Los ingenieros expedientados alegan que es legal el cobro de cantidades a contratistas de obras

Angel Llaguno, uno de los dos ingenieros del servicio de Vías y Obras de la Dilputación Provincial incluidos en un expediente sancionador por supuesto fraude, reconoció en un informe que en el citado servicio se cobraban cantidades de dinero a los contratistas de obras, que luego eran repartidas entre todos los funcionarios de dicho servicio. En posteriores informes, el señor Llaguno y el señor Bada -el otro de los ingenieros supuestamente implicados- alegan que esas percepciones no perjudicaban en nada a la hacienda de la Diputación, y que su cobro era y es perfectamente legítimo en base a lo dispuesto en diversas disposiciones legales que se remontan hasta 1877.

Los actuales diputados de la izquierda estimaron, sin embargo, que podría haber irregularídades en esos cobros, motivo por el que, después del primer aviso del delegado de Vías y Obras, Lorenzo Hernández, el ex presidente de la Diputación Carlos Revilla dictó un decreto, de fecha 4 de octubre, por el que se ordena la instrucción de diligencias previas y se solicita de los señores Llaguno y Bada la justificación legal de las retenciones previas del 1 % de las certificaciones de obras, y como medida preventiva seles exige el depósito de esas cantidades en una cuenta oficial de la Diputación.Posible vulneración de la ley de Régimen Local

El escrito menciona que podría haberse vulnerado el artículo 668 de la ley de Régimen Local, que dice textualmente: «Tan luego se tengan noticias de un alcance, malversación o desfalco, los jefes de los presuntos responsables instruirán las diligencias preventivas ... ». Que las diligencias y luego el expediente sancionador se abran en base a este artículo es uno de los puntos rechazados en sus alegaciones por los dos implicados, al ser obligados a depositar la cantidad de 9.673.613 pesetas. Insisten en que su actuación ha sido perfectamente legal, que no ha sido probado desfalco alguno y que además se viene haciendo así desde años antes, como mínimo desde 1945.

El ingeniero director del servicio, Manuel Bada, alega, en un escrito de fecha 8 de octubre, que los razonamientos de tipo legal que dan derecho a los funcionarios a percibir dichos pagos datan de un decreto de 1940 sobre «remuneraciones del personal facultativo que interviene en la redacción de los proyectos, en su tramitación y en la ejecución de las obras». Disposiciones legales que se completan con otras muy repartidas en el tiempo, como son el artículo 40 de la ley general de Obras Públicas de 1840, otro reglamento de 1925, etcétera, hasta llegar al decreto de 4 de febrero de 1960, por el que «se convalida la tasa por gastos de remuneraciones en dirección e inspección de obras». Tal cúmulo de disposiciones legales están siendo ahora estudiadas por el diputado José Borrell, quien sólo declaró a EL PAIS que los trámites, antes de llegar a las conclusiones definitivas, llevarán mucho tiempo.

Cuenta privada en la Banca March

En otro escrito, de 13 de octubre, el señor Llaguno informa a la Diputación que la cuenta corriente número 4.789, abierta en la Banca March, tenía como objetivo proceder, a través de ella, al reparto de las percepciones que correspondieran a cada funcionario. El interventor general estimó que las cantidades percibidas en los cinco últimos años ascendían a la cantidad de 22.512.390 pesetas, a lo que se le contestó que dicha cuenta tenía carácter privado y recogía también partidas no provenientes de las cantidades abonadas por los contratistas. Se reconoció como tales la suma de 9.673,613 pesetas, citadas anteriormente, que han sido devueltas, aunque con la advertencia de que no tenían obligación de hacerlo, «por tratarse de devengos legítimos en el ejercicio libre de la profesión», según escrito del señor Bada de 15 de octubre.

Los dos implicados en el expediente sancionador han facilitado datos sobre las cantidades entregadas a cada funcionario desde 1976 en adelante, incluyendo los casos particulares, como el de Javier Ruiz Jarabo, que no percibieron cantidad alguna desde marzo de 1980. Esta declaración o aportación de datos numéricos está firmada por los funcionarios del servicio y, la encabeza el propio jefe del mismo, Manuel Bada. A él le siguen todos los funcionarios que, en orden a una tabla de porcentajes que había sido elaborada, tenían que percibir las citadas cantidades.