Los empresarios de
máquinas recreativas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que suman más de doscientos, han amenazado con presentar ante la Delegación del Ministerio de Trabajo expedientes de crisis si el Ministerio del Interior no reconsidera su orden del 28 de octubre pasado, por la que los establecimientos públicos deberán retirar antes del próximo 1 de enero las máquinas de bingo.
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