El Gobierno Civil sancionó a 72 bingos en el segundo semestre del pasado año

Más de diez millones de pesetas en multas ha impuesto el Gobierno Civil durante los últimos meses del pasado año a 72 bingos madrileños por infracciones al reglamento por el que se rige este juego. A pesar de la cuantía y del número de expedientes tramitados -en total, 84-, los miembros del Cuerpo Superior de Policía afectos a la Brigada Especial del Juego no detectaron que se hiciera trampas en ningún local, aunque dio cuenta de aquellas irregularidades y defectos de funcionamiento, por si eran motivo de sanción.

Los motivos más usuales por los que el gobernador civil, Mariano Nicolás, ha impuesto sanciones han sido: el mal funcionamiento de los servicios de admisión; falta de comunicación, dentro del plazo establecido, de las altas y bajas producidas entre el personal; nula visibilidad de los paneles donde se refleja la salida de las bolas desde alguna de las mesas de la sala; exceso de aforo; cambio en las funciones realizadas por el personal, o uso de cartones de series no correlativas durante alguna de las partidas jugadas.Del estudio de los expedientes tramitados durante el segundo semestre de 1980 se desprende que la mayor parte de los bingos sancionados con más de 100.000 pesetas contaban con un servicio de admisión que el día de la inspección policial bien no pedía a los jugadores el documento nacional de identidad para entrar, bien anotaban el número del carné del socio en un papel cualquiera o permitían que algunos jugadores entraran sin proporcionarles la tarjeta de entrada. Este último motivo, por ejemplo, unido a que desde algunos puntos de la sala no se veían los paneles y a que la venta de cartones se realizó antes de que se comprobaran los bingos cantados de la partida anterior fueron las causas por las que se sancionó al hotel Don Quijote, de la avenida del Doctor Federico Rubio y Gali.

A veces, como en el caso de la sanción impuesta a Binsa, SA, empresa que gestiona el bingo de la peña taurina El Siete, se refleja en el expediente un intento de engaño de un empleado que intenta a última hora anotar de manera oculta la entrada de jugadores o se sanciona la obstaculización hecha a los inspectores, como ocurrió en el bingo del Centro Gallego, cuya gestión está encargada a la empresa Tycher, SA. Según el expediente, uno de los empleados avisó a los jefes de sala y mesa de la presencia de los funcionarios cuando éstos entraron en el local.

Otras veces se levanta expediente por no encontrar la guía de bolas que están en juego en el momento de la inspección, como ocurrió en el Hogar del Deportista, cuyo bingo gestiona la empresa Gestión Técnica del Juego, SA; porque un jefe de sala no puede acreditar su cargo en el momento, como ocurrió en el Club Deportivo Moscardó; por encontrarse un jefe de mesa atendiendo el servicio de admisión o por anular una partida sin explicar la causa en el libro de actas, como detectaron los inspectores en el bingo de la Asociación Nacional del Deporte Especial, gestionado por Neojuegos.

Esta misma empresa, que se encarga del funcionamiento de la Casa de Guadalajara, fue sancionada por tener 249 sillas para jugadores cuando el aforo máximo era de 162.

Aunque las sanciones impuestas van desde las 25.000 a las 325.000 pesetas, a veces una misma entidad se ha visto sancionada tras la resolución de dos, tres y hasta cuatro expedientes pertenecientes a distintas inspecciones. La Asociación de Antiguos Residentes Españoles en Guinea Ecuatorial, que tiene autorizado un bingo en la calle del General Varela, recibió durante los últimos seis meses cuatro notificaciones del Gobierno Civil, una de ellas por hacer propaganda del bingo a través del correo sin ninguna autorización.

Si en otras ocasiones se han puesto multas a bingos por cerrar a una hora no autorizada, en el pasado semestre se impuso una sanción de 100.000 pesetas al bingo de la entidad Vallecas Club de Fútbol por abrir a las nueve de la noche cuando tenía que hacerlo a las siete.