Entregadas al alcalde de Sevilla más de 11.000 firmas contra el aborto

Una comisión de mujeres sevillanas hizo entrega, ayer, al alcalde de la ciudad, Luis Uruñuela, de un escrito firmado por más de 11.000 personas en el que muestran su total oposición a la legalización del aborto y a la campaña de mentalización dirigida a la mujer «para que elija entre la anticoncepción y el aborto, como si fueran las únicas opciones posibles ante un embarazo no deseado».

En algunos medios políticos se considera el documento como una forma de apoyo al alcalde, tras su decisión de clausurar dos centros de planificación familiar no autorizados por él y destituir al concejal delegado de Sanidad, José Villa, provocando el rechazo de sus aliados municipales (PSOE y PCE-PCA). Entre los promotores de esta iniciativa antiabortista se encuentra María Teresa Rodríguez de la Borbolla, esposa del concejal centrista Francisco Pavón.El escrito, que protesta por la manipulación propagandística que se ejerce sobre la mujer sevillana, pide al Ayuntamiento que salvaguarde los derechos femeninos y «trabaje en favor de la medicina preventiva completa, no reducida sólo al control de la natalidad, de modo que proteja a la familia, la oriente y facilite los recursos morales, culturales y científicos suficientes para que puedan hacer frente con dignidad a sus problemas sanitarios».

Por su parte, fuentes oficiosas del Partido Comunista de Andalucía (PCE-PCA), al que pertenece el concejal destituido, estiman que todo el conflicto originado en torno a los centros de planificación familiar se debe al malestar causado entre los médicos municipales por los planes de reestructuración sanitaria que Villa había preparado en los últimos meses, planes que implicarían la liquidación de una serie de privilegios de que habían venido gozando determinados médicos, y el fin del despilfarro económico y humano que supone la actual situación de la sanidad.

Hay que indicar que un concejal de UCD confesó a EL PAIS, aunque de forma absolutamente privada, que los centristas habían sacado a la luz pública el tema de los centros de planificación familiar gracias a la información que habían recibido de algunos, médicos- funcionarios del Ayuntamiento.

La hostilidad de parte del personal sanitario del Ayuntamiento al concejal comunista destituido por el alcalde tiene una fácil explicación: la reestructuración que se preparaba supondría que, por ejemplo, el 60% de los médicos se vería obligado a pedir la excedencia.

Se sabe, por otra parte, que, de forma inexplicable -o al menos inexplicada-, ha quedado paralizado el expediente abierto hace meses a un médico que, presuntamente, ha estado cobrando durante ocho años por hacer revisiones al personal del servicio municipal de limpiezas, sin que esas revisiones se hayan realizado en la práctica. Algo semejante ocurrió con otro expediente incoado a un ayudante técnico sanitario (ATS) que, en un momento en que tendría que haber estado en un centro municipal, se encontraba de guardia en el Hospital de San Lázaro, dependiente de la Diputación.