Pujol restablece sus buenas relaciones con el Gobierno

Según altas fuentes de la Generalidad, Jordi Pujol ha decidido restablecer la coalición parlamentaria de hecho con Unión de Centro Democrático (UCD) e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), que le llevó a la presidencia de la Generalidad. Con ello terminan los escarceos de aproximación a los socialistas, que sólo habrán servido para aprobar la ley autonómica que suprime las diputaciones catalanas. Dentro de este retorno de Pujol al pacto de hecho con UCD figura una solución inminente a los contenciosos generados en torno a la denominación y funciones del gobernador general de Cataluña, el control de las cajas de ahorro catalanas y la desaparición de las diputaciones.

La crisis entre Pujol y el Gobierno central surgió el pasado 10 de octubre, a raíz del decreto sobre el nombre y funciones del gobernador general. En ambas partes se daba la existencia de sectores que desde un primer momento potenciaron el distanciamiento mutuo. No obstante, la Minoría Catalana continuó apoyando al Gobierno en el Parlamento.Dentro del partido de Pujol amplios sectores deseaban y continúan deseando marginar a Miquel Roca Junyent. La acusación más justificada en contra de Roca es su viejo deseo de ser ministro a base de mantener estrechas relaciones con UCD. Dichos sectores añaden que esta ambición personal le lleva a constantes claudicaciones. Estos mismos sectores buscaron una alternativa a la política de Roca, pactando en el Parlamento catalán con los socialistas. De salir bien la operación, el descrédito de Roca -ya muy fuerte en aquéllos y en estos momentos- podía ser total. Fue Maciá Alavedra quien lanzó la operación de acercamiento a los socialistas, creyendo contar con el apoyo de Pujol. Pero ahora ha quedado claro que Pujol prefiere volver a la situación original de acuerdo sistemático con UCD.

Por parte de U CD, la idea básica que determina su política en Cataluña es su voluntad de potenciar su espacio electoral. En este sentido, una fuente gubernamental informó a este diario de que «en las próximas elecciones generales ganará en el conjunto de España UCD o los socialistas, en función de cuales sean los resultados que se logren en Cataluña». Esta óptica, determinó los recientes cambios de gobernadores y la beligerancia actual en contra de Pujol, con el fin de tomar parte de su electorado, todo ello en el marco de la política general de freno al proceso autonómico. Por ello también resultaba interesante una beligerancia contra Pujol, desde la óptica de UCD.

Tres acuerdos en marcha

Altas fuentes del partido de Pujol indican que éste ha desautorizado el alejamiento de UCD. Al mismo tiempo ha indicado que existen ya vías de acuerdo con el Gobierno central en los tres grandes contenciosos. Pujol también señaló, según las fuentes, qué no debe olvidarse que los socialistas son la oposición al Gobierno central y que la autonomía catalana avanzará sólo con el acuerdo de erste último. Por ello las coincidencias que puedan darse a nivel de Parlamento autonómico no deben servir, en opinión de Pujol, para rnarginar a UCD en Cataluña, ya que las posibilidades de devolver la pelota por parte del Gobierno central son totales.En el conflicto respecto a las funciones del gobernador general de Cataluña existe ya un borrador de decreto ley o, incluso, de un mero reglamento que matiza el decreto ley que gerieró el conflicto. Las fuentes indicaron que la publicación de esta disposición sería inminente y que colmaría los deseos de orden formal expresados en su día por el presidente del Parlaraento catalán y, posteriormente por el de la Generalidad. La solución llegaría, por tanto, por el camino de la ambigüedad legal, que tanto caracteriza aspectos cruciales del llamado Estado de las autonomías.

En el tema de las cajas de ahorro también existe un borrador de acuerdo. Aunque hayan aludido de forma preferente a este aspecto del tema, el punto más controvertido es el de la determinación de los porcentajes del pasivo (cuyo monto total es de cer ca de un billón de pesetas en las Cajas catalanas), que deben consti tuir el fondo de inversión obligatoria. Actualmente, este porcentaje es, para todas las cajas españolas, del 52%. La Generalidad desearía que los incrementos del pasivo destinados a este fondo se dividieran en dos apartados: uno sería del 70% del incremento y estaría regulado por la Generalidad, institución que determinaría qué valores serían computables; el 30% restante iría destinado a los valores que considere computables el Estado, pero el acuerdo actual se establecería en base a un reparto de un 50% para cada una de las partes.

En el terreno formal, esta resolución del conflicto pasaría por una ley aprobada por el Parlamento español, a la cual la Minoría Catalana no se opondría en absoluto. De esta manera, el primitivo decreto de la Generalidad debería resituarse dentro de unos nuevos límites generales, además aceptados voluntariamente.

Como ya se informó, el Parlamento catalán dio un insólito cheque en blanco al presidente de la Generalidad, al término del debate sobre política económica, al autorizar emisión de deuda por la Generalidad, sin tope alguno, cuando inicialmente eran requeridos únicamente 10.000 millones de pesetas. Mayor singularidad ofrecen grandes proyectos urbanísticos, como el gigantesco de los túneles del Tibidabo, que se encuentran en manos de una empresa privada propiedad del grupo bancario de Banca Catalana. Esta empresa, cuyo endeudamiento es de varios miles de millones (y en constante aumento) podría recuperarse de ser autorizada a emitir obligaciones computables, ya que por la vía inicial de financiación -aportación de entes públicos locales y provinciales y peaje- dicho endeudamiento es literalmente irrecuperable, mientras que el rescate de las obras por el Ministerio de Obras Públicas es imposible si antes no se ha producido un saneamiento. Este, además, no es el único gran tema que está directamente relacionado con intereses bancarios ya bien conocidos.

Las diputaciones

Finalmente, existe también un proyecto de acuerdo respecto a la supresión de las diputaciones por el Parlamento catalán. También pasa por una ley de orden general español, que la Minoría Catalana aceptaría. Esta ley establecería que las diputaciones o los entes que hagan sus veces en las comunidades autónomas -en Cataluña los consejos intercomarcales- tendrían determinadas funciones mínimas, como la de establecer sus presupuestos. Según la ley del Parlamento catalán, dichos consejos ceden de hecho todas sus funciones a la Generalidad. De este modo, no resucitarían las diputaciones con su nombre, pero los mencionados consejos tampoco quedarían como mero adorno, sino como organismos beligerantes, en su caso frente a la propia Generalidad, y ello con la garantía de una ley de ámbito español.Una de las fuentes de la Generalidad consultada por este diario manifestó que toda la crisis entre la Generalidad y el Gobierno central podía haber sido, en su opinión, totalmente controlada por los propios protagonistas principales, es decir, Adolfo Suárez y Jordi Pujol.

La fuente añadió que Suárez tenía interés en mantener una cierta tensión con Cataluña en las últimas semanas. Esta tensión favorecía su viaje al País Vasco, evitando que se dieran en vísperas del mismo fuertes expectativas.