Al otro lado del puente

POCOS DIAS después de que José Pedro Pérez-Llorca viajara a París y mantuviera conversaciones con el Gobierno francés sobre la utilización del País Vasco francés como base de operaciones de ETA, el Batallón Vasco Español ha cometido un nuevo atentado, esta vez en territorio galo.Aunque la estadística criminal de la ultraderecha en Euskadi no es tan fácil de establecer como el registro asesino del terrorismo etarra, más crecido y frecuente en sus luctuosas hazañas, el número de ciudadanos asesinados en los últimos años por bandas ultraderechistas de distinto nombre, pero quizá de no tan distinta composición, se aproxima a los cuarenta, y los heridos en atentados de ese signo rebasan el centenar. El atentado que le costó la vida a Argala, en diciembre de 1978, crimen que probablemente se llevó consigo al único eventual interlocutor político dentro de ETA Militar, y las salvajes matanzas del bar Aldama, en Alonsótegui, y de Amézola constituyen algunas de las estampas más sombrías de esa saga brutal.

Una nota distingue, y no precisamente para bien, a esa cadena de crímenes de la ultraderecha: que sus orígenes jamás han sido esclarecidos y que casi nunca sus culpables han sido detenidos. Mientras que la policía desarticula comandos etarras y logra detener en ocasiones a presuntos responsables de crímenes terroristas, los asesinos del Batallón Vasco Español o de organizaciones afines parecen protegidos por algún, detente mágico. Es de sobra conocido que el santuario francés permite a los autores de los abominables crímenes del abertzalismo violento huir de la justicia española y que los sectores sociales -todavía considerables- que dan apoyo en el País Vasco a las diferentes ramas de ETA conceden a sus activistas sostén, cobertura y complicidad. No deja de ser sorprendente, por contra, que los terroristas de ultraderecha, para quienes Francia no es refugio seguro y que son peces sin agua en la sociedad vasca, descubran caminos para la impunidad igualmente eficaces. La acusación de que esa protección que los criminales de la ultraderecha encuentran en determinados medios institucionales nunca ha sido concluyentemente probada, pero resulta más que plausible.

Al menos por ahora, resulta imposible saber si los cobardes pistoleros que descargaron sus metralletas en el bar de Hendaya se equivocaron en el blanco y buscaban, en realidad, a otras personas como víctimas de sus disparos. En cambio, parece evidente su intención de esparcir el pánico en el País Vasco francés, no se sabe si como torpe venganza indiscriminada contra el marco geográfico del santuario etarra o como maniobra para producir una reacción social contra los vascos con pasaporte español que habitan en la zona.

Aunque el contenido de los acuerdos alcanzados entre el ministro español de Asuntos Exteriores y las autoridades francesas sea secreto, hay suficientes indicios para pensar que, en esta ocasión, se había avanzado cierto trecho en el espinoso asunto de los activistas de ETA domiciliados legal o clandestinamente en el departamento de los Pirineos Atlánticos. No es probable que el alevoso atentado del domingo contribuya en lo más mínimo a que esos eventuales entendimientos se consoliden o progresen. El bochornoso final del crimen, con los asesinos rompiendo las barreras con su automóvil, cruzando ilegalmente la frontera francesa y siendo dejados misteriosamente en libertad por la policía española al otro lado del puente, seguramente despertará un movimiento de opinión en favor del derecho de asilo en la nación vecina, destinado, entre otras cosas, a lavar cínicamente la mala conciencia francesa a propósito del santuario etarra.

Este criminal asunto no puede acabar, como tantos otros, con una medida disciplinaria de trámite -como la que anunciaron ayer las autoridades españolas- y con un carpetazo final para ocultar o dejar pudrir el meollo del tema. El Gobierno español debe demostrar con los hechos que se propone erradicar cualquier forma de terrorismo y que la ley de Suspensión de Derechos Fundamentales no es un traje disciplinario hecho a la medida de un solo tipo de bandas violentas. El Gobierno español debe poner en claro, de una vez, cuáles son los eventuales apoyos y coberturas institucionales de ese turbio Batallón Vasco Español y disipar para siempre las sospechas sobre sus orígenes, composición y armamento, que lo unen, en ocasiones, a miembros concretos de las fuerzas del orden.