El sumario al juez "El Papus", un hecho insólito y legal

La incoación de un sumario contra el juez instructor de la causa por el atentado a El Papus, por existir «la fundada presunción de la comisión del delito de retraso malicioso en la Administración de Justicia», y la consecuente suspensión en sus funciones del citado juez, constituye un hecho prácticamente insólito en la historia de la justicia española.Ello puede ser debido al correcto proceder de los jueces españoles desde la promulgación de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 1882, que reguló el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal a los jueces y magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero también al retraimiento de los ciudadanos y a la desconfianza de los posibles perjudicados sobre la efectividad y el éxito de acciones de esta naturaleza, que deben resolverse en el propio ámbito judicial.

Sea lo que fuere, lo cierto es que las colecciones jurisprudenciales sólo recogen siete resoluciones recaídas en procedimientos contra jueces por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y, según parece, todos ellos eran miembros de la justicia municipal. En el caso de El Papus, la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha afectado no sólo a un miembro de la carrera judicial, sino fundamentalmente a un juez de una jurisdicción especializada, en concreto, los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, a los que la ley atribuye la responsabilidad de la instrucción de los delitos, si no más graves, sí con mayor repercusión social, como son los de terrorismo o los que afectan a la seguridad del tráfico mercantil o a la economía nacional. La decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no sólo honra a este tribunal, por los criterios de independencia que revela, sino a Ediciones Amaika, SA, editora de El Papus, por el coraje que ha demostrado y por su voluntad decidida de ir hasta el final en su exigencia de justicia contribuyendo a que el ciudadano confíe en ésta.

Los que seguían de cerca la instrucción del sumario por el atentado de El Papus no se habrán extrañado del procedimiento penal incoado contra su instructor por «retraso malicioso en la administración de justicia». Van a hacer ahora tres años y tres meses desde que se cometió el atentado y, al menos aparentemente, han existido todos los indicios necesarios, sobre todo la detención de sus presuntos autores, para que la justicia ya se hubiese pronunciado definitivamente sobre el caso. Sin embargo, este sumario, que contempla un hecho con resultado de muerte, se ha dilatado durante más de tres años, dos con su primer instructor, el anterior juez central número dos, y el resto con el actual, Alfredo Vázquez Rivera, que deberá ser sustituido en sus funciones tras la decisión de la Sala Segunda del Supremo.