La Iglesia boliviana, contra la reimplantación de la pena de muerte

Los obispos bolivianos expresaron ayer su oposición a la promulgación de la nueva ley de seguridad del Estado, que prevé el restablecimiento de la pena de muerte. Alejandro Mestre, secretario de la Conferencia Episcopal, ha dirigido una carta al general Luis García Meza, jefe de la Junta Militar golpista, en la que se califica de «superflua e inoportuna» a la nueva ley.La ley de Seguridad del Estado, patrocinada fundamentalmente por el ministro del Interior, coronel Luis Arce -el cerebro del sangriento golpe militar de julio pasado-, debe entrar en vigor en Bolivia una vez que se «hayan vaciado las cárceles de presos políticos», en palabras del propio Arce.

Los obispos basan su oposición a la nueva ley, con la que se pretende «combatir con todo rigor cualquier intento para desequilibrar el orden instaurado en 17 de julio», en principios pastorales y en la defensa de los derechos humanos. La Conferencia Episcopal señala que son suficientes las leyes actuales y la Constitución de 1967 para mantener el orden interno y garantizar la convivencia.

«Tememos que haya fuerte resistencia interna, que las normas concluyan por no ser respetadas ni aplicadas y que se den argumentos para provocar una campaña internacional dañina para el buen nombre de nuestra patria», afirma Mestre.