El Congreso rechazó una proposición de ley para declarar ilegales los partidos fascistas

El Pleno del Congreso rechazó anoche la toma en consideración de una proposición de ley defendida por el diputado nacionalista canario, Fernando Sagaseta, para la ilegalización de organizaciones y asociaciones políticas de carácter fascista. Le contestó el centrista Miguel Herrero. Votaron a favor de la proposición de ley 111 diputados (socialistas, comunistas, andalucistas y PNV); en contra, 130 (centristas y Coalición Democrática) y se abstuvieron ocho (Minoría Catalana y el socialista canario Jerónimo Saavedra. Blas Piñar, que renunció al uso de la palabra, votó en contra de la proposición de ley).

Los grupos parlamentarios que votaron favorablemente a la propuesta de Sagaseta matizaron, en la explicación de voto, la conveniencia de una ley de las características de la defendida por el diputado nacionalista canario, y aunque reconocieron las deficiencias técnicas de la misma, estimaron que durante su tramitación legislativa podría ser mejorada. En cambio, el portavoz de la Minoría Catalana, Miguel Roca, manifestó que si el Gobierno tiene medios jurídicos, mecánicos y humanos suficientes para luchar contra el terrorismo de ultraderecha, no es preciso dotarle de nuevos instrumentos. Explicó la abstención, de su grupo en la necesidad de tratar estos temas con autoridad y seriedad. «No podemos luchar contra el fascismo con leyes fascistas», dijo.Matizaciones de la izquierda

El socialista Carlos Sanjuán declaró que la ley propuesta sería innecesaria si hubiera voluntad política suficiente por parte del Gobierno para luchar contra la extrema derecha. Reconoció que la proposición de ley, se enfrenta con hechos reales y ciertos por que, según dijo, proliferan las bandas armadas de ultraderecha que practican la violencia, llaman al golpe de Estado o se apropian de la bandera de España y anuncian sus actos utilizando el himno nacional. Denunció la falta de sensibilidad de algunos funcionarios contra este tipo de terrorismo, mientras que actúan con diligencia contra el de extrema izquierda. En todo caso, aseguró que, de haberse tomado en consideración la propuesta, los socialistas habrían enmendado profundamente la ley para evitar que pudiera aplicarse a los discrepantes y dirigirla exclusivamente contra los violentos «y los que protegen a los violentos».

El comunista Josep Solé Barberá explicó el voto afirmativo y señaló que su grupo mantiene con claridad la oposición al fascismo. Señaló que el portavoz del Gobierno no había dicho cómo se luchará contra el fascismo, y que no bastaba el canto a la libertad que había realizado. Acusó al Gobierno por su ausencia -durante el debate de la proposición de ley sólo permaneció en el banco azul el ministro de la Presidencia, Rafael Arias-Salgado- y expuso la voluntad comunista de defender la Constitución y la democracia, como mejor fórmula para luchar contra el fascismo. «Quiera Dios que algún día no nos arrepintamos de la decisión que ha tomado la Cámara», dijo. Manifestó también sus reservas por el peligro de que el estatuto de las libertades pueda suponer una disminución de las que reconoce la Constitución e instó al poder judicial a utilizar las armas jurídicas con que cuenta. En este sentido exhortó concretamente al ministro de Justicia y aludió al diputado socialista que pasará en los próximos días al ejercicio de la profesión judicial, Joaquín Navarro.

El andalucista Juan Carlos Aguilar explicó el voto afirmativo de su grupo en la necesidad de luchar decididamente contra el fascismo «que en España se llama franquismo y anida en numerosas esferas de la vida pública». El peneuvista Andoni Monforte explicó, por su parte, su apoyo a la proposición de ley y recordó que en otras ocasiones no ha habido problemas para reiterar preceptos legales cuando se trataba de tomar medidas contra otra clase de terrorismo.

Herrero responde a Sagaseta

El diputado Fernando Sagaseta defendió con vehemencia su proposición de ley y acusó al neofascismo como principal representante del gran capital financiero y que protege las capas más reaccionarias y chovinistas de la sociedad. Declaró que el fascismo en el poder es la dictadura terrorista, y que hacia eso conduce la persistencia en la vida pública de asociaciones de carácter fascista y de periódicos como El Alcázar.

En su respuesta, en nombre del Gobierno -no del Grupo Centrista, sino del Gobierno-Miguel Herrero manifestó que las asociaciones ilícitas ya lo son según el Código Penal y la Constitución, y que otro tipo de asociaciones a las que no se les puedan aplicar ni uno ni otra no deben ser declaradas ilegales. «No es el pensamiento el que delinque, mientras no suponga ataque a nuestro sistema», manifestó, y añadió: «Quienes creemos en la libertad de uno y otro lado del centro, hemos de defenderla. No estamos a favor del fascismo, sino en contra de la proposición de ley, porque nuestra fe en el pluralismo hace que también aceptemos a quienes son enemigos de la libertad».