El fiscal general del Estado visita el País Vasco

«El ministerio fiscal, cuando se encuentra con un delito acreditado y probado de malos tratos a detenidos, actúa como lo haría con cualquier otro delito: promoviendo la acción de la justicia, como es su obligación. Puedo asegurar que nadie ha intentado presionar al ministerio fiscal con respecto a delitos de este tipo para que adopte posturas no ajustadas a la ley. Tampoco lo hubiéramos consentido», declaró ayer en Bilbao, en el curso de una conferencia de Prensa, el fiscal general, José María Gil Albert, al reafirmar «la total independencia del ministerio fiscal respecto de cualquier tipo de poderes».Explicó Gil Albert que había elegido Bilbao en su primera visita a las fiscalías territoriales por motivos sentimentales (la Audiencia de Bilbao se constituyó cuando él era director general de Justicia) y en vista de la situación de deficiencias materiales y fundamentalmente de personal que se registra en la misma. Tras indicar que ya se habían designado seis nuevos abogados fiscales para cubrir otras tantas plazas vacantes desde hace meses, restó importancia a la dificultad con que se encuentra el ministerio fiscal para cubrir sus plantillas en el País Vasco, y no quiso reconocer que un motivo fundamental es el temor a la inestabilidad y el clima de tensión que se vive en el País Vasco. «A mí ningún funcionario me ha planteado el tema de esa forma».

Con respecto al actual Código Penal, reconoció que no está «enteramente ajustado» a la realidad que vivimos, «porque cuando se redactó España no era una sociedad consumista como es ahora», y manifestó su deseo de la pronta entrada en vigor de la nueva ley penal. «Hace falta un Código moderno, avanzado científicamente, con un tratamiento técnico adecuado a las modalidades delictivas que hoy se producen».

«Vivimos», añadió, «en un período de transición en el que se nos han quedado atrasadas las leyes. Por ello, es preciso sustituirlas en la medida en que la realidad social lo requiere».