Los riesgos del programa de viviendas
LOS PROGRAMAS de construcción de viviendas han sido puestos en práctica por los Gobiernos de los paises occidentales con cierta regularidad, tanto por su función estimulante para combatirla atonía de la coyuntura como por las implicaciones socialmente estabilizadoras que lleva consigo el acceso de la propiedad de las familias de lás clases trabajadoras y medias. Así pues, no cabe sino dar la bienvenida al plan trienal de viviendas anunciado en el último Consejo de Ministros.La apuesta a favor de la vivienda presenta la ventaja de una rápida movilización de factores productivos, con efectos inmediatos sobre la actividad y el empleo. Las consecuencias sociales positivas son asimismo evidentes. Ahora bien, sería un tonto triunfalismo silenciar los problemas y peligros que la puesta en marcha del programa gubernamental plantea, así como olvidar las cargas que arroja sobre todo el cuerpo social en términos de contención de la inflación y de un mayor y más eficiente esfuerzo productivo.
Como es sabido, los bancos privados y las cajas, piezas clave en la instrumentación del plan de construcción de viviendas, cobrarán unos intereses del 14%. Los usuarios sólo pagarán, empero, el 11%, y el 3% de diferencia será absorbido por el Estado. Dado que no se han establecido fórmulas de revisión de intereses, ni al alza ni a la baja, el eventual descenso de la inflación por debajo del 14% permitiría a los intermediarios financieros realizar una buena colocación de unos activos a largo plazo en los que no se contabilizarían pérdidas. Parece, sin embargo, que la tendencia más probable es justamente la contraria, esto es, una inflación futura por encima del 14%. En tal caso, los bancos y las cajas obtendrían de la operación una rentabilidad menor que la ofrecida por el mercado; los préstamos para viviendas se comportarían prácticamente como los incluidos en los coeficientes, y probablemente la fórmula para compensar esa diferencia sería aplicar tipos de interés más elevados para el resto de las actividades productivas. La consecuencia sería que la inflación resultaría adicionalmente estimulada y que aumentarían las dificultades de financiación para las empresas, con el riesgo evidente de un recorte de la actividad económica global. En definitiva, el programa trienal de viviendas, con unos tipos de interés del 11% para los prestatarios, exige, a fin de evitar conspcuencias indeseables para todo el andamiaje económico, una enérgica política de contención de la inflación.
El segundo riesgo del programa estriba en los importantes recursos que asigna a un sector que, en definitiva, no produce nada a cambio. Mientras que en otros países la inversión en fábricas y otras actividades productivas ha sido proporcionalmente mayor, en España la construcción de viviendas ha ocupado un alto porcentaje en la formación de capital. En una situación de crisis energética como la actual, con una factura de petróleo que crece de forma rápida e ininterrumpida, resulta imprescindible producir excedentes exportables que puedan competir en calidad y precio. De otra forma, todo el proceso económico podría verse interrumpido.
Señalemos, finalmente, que el módulo de noventa metros cuadrados de vivienda mínima oficial es demasiado elevado en comparación no ya con Japón, sino incluso con Francia. También el coste de edificación, pese al desbordado optimismo del ministro Sancho Rof, es demasiado alto en España, quizá como resultado de una serie de deficiencias -mala organización de las constructoras, absentismo y escaso rendimiento de la mano de o bra, compleja tramitación administrativa, escasez de suelo edificable pese a nuestra bajísima densidad- que nuestras constructoras suelen tratar de subsanar o de obviar cuando realizan obras en otros países.
