La Diputación amenaza con cerrar el servicio de urgencias de la Ciudad Sanitaria Provincial

La clínica privada de la Ciudad Sanitaria Provincial (antes Francisco Franco) tuvo que ser acondicionada urgentemente el pasado lunes para dar cabida a la avalancha de enfermos que entraron en urgencias la noche anterior, y que hubo que repartir además por otras secciones, como la deoncología. Ayer, María Gómez Mendoza, diputada provincial socialista y máxima responsable de la gestión del hospital, advirtió que no se admitiría la entrada de más enfermos privados, y que si la situación llega a ser insostenible, cerrarán el servicio de urgencia.

En una conferencia de Prensa convocada ayer en la Diputación Provincial, María Gómez Mendoza y el doctor Valderrábano, director técnico del hospital, desgranaron algunos de los problemas más importantes que tiene planteados la Ciudad Sanitaria Provincial, y que exigirán una profunda reestructuración, en la que debe colaborar además la Seguridad Social.En principio, habrá que negociar con la Seguridad Social una nueva sectorización del ingreso de urgencias en la capital. A la ciudad sanitaria le corresponde una zona de la capital demasiado amplia en relación con otros centros. Zona que se caracteriza además por tener una población envejecida, lo que aumenta el número de potenciales enfermos de urgencia. Además, al ser el hospital provincial de la Beneficencia, es decir, destinado a aquellas personas que no disponen de cartilla médica, tiene que acoger a este sector en toda la provincia e incluso de otras. Sólo por la Seguridad Social han de atender a los beneficiarios de 306.000 cartillas, más de 700.000 personas.

La saturación no se produce nunca en maternidad ni en el hospital infantil, equipados cada uno con su propio servicio de urgencias. María Gómez Mendoza y su equipo técnico emplazarán a la Seguridad Social para un nuevo reparto de zonas, no sólo en el caso de las urgencias, sino de las entradas de enfermos habituales. La medida debería completarse con un ordenador central que informara al instante de las camas disponibles en cada hospital, lo que ahora no existe.

Otra medida a medio plazo que puede instrumentarse sería la de habilitar el hospital de Villa del Prado, que en estos momentos se encuentra infrautilizado, y, por último, la ciudad sanitaria pondrá en marcha, experimentalmente, un servicio de asistencia domiciliaria para aquellos pacientes que necesitan la visita del médico, pero no utilizar una cama hospitalaria que puede ser más necesaria para otra persona.

Cincuenta y ocho enfermos, en los pasillos

Al margen de todo este rosario de, por ahora, buenas intenciones, en la conferencia de Prensa se ofrecieron datos sobre la grave situación de congestión a que se llegó en días pasados. Entre los días 15 al 20 de enero, ambos inclusive, entraron por urgencia un total de 966 personas, de las que se quedaron ingresadas 230. El día de mayor afluencia fue precisamente la noche del 19 al 20, con 186 personas, de las que se hospitalizaron 56. Esa madrugada no había sitio para todos. Hubo que utilizar el pabellón de oncología (cancerosos), con el consiguiente disgusto de enfermos y familiares, aparte las protestas de algunos facultativos relativas a que en el departamento no había oxígeno y otros materiales utiliza dos habitualmente en las urgencias. A pesar de todo, siguen faltando plazas, y María Gómez Mendoza toma una solución drástica que no es del agrado de un sector de médicos: ordena habilitar una planta de la clínica privada para los enfermos de la Seguridad Social y Beneficencia, con lo que ya el problema de camas queda prácticamente resuelto momentáneamente. Ayer, en la conferencia de Prensa, se dijo que la situación de estos días atrás había llegado casi al límite de la saturación y que, si no había más remedio, se cerraría el servicio de urgencias los días que materialmente no se pudiera atender a nadie más. Desde el lunes, además, se ha paralizado la admisión de enfermos privados.

El negocio de la clínica privada

Aunque la diputada provincial aseguró que ningún médico se había opuesto al ingreso de enfermos en la clínica privada, es del dominio público que un sector de médicos desea que la situación se mantenga como hasta ahora. La sección sindical UGT del hospital ya remitió un informe hace meses a la Federación Socialista Madrileña denunciando que muchos médicos tratan a los pacientes privados, cobrando de ellos, claro está, en horas en que deberían estar cumpliendo su jornada para el hospital y utilizando locales y materiales públicos. La Diputación ha ordenado una auditoría que ponga de manifiesto la veracidad o no de estos hechos. El comité regional de la FSM ya tomó la decisión de que dicha clínica debe cerrarse, atendiendo al concepto general de que las instituciones públicas deben preservar sus fines. Sin embargo, tampoco es humano ni posible legalmente echar ahora a los enfermos privados, que están allí bajo un contrato y pagando unos honorarios por su asistencia.