Intento frustrado de ENDESA de ocupar fincas para la central térmica de Ponferrada

El conflicto entre ENDESA y los vecinos de Cubillos del Sil por la expropiación de terrenos próximos a la central térmica de Compostilla (Ponferrada) volvió a reproducirse ayer al impedirse de nuevo la entrada en las fincas del personal que iba a proceder a su ocupación. Por su parte, ENDESA ha anunciado que continuará negociando con los propietarios los precios de los terrenos y que éstos no serán ocupados por la fuerza.Las expropiaciones de ayer correspondían a un nuevo bloque de fincas, el penúltimo, la mayoría de cuyos propietarios se han sumado a los 45 vecinos que desde hace tres semanas montan guardia frente a la térmica para impedir las expropiaciones, si previamente no se les garantiza un puesto de trabajo en las nuevas instalaciones de la central.

Los técnicos de ENDESA y del Ministerio de Industria fueron recibidos por un centenar de personas que les cortaron el paso, obligándoles, tras un breve diálogo, a abandonar el lugar. En ningún momento se produjeron incidentes y sólo fueron expropiadas cinco fincas, de las veintitrés inicialmente previstas. Hoy se llevará a cabo un nuevo intento de ocupación de otras diecinueve fincas, que, según todas las previsiones, terminará también infructuosamente.

El conflicto de Cubillos del Sil entra así en una situación de estancamiento que podría prolongarse todavía durante varios meses ante el temor de la empresa a provocar incidentes si se adopta una solución de fuerza. Los vecinos, por su parte, temen que un enfrentamiento prolongado con ENDESA dé lugar a «deserciones» en su grupo y desemboque finalmente en negociaciones «finca por finca». Ante esto, un portavoz de los vecinos manifestó ayer que podrían adoptarse nuevas medidas de presión, e insistiendo en que el pueblo ha perdido en las tres últimas décadas el 15% de sus terrenos por expropiaciones de ENDESA, la Confederación Hidrográfica del Norte y el Instituto de Colonización.

La dirección de la térmica, por su parte, ha hecho público un extenso comunicado en el que, a lo largo de casi seis folios, se precisa el alcance exacto de las expropiaciones. Según ENDESA, la ampliación de Compostilla afecta a 919 fincas y 392 propietarios, con una extensión total de 186 hectáreas, de las que sólo una quinta parte corresponden al término municipal de Cubillos, y el resto, a Ponferrada. En el mismo comunicado se señala que hasta el momento se ha llegado a acuerdos de compraventa con los propietarios de 818 fincas, mientras que otras dieciséis se encuentran en avanzado proceso de negociación.

La empresa evita el enfrentamiento

Hasta ayer, los terrenos en litigio eran sólo doce hectáreas, pertenecientes a 45 vecinos, de los que 38 poseían menos de media hectárea, y al menos quince habían sido expropiados en anteriores ocasiones, todo lo cual confiere a la protesta un carácter marcadamente minoritario, según las mismas fuentes. En una posterior conferencia de Prensa, la dirección de Compostilla manifestó que ENDESA evitaría toda polémica y enfrentamiento con los vecinos en esta cuestión, y que quedaba descartada la utilización de la fuerza pública para ejecutar las expropiaciones, con lo que salía al paso de algunas informaciones atribuidas a un portavoz de la misma empresa, en las que se calificaba el conflicto como un problema a resolver por la Administración o el Gobierno Civil.A pregunta de qué medidas va a adoptar ENDESA si los vecinos continúan impidiendo la ocupación de las fincas, la dirección se limitó a responder que «ninguna», y que no se espera que el conflicto llegue a plantear graves perjuicios a la central, cuyas obras de ampliación -grupo cuarto- se encuentran ya muy avanzadas, de cara a su puesta en funcionamiento a finales de 1981. Las expropiaciones pendientes afectan a instalaciones auxiliares y zonas de acceso, cuyas obras deberán dar comienzo en el plazo de cuatro a seis meses.

En relación con las peticiones de los vecinos, la misma fuente manifestó que el precio de los terrenos es «perfectamente negociable», pero no así la cuestión de los puestos de trabajo. El nuevo grupo tendrá una plantilla de sólo 69 trabajadores, a pesar de suponer una inversión de más de 20.000 millones de pesetas, de las que únicamente «cuatro o cinco plazas» pueden quedar disponibles para los expropiados.