La ley de Autonomía Universitaria

El editorial de EL PAIS del domingo 7 de diciembre alude a una supuesta «ofensiva desencadenada en el grupo centrista contra la ley de Autonomía Universitaria y la ley de Divorcio, dos proyectos propiciados por el sector que encabeza el actual ministro de Justicia y combatidos por los sectores neoconfesionales y conservadores del centrismo». No explica, sin embargo, el editorialista en qué consiste la supuesta ofensiva.Tampoco la explicaba mi buen amigo Carlos Moya, decano de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su artículo La cuestión universitaria y el nacionalcatolicismo, que publicó este periódico el sábado día 6. Según Moya -que no intentó siquiera razonarlo ni probarlo-, un conjunto de «buenos chicos de colegio de pago» que constituyen uria «beatífica generación de señoritos», está centrada ahora mismo en la «liquidación de Suárez y la eliminación de los mínimos signos de ilustración secular» que suponen «los proyectos legislativos de los ministros socialdemócratas » González Seara y Fernández Ordóñez.

Soy viejo amigo de ambos, así como de Cavero, en cuyas etapas de ministro de Educación y luego de Justicia se inició la redacción de los proyectos de ley de autonomía universitaria y sobre el divorcio. Cuando se apruebe próximamente esta última ley, ya se verá en qué ha quedado la imaginaria ofensiva contra ella de que ahora se habla..

Por lo que se refiere a la LAU, su texto fue discutido, como es sabido, hace unos días en el seno del Grupo Parlamentario Centrista. Esto no debería sorprender a ningún demócrata, y a mí me repugna la idea de que, por haber deliberado los diputados de ese grupo acerca de una ley tan importante, pueda sacarse la conclusión de que se está atacando al presidente del partido y del Gobierno y al ministro que presentó el proyecto al Congreso.

Veamos cuáles fueron tres de las cuestiones que se examinaron, entre otras muchas, en aquella reunión:

Primera. Naturaleza de las universidades privadas. Yo fui uno de los diputados que nos opusimos a que en la LAU se diga que desarrollan sus funciones como «servicio público», porque lo hacen como un servicio esencial para la comunidad. Las universidades privadas no son entes públicos (Estado, comunidad autónoma, provincia, municipio ... ), únicos que pueden ser titulares de un servicio público. No son tampoco concesionarias de este servicio. El artículo 27 de nuestra constitución, en su párrafo 6, reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de crear universidades. No se trata de una concesión, sino del reconocimiento de un derecho, y el que no sean, como la universidad estatal, un servicio público, sino instituciones que prestan ese servicio esencial para la comunidad, no puede privarlas del derecho a ser subvencionadas, aunque ahora no sea posible hacerlo como correspondería, porque la situación económica del país obliga a necesarias restricciones. Ocurre con las universidades privadas lo que con los periódicos: no son un servicio público, pero corno prestan un servicio esencial para la comunidad, suelen recibir, en muchos países, subvenciones objetivamente determinadas para ayudarles a subsistir.

Segunda. Enseñanza en castellano. Otros parlamentarios discutieron la variación introducida por la ponencia de la Comisión de Universidades en el artículo 8º del proyecto que había elaborado el Gobierno, cuya redacción era la siguiente:

«1. En ningún caso podrá discriminarse directa ni indirectamente a profesores, alumnos y personal no docente, de nacionafidad española, por razón de la lengua o lugar de nacimiento.

2. Los estudiantes tienen derecho a recibir enseñanza y expresarse en la lengua oficial del Estado, sin perjuicio de las enseríanzas que organicen las universidades en las demás lenguas que también sean oficiales en las comunidades autónomas respectivas».

Pues bien, la ponencia suprime este párrafo 2 por considerar que lo que en él se aclara va implícito en la redacción del párrafo 1.

Posiblemente sea cierto, pero si la cosa queda más clara con el párrafo 2, no seré yo quien considere absurda la pretensión de quienes piden que se mantenga. Y que conste que nadie me aventaja en el respeto a las lenguas que también son oficiales en las comunidades autónomas.

Tercera. Composición de los claustros de la universidad y de las facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias, El proyecto del Gobierno señalaba que el 60% de sus miembros debe ser doctores; según la ponencia, basta con que sean profesores. La cuestión, desde el punto de vista de la valoración de la cultura, no es baladí. La variación preocupa a muchos parlamentarios.

Creo que la simple indicación de estas tres cuestiones demuestra que lo que ocupa nuestra atención son concepciones políticas y culturales de fondo, no fantásticas ofensivas contra nadie. Lo que en definitiva se decida no estará vinculado a actitudes neoconfesionales, conservadoras o progresistas. Se trata, como es fácil de apreciar, de algo más profundo. / Diputado de UCD por Madrid.