La Comisión de Justicia ratifica la separación matrimonal por mutuo acuerdo de los cónyuges

El interés de Coalición Democrática (CD) y Unión de Centro Democrático (UCD) para mantener la influencia de la Iglesia católica en una serie de artículos clave del proyecto de ley de Divorcio y la viva oposición de la izquierda, que, por ser minoría, no puede más que conseguir ligerísimas modificaciones, mantuvieron enfrentados durante buena parte de la sesión de ayer a los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso, que aprobaron catorce artículos -del 67 al 81- y anunciaron que el divorcio no podrá debatirse en el Pleno del próximo miércoles, lo que implica su posposición hasta el mes de febrero.

Lo más destacable, dentro de este contexto, fue el reconocimiento del mutuo acuerdo como causa de separación (y, por tanto, indirectamente, también de divorcio) y, la admisión parcial de una enmienda socialista que facultará al juez civil para investigar la validez del proceso empleado por la Iglesia en las anulaciones matrimoniales.El primer artículo que crispó los ánimos de la comisión fue el 73, referente a las causas de nulidad. Aquí, el representante de CD, Juan Luis de la Vallina, quien, junto con el opusdeista de UCD Manuel Diez Pinés, parece tener encomendada la «defensa» de los acuerdos jurídicos Iglesia-Estado, intentó introducir toda la filosofía del Derecho canónico en las causas de artulación. Al ser abrumadoramente derrotada su enmienda, De la Vallina intentó convencer a los comisionados de la «inconstitucionalidad» de regular las anulaciones matrimoniales, ya que la Constitución tan sólo habla de «separación y disolución». Las nulidades, en su opinión, deberían ser competencia exclusiva de la Iglesia.

Fueron el centrista Escartín, primero, y el socialista Virgilio Zapatero, después, los encargados de rebatirle. Mientras Escartín le recordaba que los acuerdos citados sólo decían que «podrán solicitarse anulaciones ante los tribunales eclesiásticos» y, por tanto, la palabra podrán no supone una obligación, Zapatero argumentó que el hecho de que la Constitución no exija regular la nulidad tampoco impide hacerlo, y «desde luego», explicó, «va a ser muy conveniente, no sea que al final resulte más fácil, barato y rápido anular un matrimonio por la Iglesia que obtener un divorcio civil ».

La princesa heredera

Con una claridad rotunda señaló Virgilio Zapatero que «estamos ante una ley civil de divorcio canonizada, donde nos han colado de contrabando la doctrina de la Iglesia». Es el punto cuarto del artículo 73, que declara nulos los matrimonios en que hubiera habido error «en la identidad o alguna de las cualidades esenciales; de la personalidad de uno de los contrayentes», donde el diputado socialista ve más patente la mano eclesiástica. «Esto tenía sentido en la Edad Media», dijo, «cuando los reyes se casaban después de haberse visto en los retratos, pero hoy en día, ya me contarán sus señorías». Una divertida historia relatada a continuación, en base al ejemplo que ponía un jurista eclesiástico para defender la nulidad por el motivo del error, y que Zapatero recogió de un texto de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), hizo sonrojar a más de uno y provocó la hilaridad de la mayoría: «Sería el caso artular», escribía el citado jurista, «el matrimonio de un varón que hubiera consentido casarse con una doncella primogénita del rey X y que luego no hubieran concurrido en ella estas cualidades esenciales en su personalidad». «Lo de la virginidad de la joven», matizó Virgilio Zapatero, «podría pasar, pero lo de la primogenitura de un rey, eso ya resulta más comprensible, por aquello de la herencia, pero hoy en día legislar en base a estos supuestos es sencillamente ridículo».

Escartín reconoció «la inteligencia y habilidad del diputado Zapatero, cuyas intervenciones siempre me hacen reflexionar», dijo. No obstante, el diputado centrista admitió que cuando redactaron ese texto estaban pensado en casos de impotencia o esterilidad ocultada alevosamente al otro cónyuge, por lo que tanto él como su grupo -y CD- votaron en contra del Grupo Socialista.

La otra fricción importante se produjo en el artículo 80, que da validez a las anulaciones eclesiásticas si se ajustan al derecho del Estado, al introducir el socialista Antonio Sotillo una enmienda para que, además del derecho del Estado, estas sentencias de nulidad tuvieran que respetar los derechos y libertades fundamentales tutelados por la Constitución. En otras palabras: que el juez civil tenga la facultad de investigar en el proceso en que se ha basado esa sentencia eclesiástica de nulidad para comprobar si realmente se ajusta al derecho del Estado. Tan atónitos se quedaron en un principio los de UCD que el presidente, Oscar Alzaga, suspendió la sesión durante cinco minutos para estudiar la propuesta de Sotillos. Transcurrido este tiempo, unos y otros parecían satisfechos, ya que los centristas se comprometieron a recoger el espíritu de la enmienda en el Pleno donde se trate el divorcio.

«De esta manera», señalaría el socialista catalán Josep Verde i Aldea, «se evitarán auténticas barbaridades que los jueces eclesiásticos dan por válidas, como suspender a un abogado en una causa y dejar a una de las partes sin defensa, por ejemplo, hechos inadmisibles según la Constitución». También se logrará, dijo Sotillos, que «el desprestigio de los tribunales eclesiásticos salpique a los tribunales civiles, porque aquéllos emiten sentencias de dudosísima autenticidad».

El último punto importante de la sesión de ayer lo constituyó, sin duda, la aprobación, prácticamente por unanimidad, del artículo 81, «porque se admite, por primera vez en nuestro país», explicaría no sin cierta emoción Antonio Sotillo, «el mutuo acuerdo de los cónyuges como causa de separación, admirable logro del esfuerzo común de todos» (De la Vallina frunció el entrecejo, preocupado, y no aludió en ese todos).

No obstante su satisfacción, tanto comunistas como socialistas pidieron que se suprimiera el año de espera para obtener la separación, «porque si los cónyuges están de acuerdo en no vivir juntos», explicaron, «no entendemos a qué viene el esperar doce meses».