Italia escapa a otro mes de crisis

En la noche del 12 de diciembre del pasado año, el magistrado Giovanni d'Urso, figura destacada del Ministerio de Gracia y Justicia italiano, fue secuestrado por un comando de las Brigadas Rojas. El juez D'Urso, 49 años, era el director general de los Institutos de Prevención y Pena y consejero del Tribunal Supremo. De él dependía la responsabilidad de los traslados de una cárcel a otra de los presos y la decisión de destinar a algunos de ellos a las cárceles especiales, creadas por el general Carlo Alberto Dalla Chiesa para los presos políticos acusados de terrorismo.Se trataba del tercer magistrado secuestrado por las Brigadas Rojas y el acto terrorista estaba dentro de la campaña de esta organización ultraizquierdista contra quienes trabajan en las cárceles que ellos denominan «de Estado». En la madrugada del día del secuestro, dos dirigentes de dicha organización en Milán habían resultado muertos en un enfrentamiento con la policía. La primera petición de los terroristas se centraba en el cierre de la cárcel de máxima seguridad de Asinara.

El secuestro, producido tras los recientes escándalos políticos y financieros en el país, colocó a Italia en una situación de debilidad similar a la sufrida durante el secuestro del líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro en 1978.

En el segundo comunicado, dado a conocer por las Brigadas Rojas el 16 de diciembre, se aseguraba que el magistrado colaboraba «con ahínco» en el proceso a que estaba siendo sometido. Ese mismo día, el Parlamento debatió el problema del secuestro. La actitud de los socialistas, favorable a la negociación e integrados en el Gobierno, hacía presagiar una ruptura en el recién creado Gabinete Forlani.

El 29 de diciembre, fuerzas especiales de la policía y los carabineros sofocaron el motín iniciado el día antes en la cárcel de Trani, de máxima seguridad. Entre los reclusos de esta cárcel se hallaba Toni Negri, acusado de ser el ideólogo de las Brigadas Rojas. El día anterior, el Gobierno había accedido al cierre de la cárcel de Asinara, en lo que parecía una concesión a las exigencias de los secuestradores en su quinto comunicado. El presidente Pertini y otros dirigentes políticos se mostraron en desacuerdo con ista decisión. El propio presidente hizo público el contenido de una carta depositada, días antes, en la que expresaba su Voluntad de que nadie debería negociar con los terroristas en caso de ser secuestrado.

General asesinado

Pocas horas antes del inicio del nuevo año, el general Enrico Calvaligi, brazo derecho del general Dalla Chiesa y responsable de la coordinación de la seguridad de las cárceles italianas, fue asesinado por las Brigadas Rojas. El carácter ultrasecreto de su cargo levantó una nueva polémica sobre los frutos del interrogatorio del juez D'Urso y sobre la gran información con que parecen contar los terroristas.

La publicación el 3 de enero, en el semanario L'Espresso, de una entrevista con el comando autor del secuestro dividió a los partidos y a la Prensa italiana sobre el papel de los medíos de comunicación ante el terrorismo. Dos periodistas del citado semanario fueron detenidos, acusados de «colaboración con los terroristas». El 5 de enero, el Gobierno italiano anunció haber escogido la vía de la firmeza frente a los chantajes terroristas.

Al día siguiente se hizo pública una carta enviada por el magistrado a su familia en la que éste afirmaba que sería ejecutado inmediatamente si los principales diarios no publicaban íntegramente la última resolución estratégica de la organización, escrita en la cárcel de Asinara. La reacción de la mayoría de los diarios fue silenciar el documento de los terroristas. No obstante, un sector de la Prensa se mostró partidario de informar, porque «un derecho fundamental de la democracia es el de ser informados».

Una delegación de parlamentarios del Partido Radical inició una visita a las cárceles de Trani y Palmi para escuchar las reivindicaciones de los reclusos. Los terroristas detenidos en ambas cárceles se mostraron partidarios-de la liberación del juez D'Urso.

El 9 de enero, el Gobierno anuncia, tras un tenso debate parlamentario, su decisión de no negociar con los terroristas. El frente de firmeza informativa se debilíta al anunciar A vanti, órgano oficial del partido socialista, su decisión de publicar parte de los documentos de los presos.

Al día siguiente, 10 de enero, las Brigadas Rojas conceden un plazo de 48 horas para que los mayores diarios del país publiquen íntegramente los documentos de las cárceles de Trani y Palmi, como condición para no matar al magistrado secuestrado. El 12 de enero, la organización prorrogó ese plazo en veinticuatro horas, previo cumplimiento de nuevas condiciones. La mayoría de los periódicos rechazó el chantaje. Ese mismo día, Lorena d'Urso se dirige a los terroristas a través de la televisión para que sea salvada la vida de su padre. El 13 de enero se recibe una nueva carta del secuestrado confirmando que está todavía con vida. El diario 11 Messaggero anuncia que publicará los documentos en su próximo número. Un último comunicado de las Brigadas Rojas aparece el 14 de enero, en el que se afirma que «la justicia proletaria, con un acto de magnanimidad, consiente la liberación de D'Urso». Por fin, tras una jornada de confusión, D'Urso es liberado cerca de su oficina del Ministerio de Justicia en la mañana de ayer.