

- Derecho a la información. Ese derecho se defiende en el interior de UCD, con flujos continuos de información entre afiliados, militantes y órganos representativos, pero también en la Administración del Estado, que deberá informar verazmente a los ciudadanos y dar acceso a todos los partidos políticos con representación parlamentaría a los medios de difusión de que disponga el Estado en sus distintos niveles.

- Libertad de expresión. Se defienden con el mismo rigor la libertad de expresión de los medios de comunicación como los derechos de la persona que pueda ser afectada por afirmaciones falsas, pidiendo la agilización del poder judicial en defensa de la honorabilidad de las personas.

- Libertad de ejercicio de la profesión periodística. El derecho a la información, ejercido por toda persona, es un simple corolario a la libertad de expresión y no caben, por tanto, trabas corporativas. Se pide «la derogación de la ley de. Prensa e Imprenta y la no existencia de una ley sustitutoria». Se preconiza «la desaparición de la Prensa del Estado, salvaguardando los derechos laborales de los trabajadores», y la corrección de los desequilibrios que supone «la existencia de una agencia informativa de carácter estatal», se condenan «todo tipo de monopolios empresariales como gremiales » y se defiende un alto nivel de profesionalización de los medios informativos en base a la capacidad de cada profesional y no a «exigencias legalistas que limitan el ejercicio de las libertades».

Todos esos principios se hacen extensivos a la televisión y la radiodifusión. Eso implica, en particular, que el Estado renuncia al monopolio de RTVE, permitiendo la existencia de cadenas privadas de televisión en un marco global adecuadamente organizado. También implica que la propia televisión estatal sea «veraz, objetiva, profesionalizada, rigurosa en su programación y transparente en cuanto a la gestión».

Si el lector no ha sentido pasar un ligero soplo de aire fresco al leer este conciso resumen, quizá sea mejor que no siga. Este periódico, en un editorial que suscribo plenamente, sí lo notó y así lo hizo saber.

Juan Luis Cebrián, en un libro que tiene características igualmente renovadoras, defiende tesis parecidas. No opinan así, en cambio, dos órganos de Prensa que se ven directamente afectados en sus intereses o en los de sus dirigentes. Es comprensibley aunque la forma del ataque recuerde demasiado el estilo de un pasado reciente, no hay razón para escandalizarse.

Seamos, en cambio, positivos. La ponencia informativa de UCD tiene el enorme mérito de romper claramente con un pasado anacrónico y situarse plenamente en la línea de las democracias modernas. España vive bajo el corsé de unas instituciones que no corresponden a su nivel de desarrollo económico, social y actualmente político. Esas instituciones se llaman Prensa del Estado y RTVE, como monopolio en el ámbito de la información. Pero existen instituciones afectadas por un grado similar de esclerosis en muchos otros ámbitos de la vida pública. Y, en esos ámbitos, habría sido de desear que las ponencias de UCD fueran igualmente renovadoras. La Administración española está manifiestamente necesitando reformas profundas y UCD no se atreve a iniciarlas. La Seguridad Social seguirá siendo un mecanismo profundamente ineficiente por mucho que se intente mejorar su funcionamiento. Es necesario cambiar radicalmente el mecanismo, de modo que se cumplan los mismos o más avanzados objetivos sociales sin el actual despilfarro de recursos. La Universidad es notoriamente inadecuada para responder a las demandas educativas de una sociedad avanzada y, sin embargo, se intenta consolidarla con una LAU que no tiene de progresista más que la aureola con la que se le ha querido disimular.

La sociedad española está pidiendo renovación a gritos, pero no una renovación destructiva, sino un proyecto de futuro, generador de ilusiones. La mayor parte de las ponencias que se presentan al congreso parecen más una justificación del pasado que un proyecto para el futuro, y eso ocurre, en general, porque falta una visión ideológicamente clara de lo que se desea que contenga ese futuro. La ponencia informativa tiene esa visión y espero que todos los progresistas de UCD la defiendan con entusiasmo en el congreso.