El mensaje de los persas / y 2

Organizar la vida política tras un largo período de restricción de libertades cívicas no es una tarea fácil. Requiere un amplio esfuerzo de adaptación de una clase política que, en buena medida, sigue siendo la misma de hace unos años. Admitido el principio de la reforma, es imprescindible acelerar el ritmo de la misma si se quiere escapar al conformismo y la rutina.Mejorar la vida política es organizar esa ruptura moral de la que algunos líderes han hablado. Ruptura moral que con toda naturalidad se encarna en el debatido problema de las incompatibilidades. En sí mismo, el principio es de una extremada sencillez: nadie debe cobrar más de un sueldo del Estado, como sucede en la inmensa mayoría de los países democráticos. Ello implica, necesariamente, un proceso de revisión y adaptación de un cierto número de retribuciones, pues el sistema ha funcionado hasta ahora bajo el principio de que una baja remuneración en una determinada función se compensaba con una remuneración complementaria en otra que apenas era necesario atender. Será preciso abrir un período de adaptación y solucionar los problemas específicos de algún colectivo determinado. Pero el objetivo debe quedar bien definido y el período de adaptación estrictamente limitado.

Mejorar la vida política es secularizarla de alguna manera. En el régimen anterior, la política se hacía fuera de las Cortes, siendo la Administración un lugar privilegiado de la misma. El soporte ideológico de esta actitud era la llamada política de obras. Un buen ministro técnico era considerado, por esa misma razón, un buen político. En una democracia parlamentaria, el lugar privilegiado de la política está en el Parlamento y no en los ministerios. Facilitar las condiciones de trabajo de los parlamentarios, haciendo al mismo tiempo más funcional el reglamento de las Cámaras, mejoraría el funcionamiento de nuestras estructuras políticas y atraería hacia las mismas un mayor número de ciudadanos ajenos a la Administración.

Esto es tanto más necesario cuanto que, en el sistema actual, el peso de los funcionarios en la vida política es a todas luces excesivo. En el gabinete actual, todos los ministros, salvo dos, son funcionarios públicos. Y lo mismo ocurría en el anterior. También el peso de los funcionarios entre los diputados es desproporcionado. Para quien quiera dedicarse a la política, circunstancial o plenamente, la vía privilegiada de hecho es la de la función pública. Ello tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para quienes mantenemos una concepción liberal de la sociedad y de la política, los segundos prevalecen ampliamente sobre los primeros.

Fortalecer los partidos. Todo aquello que debilita los partidos hace más frágil la democracia, puesto que ésta no puede funcionar sin aquéllos. Fortalecer los partidos no significa, como algunos parecen creer, reducir la democracia interna de los mismos. Es más bien al revés. En una democracia, los partidos son tanto más fuertes cuanto más profundas son sus raíces ideológicas y cuanto más amplio es el debate ideológico dentro de los mismos. Facilitar la discusión interna, buscar soluciones inspiradas en los principios ideológicos de cada partido, es una función que debe prevalecer sobre las inercias burocráticas, a menudo revestidas de hipotéticos imperativos de funcionalidad. Sólo así será posible una participación activa de los militantes en la discusión y en las decisiones. Sin ella, los partidos se esclerosan y se transforman en simples organizaciones burocráticas, desprovistas de cualquier iniciativa susceptible de cambiar la sociedad. Quienes abandonan la ideología en el vestuario no pueden esperar encontrar la democracia en el ascensor.

Redistribuir el poder político más equilibradamente. En el debate sobre la organización territorial del Estado, las corporaciones locales son el gran ausente. Y, sin embargo, acercar el poder al pueblo significa, necesariamente, ampliar la esfera de decisión de los ayuntamientos. Poder central, poder autonómico, poder local; el reparto entre estos tres centros de poder ha de ser equilibrado si queremos que nuestro sistema político sea funcional y pueda afrontar con éxito el período de transformaciones de todo tipo que nos aguarda. Es urgente comprender que el enraizamiento de la democracia y, por tanto, su futuro, se juega en los ayuntamientos tanto o más que en los parlamentos autonómicos o en el nacional.

Una economía más flexible

La crisis económica por la que atraviesa el mundo es una realidad objetiva e impuesta, a la que no podemos escapar. Cuando el resto de las economías permanecen estancadas, la nuestra no puede aspirar a crecer como en el pasado, cuando la prosperidad del comercio internacional nos arrastraba.

¿Qué es posible hacer ante esta situación? Para hacer frente a la crisis hay que dar pasos decisivos en el terreno político que permitan, o al menos que no impidan, avanzar en el campo económico. La política y la economía se condicionan mutuamente y sólo así, avanzando paralelamente en los dos campos, será posible hacer frente con eficacia a la crisis económica que nos azota.

Para ello existe un programa: el Programa a Medio Plazo para la Economía Española (PEG), aprobado por el Congreso en 1979 y sólo en parte realizado, pues su horizonte temporal supera al año. En él se establece el principio de que el mercado debe ser la regla en lo que se refiere a la asignación de recursos, y la intervención del Estado, la excepción. No se puede suprimir de la noche a la mañana el excesivo grado de intervencionismo que padece nuestra economía. Pero sí se puede evitar que aumente. Y también se puede reducir paulatinamente el que ya existe, especialmente en materia de precios, de comercio exterior, de instalaciones industriales y de movimientos de capital.

El PEG contiene, asimismo, el principio de que el sector público no deberá aumentar su participación en la vida económica por la vía de un aumento de los gastos corrientes. Es decir, el Estado no podrá invertir más durante la crisis para construir carreteras, hospitales o regadíos, pero lo que no podrá hacer es comprar más bienes y servicios, aumentar indefinidamente el número de funcionarios o pagar más subvenciones a empresas o sectores. El sector público debe aplicarse la misma disciplina que el privado y olvidar su tendencia a eximirse del ajuste. Si el Estado interviniese menos y administrase mejor, el resto de los agentes económicos podrían desarrollar sus actividades en condiciones menos adversas. Darle mayor flexibilidad a la economía significa poner en funcionamiento un sistema productivo más eficaz con los mismos recursos.

El programa a medio plazo no agota las acciones posibles. En las actuales circunstancias es imprescindible exportar más para poder adquirir la maquinaria y las materias primas que no poseemos. Exportar más significa diseñar una política económica exterior mucho más ambiciosa. Definir prioridades por áreas geográficas, mejorar las redes de información exterior mediante una estrecha colaboración entre el sector público y el privado, concebir operaciones que superen las actuaciones de una sola empresa por importante que ésta sea. Coordinar el sector público con el privado para ser más eficaces en la acción exterior. Permanecer con continuidad en los mercados exteriores. Exportar más, competir más es abrir la posibilidad de un crecimiento sostenido de nuestra economía y, por consiguiente, la posibilidad de una mayor generación de empleo.

Diseñar una política industrial que difiera del mero ajuste de los sectores en crisis. Identificar con mayor precisión los problemas de la empresa, hacer de ésta el eje de la política económica para que sea posible su consolidación y desarrollo. No se trata únicamente de definir los sectores con futuro, sino de mejorar todos y cada uno de los diferentes aspectos de la vida de la empresa: financiación, información, acceso a la tecnología, relaciones industriales. Mejorar el entorno de la pequeña y mediana empresa, reducir el nivel de incertidumbre mediante una mayor racionalidad y previsibilidad de las acciones públicas es consolidar los puestos de trabajo existentes y sentar las bases para la creación de nuevos empleos.

Tecnología y servicios

Organizar la tecnología: en la vertiente pública, ello significa reorganizar la investigación científica otorgando prioridad a aquellas investigaciones susceptibles de facilitar la puesta a punto de tecnologías propias, adecuadas a nuestros problemas y a nuestro nivel de desarrollo. Significa incentivar los programas de investigación de las empresas. Significa, en fin, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a las empresas que no cuentan con medios propios de investigación. Todo ello implica una actuación decidida en un terreno que, como la formación profesional, ha permanecido en un relativo olvido hasta el presente. Ser capaces de asimilar las tecnologías existentes, desarrollar tecnologías propias, es condición inexcusable para nuestra presencia en los mercados exteriores.

Organizar desde ahora los nuevos servicios de mañana. La sociedad posindustrial es una sociedad de servicios. Estos, con el desarrollo, se diversifican y adquieren un, carácter cada vez más sofisticado y complejo. Organizar los nuevos Servicios requiere una inversión importante en la formación de los hombres. En uno de ellos, el turismo, nuestra posición en Europa y en el mundo es muy favorable. Desarrollar su tecnología, diversificar la oferta, crear nuevos servicios en torno al turismo, es una prioridad fundamental que no se puede descuidar.

Dar mayor flexibilidad a la economía es consolidar los empleos existentes, diversificarlos y desarrollar nuevas actividades en las áreas en las que disfrutamos de una ventaja comparativa. Cambiar la economía es hacer frente a la crisis preparando la salida de la misma. Es también ese otro crecimiento que el problema energético ha impuesto a todas las economías del mundo.

Mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, hacer más funcionales las instituciones políticas, dar mayor flexibilidad a nuestro sistema económico; se trata, en definitiva, de mejorar la gobernabilidad de nuestra democracia en contra de los pesimistas augurios de quienes creen que las democracias occidentales en general, y la nuestra en particular, son ingobernables. Nadie puede dudar que atravesamos un período difícil, pero nadie puede dudar tampoco que en nosotros mismos está la clave de nuestra gobernabilidad. Tal vez sea ésta la lectura que hoy podemos hacer de aquel sutil mensaje de los persas que, tras postular la ingobernabilidad de los pueblos, llamaba luego a la reimplantación del absolutismo como forma de gobierno.