La huelga docente

El fin justifica los medios: cuando se trató de hacer pasar el Estatuto de Centros no dudaron en montar un «escándalo» en torno al Libro rojo del cole. Con artículos, como el aparecido el 15 de diciembre último en la Hoja del Lunes de Madrid, donde, al cabo de una serie de golpes bajos y de afirmaciones insultantes para los profesores de instituto, se venía a abogar por la puesta en marcha de un sistema de cheques escolares, pudiera estar empezando a suceder que la huelga de catedráticos y agregados fuese aprovechada para añadir al deterioro de la imagen de los centros públicos cuando se va a discutir la ley de Financiación de la Enseñanza obligatoria.Lo dramático de la situación de muchos profesores de instituto, entre los que me encuentro, es que nos damos perfectamente cuenta de que, llegadas las cosas donde han llegado, el fracaso de la huelga que, mal planteada y con un año de retraso, tiene lugar ahora, significaría la definitiva postergación de los cuerpos docentes a que pertenecemos, pero asimismo vemos que esa huelga, provocada por la política del Ministerio de Educación, contribuye a la mala imagen que de los centros públicos sistemáticamente fomenta ese Ministerio, porque esa mala imagen redunda en beneficio de la escuela privada, a la que decididamente protege.

Si el director general de Enseñanzas Medias, de cuyas declaraciones en EL PAIS el día de los Santos Inocentes parece desprenderse que comprende las razones de la protesta de los profesores de instituto, no se halla entre quienes, por motivos no siempre confesables, aunque tal vez confesionales, pudiera encontrar rentable la prolongación de la presente huelga, nos haría un gran favor explicándonos a todos los que realmente no sabemos qué hacer cuáles son esos «mecanismos» a que se refería y que, según él, por estar en rodaje democrático no conocemos todavía, para que, sin ir a la huelga, nuestras justas reivindicaciones se vean atendidas, las discriminaciones retributivas de que somos víctimas cesen y la calidad de la enseñanza esté asegurada en unos centros públicos bien dota dos. No como los institutos de ahora y menos aún como los que tenemos en perspectiva cuando una ley de Financiación final y decidida mente canalice el grueso de los fondos públicos para educación en beneficio de la industria privada.

Que conste, para terminar, que si la solución a nuestra lamentable discriminación hubiese de venir sobre la base del aumento del precio de la matrícula en nuestros centros, esa «solución o nos parecería a algunos una nueva provocación y el mayor ataque a las escuelas públicas y a nuestros intereses de cuerpos docentes al servicio de éstas que podría llevar a cabo el Ministerio. / Profesor agregado de bachillerato.