Las farmacias de guardia de Madrid y provincia inician una huelga de celo indefinida a partir del día 1 de enero

A partir de las cero horas del dia 1 de enero, las farmacias de guardia de Madrid y su provincia despacharán exclusivamente aquellos productos que vayan solicitados con recetas médicas de urgencia, según acordó ayer la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. La simple receta médica no será suficiente si en ella no se estipula por escrito la urgencia. El acuerdo se tomó luego de que el secretario de Estado de Sanidad y Seguridad Social, doctor Varela Uña, comunicase en un escrito oficial que era ilegal y, por tanto, inaplicable la pretensión de los farmacéuticos de cobrar un suplemento especial de doscientas pesetas por cada producto despachado, sin el requisito citado de la receta médica de urgencia en horas de guardia, según informaron fuentes farmacéuticas.

En la práctica, la huelga de celo de los farmacéuticos supondrá, además de un grave trastorno para el usuario, un colapso total del aparato de la Seguridad Social de Madrid y su provincia, de llevarse la medida anunciada adelante, porque para la dispensa de cualquier medicamento o producto farmacéutico será necesario que un médico de urgencia extienda una receta en la que se especifique que la venta es urgente.Por estar cerradas las farmacias casi quince horas y media de las veinticuatro diarias, la necesidad de adquirir un producto farmacéutico cualquiera fuera de las horas comerciales (desde aspirinas hasta productos para los niños) puede convertirse para el usuario en urgencia, lo que en la mayoría de los casos no será entendido como tal por los médicos de guardia (pocos y mal dotados en general), con lo que el contrasentido será moneda corriente entre los consumidores. La medida anunciada por los farmacéuticos afectará al siguiente horario: desde las 14.00 a las 16.30 horas y desde las 20.00 a las 9.30 horas del día siguiente, además de las jornadas completas de domingos y festivos y los sábados por la tarde.

En un comunicado emitido anoche por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid se afirmaba que la medida se tomaba por «la actitud de total incomprensión por parte de la Administración hacia los farmacéuticos», y que la misma se mantendría en tanto no se llegase a un acuerdo entre las dos partes. Los farmacéuticos responsabilizan a la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social «de cuantos perjuicios puedan ocasionar al consumidor al mantener una postura ciega ante planteamientos profesionales que son justas reivindicaciones de un sector sanitario, siempre hostigado y nunca comprendido por ese Ministerio de Sanidad y Seguridad Social».

La Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social rehusó anoche hacer comentario alguno sobre la medida que los farmacéuticos van a comenzar a aplicar a partir de las doce de la noche de mañana y se desconocen, por tanto, las posibles reacciones oficiales y las medidas que sin duda habrán de tomarse para evitar la huelga de celo. Estos, por su parte, manifestaron anoche, a través de un portavoz oficial, que serían inflexibles y que sólo el levantamiento de la prohibición de cobrar el canon de las doscientas pesetas por parte de Sanidad les haría volver atrás en su intención.

Una larga polémica

La radical postura del Colegio de Farmacéuticos es el último eslabón de una batalla planteada por los farmacéuticos hace ya varios meses. Según estadísticas presentadas por éstos, más del 90% de los productos expendidos en horas de guardia no eran medicamentos, por lo que solicitaban un cobro extra de doscientas pesetas por cada producto despachado en esas horas en concepto de honorarios profesionales.Hace unos días (martes 23), el Gobierno Civil de Madrid -a través de la Comisión Provincial de Precios- se inhibió de la polémica, y señaló que las relaciones entre los farmacéuticos y la Administración debían ser llevadas por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, como está establecido en la ley de diciembre de 1978. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Comercio (jueves 25 de diciembre) se despachó con otra nota oficial, en la que señalaba que el pretendido cobro del canon especial de doscientas pesetas no se ajustaba a la legalidad y, por tanto, no podía aplicarse. El Ministerio de Economía y Comercio señalaba que las especialidades farmacéuticas se encontraban dentro del régimen de precios autorizados dentro del ámbito nacional, que la elevación de precios debía de ser solicitada a la Junta Superior de Precios y que debía de ser en todo caso la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la que diera el visto bueno a si procedía el cobro anunciado.