UCD, PSOE y PCE negocian la ley de suspensión de derechos individuales para la lucha antiterrorista

El centrista Oscar Alzaga, el socialista Félix Pons y el comunista Jordi Solé Tura negociaron en la tarde de ayer, a invitación del ministro del Interior, Juan José Rosón, la ley orgánica que sustituirá a la vigente ley Antiterrorista y que regulará la suspensión de derechos individuales para personas determinadas, prevista en el artículo 55.2 de la Constitución. Posteriormente, la ponencia que estudia el proyecto de ley celebró una reunión «oficial», en la que, según centristas y socialistas, se produjo una aproximación de posiciones, especialmente en lo referido a la necesidad de control judicial. El Pleno del Congreso deberá pronunciarse hoy por mayoría absoluta -176 votos- sobre esta ley.

En la reunión celebrada por los tres diputados citados con los restantes miembros de la ponencia para darles cuenta de lo tratado, no se reflejó la existencia de ningún acuerdo unánime. Al parecer, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) votará en contra de la ley y es posible que también adopten esta actitud comunistas y andalucistas. En cambio, la minoría catalana podría votar favorablemente o abstenerse, mientras que los socialistas es muy probable que se abstengan, si no deciden votar en contra, en la reunión que el grupo parlamentario celebrará hoy. Los problemas derivados del proyecto de ley que desarrolla el citado apartado de la Constitución quedaron de manifiesto en la reunión de la Comisión Constitucional celebrada la pasada semana. En primer lugar, se impugna el ámbito de aplicación, ya que con la redacción aprobada en la comisión se pueden perseguir personas y grupos que nada tienen que ver con el terrorismo. Asimismo, el mantenimiento de los diez días de detención es considerado muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que en estos casos la intervención judicial es accesoria.

Polémica en el PSOE

En este último punto, la posición del PNV es totalmente contraria al texto aprobado. Según declaró Marcos Vizcaya a EL PAIS, lo más que podría admitir su grupo es que la actuación de tales órganos judiciales se produjera por exhorto de Jos juzgados dé instrucción a los que correspondiera entender de las causas.

El Grupo Socialista se encuentra dividido en esta materia, como se puso de manifiesto en la reunión celebrada en la mañana de ayer y en la que no se adoptaron decisiones hasta tanto se celebrara la negociación prevista. Gregorio Peces-Barba defendió, junto a un aumento del control parlamentario, la competencia de la Audiencia Nacional y los juzgados centrales, por ser un tema ya decidido en el proyecto de ley del poder judicial. Como argumento, señaló las presiones y amenazas a que están sometidos los jueces por los terroristas en el País Vasco. Cuando el diputado socialista informó a los periodistas de su posición, Enrique Múgica reforzó esta argumentación, «desde una perspectiva vasca», según dijo. También el socialista catalán y ex comandante del Ejército, Julio Busquets, aceptó la competencia de. los citados órganos.

Frente a esta posición, el socia lista y juez de profesión, Joaquín Navarro, argument6 que tales razones son políticas, pero no jurídicas, e insistió en que sería nefasto atribuir en exclusiva la competencia en materia de terrorismo a la Audiencia Nacional y juzgados centrales, cuyos miembros, por otra parte, también son objeto, de amenazas. En sus manifestaciones a EL PAIS, Navarro dijo que cuando se establezca el funcionamiento de los jurados, tales argumentos podrán utilizarse para impedir esta institución prevista en la Constitución. Sobre la detención gubernativa durante diez días, destacó la gravedad de legalizar esta medida y resaltó que, si realmente se pretendiera investigar la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, bastaría con que los detenidos permanecieran a disposición judicial, en donde la investigación o interrogatorios se producirían con mayores garantías.

Los socialistas de uno y otro signo estuvieron de acuerdo en reforzar en todo caso la protección contra los posibles malos tratos a través de la asistencia letrada al detenido. Peces Barba recordó-, sin embargo, que esta cuestión no corresponde a la ley en discusión.

El ministro del Interior informó a media tarde que la negociación iba muy bien, sobre la base de que la autorización para- suspender los derechos de detenci Sn máxima de 72 horas, inviolabilidad de domicilio y secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas se produzca por decisión de la autoridad gubernativa, dando cuenta al juez.

Fernando Castedo, probable director general de RTVE

El otro de los grandes temas del pleno del Congreso aplazado, en este caso, para mañana, fue la elección de los consejeros de administración de RTVE, que continuaron negociando el socialista Alfonso Guerra y el centrista Rafael Calvo. Al parecer, la candidatura de Fernando Castedo para director general de RTVE -cargo no directamente relacionado con la negociación, pero barajado durante la misma- sube bastantes enteros, tras haber sido rechazada por los socialistas en un primer momento. Consultas posteriores realizadas con personas allegadas a Televisión, parecen haber inclinado a los socialistas a favor de Castedo, especialmente después de producirse algunas renuncias de otros candidatos más aceptables para el PSOE.

El escollo principal continuaba siendo ayer, aunque este tema está también excluido de la negociación, el procedimiento para dar salida a una serie de cargos intermedios que, a petición socialista, UCD está de acuerdo en remover.

Derrotas gubernamentales por falta de diputados

El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley sobre regulación del mercado hipotecario y otros tres proyectos referidos a la reclasificación de los parques nacionales del Teide, la Caldera de Taburiente y Timanfaya, en las islas Canarias, así como los proyectos devueltos por el Senado con proposición de enmiendas. Con ocasión de uno de éstos, el Gobierno fue derrotado en dos ocasiones por falta de diputados.

Aplazada la votación para los consejeros de RTVE, el Pleno aprobó, en primer lugar, el proyecto de ley de montes vecinales en mano común, admitiendo todas las enmiendas propuestas por el Senado, excepto una. Esta tónica se invirtió en el segundo proyecto enviado por el Senado, sobre ley orgánica de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes, en que el grupo del Gobierno votó en numerosas ocasiones contra las propuestas del Senado. No obstante, la izquierda apoyó algunas de ellas y consiguió derrotar al Gobierno en relación con tres modificaciones de otros tantos artículos.

A continuación se debatió el proyecto de ley de regulación del mercado hipotecario, que establece las condiciones en que una serie de entidades, fundamentalmente crediticias, podrán conceder préstamos hipotecarios, de forma que se crea por primera vez en España un mercado secundario de hipotecas. El grupo del Gobierno negoció enmiendas con los de Coalición Democrática, socialistas y, comunistas, de forma que se admitieron tres modificaciones pactadas, una con cada uno.

Por lo que respecta a CD, se aceptó reconocer cierta capacidad en este tema a las entidades de arrendamiento financiera, que este grupo quería incluir plenamente.

El Grupo Socialista propuso que se incluyesen las entidades creadas por ayuntamientos y comunidades autónomas, pero esta propuesta fue rechazada. Se admitió en cambio que las sociedades no puedan prestar, en términos generales, a sus propios directivos y consejeros. Por acuerdo con el Grupo Comunista. se estableció un fondo de regulación del mercado, regido por el banco Hipotecario.

Seguidamente, se debatieron los proyectos de ley de reclasificación de los tres parques nacionales de las islas Canarias, arriba citados. El socialista Néstor Padrón defendió, en nombre de su grupo, la ampliación de los tres parques, para evitar que entren en ellos las galerías que se realizan para sacar agua, en el caso del Teide y la Caldera de Taburiente, y para acabar con una explotación de arenas volcánicas, en el caso de Timanfaya. UCD se opuso a las tres ampliaciones, que fueron rechazadas.