La Generalidad, en busca de la economía perdida

El presidente de la Generalidad presentó ante el Parlamento catalán un «programa de actuación económica» que ha suscitado un amplio debate entre las fuerzas políticas de Cataluña. Los temas discutidos fueron muy diversos y las reacciones a la intervención parlamentaria del presidente Pujol han sido críticas, incluidas las de los partidos políticos que constituyen el llamado bloque conservador, que, como se sabe, forman la mayoría tripartita que sustenta al actual ejecutivo catalán.Lo primero que hay que destacar del «programa de actuación económica» de la Generalidad es que no se trata de un programa económico, y ni tan siquiera de un plan de actuación o de una estrategia económica. A pesar de sus loables propósitos, la intervención de Pujol no ha sido más que un inventarlo desordenado en el que se mezclan diferentes conceptos que unas veces se refieren a los Presupuestos del Estado; otras, a inversiones de alguna empresa pública o privada; otras, finalmente, a inversiones de la Generalidad basadas ipdistintamente en las competencias transferidas o en la emisíón de deudas públicas por valor .de 10.000 millones de pesetas. Como todo inventario carece de una definición de prioridades, no se especifican criterios selectivos y no se establece un calendario de actuaciones que permita su seguimiento y control, o una posteriorvaloración de sus resultados a corto y medio plazo.

Críticas de UCD y Esquerra

En este primer punto se han centrado gran parte de las críticas, incluidas las de UCD y Esquerra Republicana de Catálunya (ERC), respectivamente. En efecto, es difícil que se pueda programar una actuación económica de cualquier entidad, cuando esta depende de un continuo regateo, o mercadeo, sobre el que se asienta la praxis negociadora en las relaciones que se establecen entre el Gobierno de Madrid y la Generalidad de Cataluña.

Mal van a marchar las autonomías en este país, si este tipo de prácticas impuestas por el peculiar talante de Adolfo Suárez- que además resulta que coincide con el de Jordi Pujol, hasta ahora dominantes, se extienden, por simple emulación, a los restantes entes autonómicos, ya que, en ese caso, nos podemos encontrar, a la vuelta de la esquina, con un estado de las autonomías producto del puro tráfico mercantil en el que todo se cambia y todo se vende, los votos, las dificultades bancarias, los déficit de las empresas siderúrgicas, las carreteras, los créditos de la banca oficial, la interpretación de la Constitución, o un simple voto parlamentario, con mayor o menor valoración, según la gravedad del momento y la habilidad del negociador.

Pero desengáñense los que esperan algo de ese tráfico autonómico, porque los que ganan con estas prácticas son siempre los mismos. O se clarifican de una vez para siempre las relaciones económicas entre el Gobierno y las autonomias, se delimitan con nitidez y claridad los ámbitos de actuación del sector público y se impone el principio de transparencia en la construcción del Estado de las autonomías, o nos vamos a encontrar en un inmenso patio de monipodio con tráfico permanente de los recursos públicos. Sólo un auténtico sentido de lo que es un Estado -como diría el socialista Lluis Armet en su intervención parlamentariapuede posibilitar una correcta administración pública.

No es precisamente una prueba de lo anter4or el reciente decreto de la Generalidad, de 25 de agosto, sobre las cajas de ahorro. Pocas dudas existen sobre la necesidad de que estas entidades financieras, a diferencia de los bancos, se sometan al principio de territorialidad e inviertan sus recursos allí donde, fundanientalmente, se generan. La Generalidad, o cualquier ente autonómico en el futuro ha de contar con las cajas de ahorro como instrumento financiero básico para impulsar determinadas inversiones, sin caer en un excesivo intervencionismo que ahogue su actuación como intermediario financiero.

Economía intersticial o residual

Pero a estos objetivos se puede llegar por diversos caminos, no siendo el Más apropiado el de atribuirse unilateralmente -en razón a otro regateo que, por cierto, fue seguido de un rápido retorno al punto de partida inicial- la decisión sobre qué inversiones son computables y cuáles no en la partida de inversiones obligatorias de las Cajas. En la práctica, se trata de una simple sustitución de protagonistas, pero manteniendo inalterable las funciones de las Cajas en la más pura ortodoxia continuista. Con ello, lo único que se consigue es provocar un falso conflicto con otras nacionalidades o regiones, corno Andalucía o el País Vasco. Todavía puede complicarse más el tema si aparece en escena para regular las relaciones entre bancos y Cajas el recientemente creado Consell Asesor del Credit de la Generalitat, del que forma parte, entre otros, Emilio Botín, que, como se sabe, es el presidente del consejo de administración del Banco de Santander. A clarificar todos estos hechos no contribuye tampoco la actuación de determinados dirigentes de la izquierda catalana que o se inhiben -como el representante del PSUC en su reciente intervencióri parlamentaria- o se suman apresuradamente, de forma irresponsable, al mercadeo electoralista,entro Convergencia y el Gobierno Central.

Finalmente, no se completa el cuadro anterior sin una referencia a uno de los conceptos básicos que nos permite aproximarnos a la posición del Gobierno de la Generalidad frente a, la, problemática económica de Cataluña. El Gobierno de la Generalidad trata de impulsar lo que denomina una economía intersticial, o modelo de industrialízación catalana, que centra su interés en los espacios vacíos -las rendijas- que dejan libres las grandes empresas multinacionales, las empresas, públicas y las, empresas de los grupos financieros más poderosos, incluídos, se supone, el Banco Urquijo y la propia Banca Catalana, a los que se encuentran estrechamente vinculados el consejero de Economía y Finanzas y el presidente de la Generalidad. El concepto de economía intersticial es ciertamente novedoso, y en economía, como apuntó en el debate el centrista Alejandro Pedrós, está casi todo inventado. .

Sin em bargo, por su en u nci ado y contenido parece concebirse como una profundización y defimitacíón del concepto capital no monopolista, presunto y muy hipotético aliado natural de la clase trabajadora en los esquemas estratégicos a los que machaconamente nos tenía acostumbrados Santiago Carrillo en la década de los años sesenta. La debilidad del concepto reside, fundamentalmente, en el hecho de que si se eliminan los sectoresy actividades en los que están presentes las multinacionales, los grandes bancos y las empresas estatales, y se tiene, además, en cuenta que gran parte de los restantes sectores son de alguna manera subsidiarios, o dependientes -directa o indirectamente- de los anteriores, resultaría que el citadp concepto termina, en la práctica, por identificarse con el de economía. residual, para lo que ciertamente no se requiere un programa de actuación económica.

La economía intersticial es un concepto vago e impreciso que remite a planteamientos no racionales -sentimentales les llamó Pedrós- que ignoran que la economía catalana la constituyen, ante todo, las multinacionales del sector químico de Tarragona, las grandes empresas constructoras dependientes de los grandes grupos financieros la compra de construcciones Padrós, precisamente del Banco Industrial de Cataluña, por la multinacional Laing, gracias a los buenos oficios de Francisco Fernández Ordóñez-, la Seat, la Telefónica, el Banco Español de Crédito o el Hispano Americano, y un sinfín más, entre otras razones porque tienen en Cataluña más intereses que los propios sectores específicamente catalanes a los que, sin duda, se refiere el citado concepto. Esto hay que comprenderlo de una vez porque, en otro caso, difícilmente podrán abordarse los graves problemas que amenazan a la economía catalana en la encrucijada actual.

Todo ello es lo que, en breve síntesis, se está discutiendo en el antiguo y bello palacio del Parque de la Ciudadela, construido por Felipe V para sojuzgar a Cataluña. Afuera, los jardines ya han comenzado a llenarse de hojas; el sol ya se ha escondido y los primeros fríos del otoño ahuyentan a los escasos visitantes y curiosos. En la calle se discuten las consecuencias del anuncio del expediente de crisis de la Seat -que afecta a más de 25.000 trabajadores y muchas empresas auxiliares- y de la suspensión de pagos de Aiscondel, en la que está especialmente implicado el grupo Banca Catalana (cuya propuesta de solución pasa por ceder, una vez más, al Estado las pérdidas de Aiscondel). Dentro del edificio del legislativo catalán, sólo el desvaído reflejo del cristal de una de las lámparas que preside la sala nos devuelve a una realidad que con frecuencia se desvanece.