Administración central y el Gobierno vasco, decididos a buscar un acuerdo sobre los conciertos económicos

En el curso de la reciente polémica entre el Consejo Nacional del PNV y el Gobierno de Madrid, a propósito de una declaración del máximo órgano de los nacionalistas, volvieron a subrayar éstos últimos la importancia de un rápido acuerdo en los temas ahora en negociación para otorgar credibilidad a la autonomía vasca y desgastar así el apoyo con que todavía cuentan los partidarios de la violencia.

Basta repasar el programa de gobierno presentado por el Gabinete de Garaikoetxea en octubre pasado para comprobar hasta qué punto el desbloqueo del tema de los conciertos, y con él el de la hacienda autónoma, constituye la clave de todo avance en esa dirección. El hecho de que 1980 vaya a finalizar sin haberse llegado a discutir en el Parlamento vasco los presupuestos de la comunidad autónoma para dicho año y que todavía no esté ni prevista la fecha en que se discutirán los de 1981 constituye quizá la más elocuente muestra de las razones del desánimo que dejaban traslucir expresiones tan citadas últimamente como la de «tirar la toalla». Varios consejeros del Gobierno vasco, limitados a una tarea de meros gestores administrativos de su propio departamento, no ocultaban, hasta fechas bien recientes, haber sido alcanzados por esa marea de desánimo ante la imposibilidad, no ya de ejecutar, sino siquiera de planificar unos proyectos cuya viabilidad dependía de la capacidad de financiación que los conciertos otorguen a las instituciones autonómicas.Cierto acercamiento en torno a temas menores, producido en la última reunión de la comisión de conciertos, el 20 y 21 de noviembre pasado, completado con el acuerdo sobre la reunión ininterrumpida que se inicia hoy; el nombramiento, aunque con seis meses de retraso, de los representantes de la Administración central en la Junta mixta de Seguridad; la presentación, el pasado día 12, de un proyecto gubernamental sobre la restauración de los cuerpos de miñones y miqueletes, base de la futura policía vasca, y, finalmente, ciertos indicios de la existencia de una voluntad política de acelerar las transferencias contenidas en la nota difundida la semana pasada por el Ministerio de Administración Territorial, son los datos que han posibilitado un cierto cambio en las expectativas, mucho más optimistas ahora que hace quince días. Este optimismo se ha visto claramente reforzado con él anuncio de la inminente visita de Suárez a Euskadi.

Importantes divergencias

De todas formas, la divulgación del informe presentado la semana pasada por Jaime García Añoveros al Consejo de Ministros sobre las discrepancias actuales en torno a los conciertos ha venido a ensombrecer parcialmente las perspectivas de un acuerdo inminente. Y es que, al margen de las divergencias de interpretación del Estatuto ya conocidas, el cambio que supone la intención actual por parte de la Administración central de hacer aprobar, simultáneamente con la ley de Conciertos, la de Cupos, que regula la aportación de la comunidad autónoma a las cargas generales del Estado por los servicios no transferidos, puede implicar el retraso de todo el proceso negociador varios meses. En ese caso, los conciertos no entrarían en vigor hasta 1982.

El primer objetivo de los negociadores vascos parece ser ahora, por ello mismo, lograr un acuerdo, aunque sea provisional, que permita aparcar el tema del cupo, incluyendo en la ley de conciertos alguna fórmula transitoria por la cual la comunidad autónoma pagaría a lo largo de 1981 la parte correspondiente al coste de esas competencias no transferidas. Según dicha fórmula, la liquidación definitiva se haría, con carácter retroactivo, tras la entrada en vigor de la ley de cupos, que ambas partes se comprometerían a negociar intensivamente durante 1981. Ello permitiría probablemente aprobar antes de fin de año una ley de conciertos que entrase en vigor en enero y posibilitase la elaboración de un presupuesto realista para 1981.

Para que una solución de este tipo sea posible será preciso, sin embargo, que ambas partes logren previamente un acercamiento en los temas de interpretación del estatuto que actualmente dividen a los negociadores. En primer lugar, la cuestión de la autonomía normativa.

Para los negociadores vascos, el artículo 41.2 del Estatuto reconoce explícitamente esta autonomía al establecer que las «instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular el régimen tributario», sin más limitación que la de no atentar contra «la estructura general impositiva» y la «coordinación y armonización fiscal». Esta interpretación es, sin embargo, impugnada por la otra parte, en nombre del principio general establecido en la Constitución (artículo 133), según el cual, «la potestad para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado».

La cuestión tendría incidencia fundamentalmente en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y en los de sociedades, terrenos en los que el Gobierno vasco considera fundamental contar con esa potestad para jugar un papel beligerante en la orientación de la política económica.

Lo que hay detrás de la resistencia del Gobierno de Madrid a aceptar estos planteamientos es probablemente la desconfianza en la utilización que un Gobierno nacionalista pueda hacer de esa potestad para, en palabras de García Añoveros, «convertir al País Vasco en una isla fiscal», o, en todo caso, para sustraer a Euskadi de las obligaciones solidarias para con otras regiones y nacionalidades. El Gobierno de Vitoria, por su parte, considera infundadas tales sospechas desde el momento que en el propio Estatuto se reconoce el principio de la armonización con el régimen fiscal general y la participación vasca en el fondo de compensación interterritorial.