La renta del trabajo personal del separado revertirá en beneficio del otro cónyuge

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma del Código Civil sobre filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, que el Pleno de esta Cámara viene debatiendo desde el pasado martes. En la sesión matinal se aprobaron 162 artículos. Entre las cuestiones más discutidas figuró la supresión de un párrafo aprobado por la Comisión de Justicia que pretendía impedir que los rendimientos del trabajo personal del cónyuge separado formaran parte del activo de la sociedad de gananciales. Los socialistas criticaron esta supresión, por entender que perjudica al cónyuge trabajador y que resulta especialmente grave en el caso de la mujer que trabaja fuera de casa.

El proyecto de ley, según el dictamen establecido por la Comisión de Justicia, establecía los bienes que deberían figurar en el activo cara a la disolución de la sociedad de gananciales e introducía que «ninguno de los cónyuges podrá pretender del otro que incluya en el activo de la sociedad ( ... ) los bienes adquiridos con el producto de su trabajo personal desde la cesación de la vida en común libremente consentida».Previamente a la eliminación de este párrafo, la izquierda pidió que el marcador de votación electrónica se pusiese a cero -solicitud reservada en la práctica parlamentaria para las votaciones importantes, en evitación de los escaños que continúan votando en ausencia de su titular-, y el resultado regístrado fue 95 votos a favor de la continuidad del párrafo, 10,5 en contra y seis abstenciones.

El socialista catalán Josep Verde explicó que con la supresión del texto citado se hacía posible que los rendimientos del trabajo personal de la mujer abandonada por su esposo pasen a la sociedad de gananciales y de ellos se lucre el otro cónyuge. El centrista José Antonio Escartín dijo que su grupo había reflexionado y decidido oponerse al texto aprobado en Comisión porque debe establecerse un criterio congruente entre el tratamiento de las rentas patrimoniales y de las rentas de trabajo. Con especial indignación jurídica, replicó el socialista. Antonio Sotillo que no podían tratarse de forma igual situaciones desiguales. «No hay mayor injusticia que tratar a los desiguales igualmente», dijo. Recordó que la exclusión de las rentas de trabajo sería aplicable a casos de cesación de la vida en común «libremente consentida» y que resultaría perjudicada la mujer que trabaja fuera de casa. En relación con la adopción, prosperó una enmienda de la Minoría, Catalana, defendida por Josep María Trías de Bes, tendente a potenciar la situación jurídica de los hijos adoptivos. Según uno de los textos aprobados, «corresponden al hijo adoptivo los mismos derechos y obligaciones que, a los hijos por naturaleza», y se eliminó la coletilla siguiente: «... salvo cuando la ley disponga otra cosa».

El siguiente párrafo decía lo siguiente, según el texto aprobado por la Comisión de Justicia: «La adopción causa parentesco entre el adoptante y adoptado y descendientes de éste, pero no entre el adoptado y la familia del adoptante». En virtud de la enmienda de la Minoría Catalana, se aprobó por 206 votos a favor, veinticinco en contra y cuatro abstenciones el texto siguiente: «La adopción causa parentesco (aquí se omitió la palabra pleno de la enmienda originaria) entre el adoptante, el adoptado, sus descendientes y la familia del adoptante».

Antonio Sotillo explicó que los socialistas habían votado a favor de la propuesta de la minoría catalana y que no coincidían en este punto con la posición comunista, que defendía la vinculación del adoptado con su familia originaria. «Nosotros somos favorables a la ruptura del adoptante con la familia que no ha podido mantener relaciones paterno-filiales con su miembro natural. De lo contrario, nadie adoptará», apostilló el diputado socialista.

El reparto de las "ganancias" del matrimonio

El máximo número de, artículos aprobados ayer, casi todos según el texto dictaminado por la Comisión, se refieren al régimen económico del matrimonio. Al comienzo del debate sobre este tema, el socialista Felix Pons pidió que el régimen supletorio para los casos, mayoritarios, en que no se realizan capitulaciones matrimoniales fuera el de participación, introducido. por el proyecto de ley como optativo, y que consiste en que los cónyuges adquieren el derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente.

El centrista José Antonio Escartín se opuso a esta propuesta y rechazó el calificativo de conservador que Pons adjudicó a su grupo. Aseguró que el régimen de participación no tiene arraigo popular y que el PSOE, llega a él «desde una dinámica de separación». A título de ejemplo, dijo que si un cónyuge gana diez millones de pesetas y otro dos durante la vigencia del régimen de participación, el que ganó menos tendrá un crédito contra su cónyuge de cuatro millones (mitad del total resultante de restar de diez dos), mientras que al final del régimen de gananciales ambos cónyuges son cotitulares del patrimonio existente.

Escartín reconoció que el régimen de participación es apropiado en la esfera profesional, industrial y mercantil, pero no en los restantes ámbitos de la vida económica. Añadió que, en todo caso, debe esperarse a que exista una suficiente demanda social de este régimen, y recordó que en muchos sistemas socialistas tiene vigencia el régimen de gananciales y concretamente que Cuba lo ha implantado recientemente. La posición socialista no prosperó a la hora de la votación. Los andalucistas, por boca de Juan Carlos Aguilar, intentaron sin éxito extender a los terceros las garantías contra posibles defraudaciones de quienes se casen o se separen «en perjuicio de tercero».

Hijos extramatrimoniales

En la recta final del debate, en la sesión de la tarde, los socialistas intentaron, sin éxito, suprimir los artículos 837 a 847 del Código Ci vil, por considerar que en ellos se discrimina a los hijos extramatrimoniales, en contra de lo que disponen el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Constitución española. Antonio Sotillos explicó que la discriminación consis te en que a los hijos habidos fuera del matrimonio no se les deja participar en la partición de la herencia, sino que sólo se les paga en dinero su parte.

Por UCD, José Luis Ruiz Navarro replicó que no se trata de ninguna discriminación, porque no se priva de herencia a estos hijos. Por su parte, la también diputada centrista María Dolores Pelayo ofreció una transacción sobre este tema que, en su opinión, evitaría cualquier sospecha de discriminación. El portavoz socialista consideró insuficiente la oferta, que fue aprobada con la abstención de la izquierda.