El ministro de Economía y Comercio firmará la exclusión del Banco del País del Registro de Bancos y Banqueros
El ministro de Economía y Comercio firmará la exclusión del Banco del País del Registro ole Bancos y Banqueros, atendiendo al dictamen del Banco de España, que en sus últimos informes sobre aquella entidad puso de maniflesto la existencia de irregularidades en su gestión, así como repetidas transgresiones de la normativa legal sobre bancos de nueva creación.
El Banco del País surgió como consecuencia de la ley Barrera de 1974, que, rompiendo el tradicional statu quo bancario, Permitía la creación de nuevos bancos, rebajando considerablemente los requisitos que hasta entonces se habían exigido para proceder a la apertura de nuevas entidades bancarias. No obstante, se fijó una serie de requisitos de obligado cumplimiento, que contribuían a que la autoridad monetaria pudiese ejercer con mayor rigor las funciones de control, e inspección sobre los nuevos bancos. Entre este paquete de medidas que limitaban la actuaciónde estos bancos durante cinco años, se encontraban la limitación de apertura de oficinas, severos controles en las operaciones de «riesgo» y prohibición de transmitir, sin contar con la autorización del Banco de España, paquetes accionariales.Según fuentes del Ministeno de Economía y Comercio, fue precisamente en este punto en donde se detectaron las transgresiones más importantes en la legalidad vigente, así como en el hecho de que en el mes de febrero de 1978 el 78% de la inversión crediticia del banco se concentraba en sólo dos grupos empresariales, encabezados por Arturo Seligrat y Juan José Gordo, que ocupó el puesto de consejero delegado de la entidad. Otras irregularidades se detectaron en el incumplimiento del programa fundacional, en la captación de recursos, en la, distribución de empleos, en la concesión de autocréditos y en el elevado nivel de riesgos para el monto de sus recursos ajenos, así como un importante porcentaje de impagados e irregularidades contables, que llevaron los administradores del banco hasta el extremo de incorporar inmuebles a sus balances para ocultar el impago de diversas deudas. En concreto, las mismas fuentes citaron que se había omitido incluir en los estados contables presentados por el Banco del País 120 millones de pesetas en riesgos de Aniceto Fernández Ordás y 91 millones de José María Aceña.
Decretos de liberalización
Este banco es un producto típico de los decretos de liberalización bancaria. Fue el tercero que se creó, tras el Banco de Descuento y el Nuevo Banco, y ha atravesado por una serie de cambios en su orientación que vinieron casi siempre determinados por las transmisiones de importantes paquetes accionariales. El Banco del País en el momento de su fundación, en 1975, contaba entre sus accionistas más significados a Carlos Rodríguez de Valcárcel, sobrino del que fue presidente de las Cortes en el anterior régimen, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, al secretario particular de éste, Alfredo Seligrat, que luego sería uno de los principales beneficiarios de las operaciones de activo de la entidad, y a Teodulfo Lagunero, el hombre que facilitó varias veces la entrada en nuestro país a Santiago Carrillo antes de la legalización del partido comunista.Y fue precisamente Teodulfo Legunero quien consiguió del Banco de España, para sí y para algunos amigos, autorización para transmitir su participación en el Banco del País en 1976, operación en la que diversos medios han afirmado que se obtuvieron unos beneficios próximos a los cien millones de pesetas.
A partir de este momento se inició una serie de operaciones sin soporte legal, que comprendían la transmisión de participaciones importantes en el capital social del banco sin autorización del Banco de España. Se habló de que la familia Fierro estuvo interesada en adquirir la mayoría de las acciones de la entidad, a través de un antiguo empleado del Banco Ibérico, Juan José Gordo, quien llega a controlar el 50% del capital y compartió el puesto de consejero delegado con Rafael Martínez Fresneda, hombre próximo a Alfredo Seligrat.
En 1977 se produce el nombramiento de Alejandro Fernández Sordo como vicepresidente ejecutivo del banco, y al poco tiempo da al traste la operación del grupo Fierro. Empieza entonces una nueva búsqueda de un grupo a quien pueda interesar la mayoría accionarial, y es Ricardo Duque quien tras sus intentos fallidos de hacerse con el control del Banco de Valladolid y del Rural y Mediterráneo consigue llegar a sumar 390.000 acciones del Banco del País.
El grupo de Duque contaba con la promesa de algunos accionistas de que les serían cedidos los títulos suficientes como para superar el 50% de las acciones del banco, pero estas negociaciones no llegaron a buen fin, y Ricardo Duque solicitó una inspección del Banco de España, que es la que ha determinado el citado informe, en el que se considera ineludible revocar la autorización provisional de su constitución, que caduca mañana.
El Banco del País cerró el ejercicio de 1979 con unas pérdidas que superaron los veintiséis millones de pesetas, que fueron justificadas por la dotación a previsiones para fallidos, la no inclusión de intereses devengados pero no abonados y la dotación de 35 millones de pesetas para un fondo de insolvencias.
