Fantástico

UNA VEZ que el intrépido motorista, tras cruzar el circuito de ciclo-cross que separa al palacio del Congreso del palacio de la Moncloa, llegó finalmente a su destino con el mensaje parlamentario en el morral, el Consejo de Administración del nuevo ente público de RTVE se dispone hoy a constituirse formalmente. Nueve meses después -menos, al fin y al cabo, que la gestación de los elefantes- de la aprobación del Estatuto de RTVE puede comenzar así a ejercer sus funciones un órgano al que las negociaciones de los dirigentes políticos convirtieron, durante un período de demoras tan insólito como injustificable, en pieza predilecta de regateos y chalaneos.Desde que se firmaron los pactos de la Moncloa, la transformación democrática, el saneamiento administrativo, la elevación cultaral y la depuración de abusos y corrupciones de Televisión Española han sido una de las causas de la historia de la transición mejor defendidas en el terreno de las grandes palabras y más traicionadas en el nivel más modesto de los hechos. Primero correspondió el turno al inoperante Consejo Rector, supuesto órgano de control parlamentario que nunca llegó a funcionar, porque ni el Gobierno quería renunciar al predominio sobre el monopolio estatal ni el PSOE perdía las esperanzas bipartidistas de llegar a un entendimiento con los centristas para repartirse el invento. Después vino la elaboración del Estatuto, con el pacto secreto entre UCD y los socialistas para nombrar, detrás de las cortinas del texto legal, al nuevo director general, cuya designación le fuera hurtada al Consejo de Administración. A continuación se produjeron las infructuosas votaciones con fumata negra para elegir a los miembros del Consejo de Administración en el Congreso y el Senado, en las que hasta Robespierre y Lenin llegaron a figurar en las papeletas de los diputados, tal vez inconscientes del desprestigio que para el Parlamento esas votaciones en falso y esas bromas implicaban. Finalmente llegó el consenso entre centristas, socialistas, comunistas y aliancistas -con exclusión de las minorías nacionalistas- para confeccionar y votar la lista de los doce hombres buenos del órgano formalmente supremo -aunque materialmente lo sea el director general- de RTVE. En las negociaciones fue sacrificadoel candidato del PCE, Manuel Serrano, organizador de la primera huelga en Televisión y persona más bien detestada por los directivos de Prado del Rey. UCD y PSOE inventaron la coartada de que sólo la mitad del cupo de los cuatro grupos parlamentarios podía estar ocupada por trabajadores del medio. Dado que el cupo del PCE estaba formado por una sola persona, y dado también que no era posible partir en. dos a Manuel Serrano, las dos mitades de éste se quedaron sin el cargo. Ninguna disposición legal o pacto secreto impide que ex trabajadores de RTVE puedan ser ministros, e incluso presidentes del, Gobierno; pero un acuerdo parlamentario prohíbe a un programador de Televisión figurar en el Consejo de Administración del medio.

En el Consejo, centristas y socialistas han situado a dos expertos en campañas electorales. En el alto organismo hay también algún que otro censor de la cultura durante el anterior régimen, y no falta tampoco un antiguo enlace vertical que, por razón de su cargo, ocupó un elevado puesto en el organigrama de RTVE. En vísperas de decidir las cuantiosas inversiones en el área técnica -más de 10.000 millones de pesetas- para cubrir el Campeonato del Mundo de 1982, ninguno de los miembros del Consejo proviene de ese campo. Expertos en elecciones o políticos menores vinculados personalmente a los líderes de los partidos componen la abrumadora mayoría del organismo, sin que ninguna figura relevante de la cultura o personalidad independiente con peso propio aparezca en la lista.

Tras la elección del Consejo de Administración procede ahora la designación del director general del nuevo ente público. La continuidad de Fernando Arias-Salgado, con la que especulan algunos medios centristas, es imposible por razones estrictamente jurídicas, ya que su actual puesto no es homologable formalmente al cargo recién creado.

Pero, además, la depauperación general que la televisión española ha experimentado durante la gestión del actual director le hace acreedor al cese con todas las penas accesorias. Fernando Arias es un buen diplomático, y es una lástima que la política exterior de este país se pierda lo que no han de ganar ni la cultura ni la información. El Consejo de Administración, cuya voz debe ser oída por el Gobierno para el nombramiento de director general, debe proceder, sin más demora, a cumplir con ese trámite.