El transporte, ante la integración de España en el Mercado Común

Muchos son los problemas que se plantean en el proceso de integración de España en la Comunidad Económica Europea. La atención se suele dirigir principalmente a algunos sectores económicos, como son la agricultura, la industria, siderúrgica o naval, etcétera. Sin embargo, al sector transporte no suele prestársele gran atención, excepto en casos aislados.No obstante, su importancia es mucho mayor de lo que a primera vista puede parecer. Por una parte aunque su participación directa en la economía es aproximadamente del 5,7%, su trascendencia llega a ser vital, pudiendo dinamizar o colapsar el resto de los sectores.

La política del transporte en la CEE desde el Tratado de Roma, en 1957, ha tenido como principio generales el disminuir en lo posible el grado de intervencionismo gubernamental en el sector liberalizando la economía para que el mercado asigne los recursos económicos y armonizar las condiciones en que se desenvuelven los distintos modos.

Para conseguir una mayor liberalización se ha propugnado facilitar el acceso al mercado, especial mente en el transporte por carretera, evitando la utilización de contingentes e implantando una política de tarifas en las que éstas jueguen la función que les es propia en una economía de mercado.

Respecto a la armonización de las condiciones de competencia, se ha procurado igualar los reglamentos referentes a horarios descansos, etcétera, del persona empleado. Al mismo tiempo se tiende a compensar a los distintos modos por las obligaciones de ser vicio público que les son impuestas, mediante el establecimiento de sistemas coherentes de homogeneización de cuentas.

Con objeto de homogeneizar, las condiciones de competencia entre los distintos modos, se propugna la implantación de un sistema de imputación de costes de las infraestructuras que los sitúe en igualdad de competencia.

Esta política actual se encuentra con grandes dificultades a la hora de implantarse en todos los países de la CEE, lo que origina que las políticas concretas de los distintos Gobiernos sigan siendo las preponderantes.

Varios cambios se vienen produciendo en la política de transportes de la CEE. Unos afectan a criterios generales, como es el mayor énfasis dada a la seguridad, o la tendencia a actuar sobre la demanda para adaptarla, en parte, a la oferta disponible. Sin embargo, es importante resaltar aquí, aquellos cambios que afectan más directamente a la posible integración española en la CEE, y que, en nuestra opinión, son dos: la ampliación de seis a nueve miembros y la importancia creciente dada a lis infraestructuras.

Con la inclusión de dos países insulares, Irlanda y Gran Bretaña, han cobrado especial interés las relaciones marítimas entre estos países y el continente. La posible inclusión de Grecia, Portugal y España no hará sino incrementar esta tendencia. Grecia y Portugal no tienen fronteras comunes con la Comunidad, salvo esta última a través de España. Y en cuanto a España, su situación geográfica respecto a Francia nos obliga a reconsiderar las vías alternativas para el transporte dirigido al resto de los países europeos, atendiendo sobre todo a [a distribución modal que resulte más económica y conveniente para nuestro país.

El otro cambio importante en la política comunitaria consiste en la reciente atención que están recibiendo las infraestructuras, especialmente acuellas que afectan a más de un país. Se está preparando una estrategia intercomunitaria, con objeto de disponer de una red europea, pensando incluso en los futuros países miembros. Ello implica la necesidad de planificar a largo plazo y de disponer de medios financieros especiales, dado el elevado volumen de, gastos que toda inversión de infraestructuras del transporte acarrea.

La planificación a largo plazo obliga a que los poderes públicos intervengan activamente en ella, ya que el mercado, como mecanismo de asignación de recursos, es insuficiente en este campo. Aparte de otros incovenientes ya conocidos, y en los que no es momento ahora de insistir, aparece otro suplementario. consistente en la incertidumbre sobre los futuros precios de la energía y su gran incidencia sobre el transporte. A este respecto hay que recordar que el sector transporte en la CEE consume el 14% de la energía total y el 24% de los productos petrolíferos. El no prever los futuros aumentos de precios energéticos llevaría a una distorsión clara de las infraestructuras que debieran entrar.

Los problemas de la infraestructura de los transportes en España son numerosos. Muchos de ellos arrancan de su situación y configuración geográfica interna y con respecto a Europa. Otros son debido al funcionamiento incorrecto de algunas de las empresas e instituciones del sector. Además se presenta la evidente desconexión entre los distintos modos de transporte.

En primer lugar, es necesario contemplar el sector como un conjunto que presta o puede prestar un servicio común y a veces coordinado. Los distintos modos deben de actuar cada uno en su ámbito y absorber la parte de tráfico que le corresponde. La competencia no se ha dé comparar con la de los otros modos, sino exigirse de acuerdo con el servicio y la eficacia que deben prestar a la sociedad y a unos precios que, a la vez sean justos, sirvan para activar el resto de los sectores económicos. A est e respecto se puede recordar dos hechos recientes. Uno es la situación precaria de la red ferroviaria española y del servicio que presta, puesta en evidencia por la misma Renfe. El otro, consistente en la tendencia a la renovación de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), en particular, y de la organización portuaria, en general, en busca de una mayor eficiencia en los puertos. En ambos casos se trata de lograr un servicio eficaz que impulse el desarrollo económico y sirva de motor al comercio exterior. No hay que olvidar que el 62% de nuestros intercambios con la Comunidad Económica Europea se dirige por vía marítima, que es además el modo de transporte que menos energía consume, y que el ferrocarril sólo absorbe el 7% de nuestro transporte de mercancías con la Comunidad, cifra muy inferior de la que le debe corresponder de acuerdo con sus posibilidades.

Por lo que respecta a nuestras infraestructuras, es necesario contar en todos los planes de transportes con las necesidades futuras derivadas de nuestro comercio creciente con Europa y coordinarlas con la política comunitaria sobre infraestructuras del transporte, intentando acudir desde el principio a las líneas de financiación que se abran para el sector transporte.

En todo caso, la futura integración de España en la CEE obliga a prepararnos de antemano a la nueva situación y así afrontar dicha integración con éxito, abriendo un debate, si es necesario, entre todos los afectados por el transporte. Lo contrario sería improvisar sobre la marcha, de ir directos al fracaso.