El Ayuntamiento de Ponferrada pretende derruir varios edificios

La demolición de cuatro edificios construidos sobre viales y zonas verdes ha quedado paralizada en el Ayuntamiento de Ponferrada por la oposición de los partidos de la derecha, UCD e independientes, que por tercera vez desde hace un año se han negado a aceptar las propuestas de la Alcaldía sobre esta cuestión. El actual alcalde, Celso López Gavela, militante del PSOE, ha advertido que los propietarios de otros treinta edificios, cuyos expedientes se encuentran actualmente en fase de tramitación, serán sancionados con multas de hasta un millón de pesetas, mientras que sobre los primeros podrían recaer sanciones de cuantía muy superior, previa comunicación al Gobierno Civil.La negativa de los independientes y UCD a autorizar la demolición de los bloques que incurren en graves irregularidades urbanísticas coincide con una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid por la que, semanas atrás, se ordenaba al Ayuntamiento de Ponferrada la apertura de una investigación sobre una presunta concesión ilegal de licencias por parte de la anterior Corporación, cuando se estaba elaborando el actual plan de urbanismo.

Se da la circunstancia de que varios de los promotores del contencioso están relacionados con grupos de los concejales independientes, que han vuelto a boicotear las propuestas de la Alcaldía aduciendo que el propio Ayuntamiento es responsable de varias de estas irregularidades. UCD, por su parte, pidió que el tema quedara «sobre la mesa» durante la última reunión de la Comisión Municipal Permanente, en espera de que se elabore un estudio sobre los perjuicios económicos y sociales que podrían generar las sanciones.

La vinculación de concejales ucedistas e independientes a intereses y empresas del sector de la construcción ha sido denunciada en varias ocasiones por los partidos de izquierda y, en particular, por el PSOE, que acusa a estos últimos de intentar la derogación del actual plan de ordenación urbana apoyándose en los pequeños y medianos propietarios. Recientemente, un concejal de la antigua Corporación estimaba en unos 20.000 millones de pesetas la cuantía de los intereses en juego propiedad de los sectores que capitanean la oposición al plan.