La ley de Empleo
DESPUÉS DE un largo peregrinaje por las cámaras, el 17 de octubre la ley básica de Empleo ha sido finalmente publicada en el BOE. Por desgracia, su promulgación coincide con el punto más bajo del nivel de empleo y con un porcentaje de parados del orden del 12% de la población activa, el más alto de nuestra reciente historia económica.La lectura de la ley producirá una gran frialdad a quien busque incentivos reales para la promoción del empleo. En realidad, su objetivo es más bien la regulación del desempleo, tanto en la cuantía y duración de las prestaciones como en la titularidad del derecho a las mismas. Quizá para guardar las formas, hay también una serie de referencias a determinados programas específicos de fomento del empleo, con consultas previas de «las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mas representativas », si bien queda poner en duda la voluntad real de la Administración de dar entrada de una manera auténtica a las centrales de trabajadores y patronos en estas materias.
En las actuales circunstancias de crisis económica, la ley sobre el empleo parece tan sólo una justificación moral de la preocupación del Gobierno y de las cámaras por este dramático problema y una medida práctica para aliviar la presión sobre los fondos públicos del seguro de paro. Pero ni el empleo puede promocionarse con una ley ni la ley puede ser el sustituto de una política de empleo. Nada más engañoso que identificar la promoción del empleo con un texto legal, sobre todo cuando lo único sustantivo de su contenido es una nueva regulación de las prestaciones de desempleo.
Por lo demás, la duración del seguro de paro se fija ahora en función de los períodos de ocupación cotizada. Si el período de ocupación ha sido de seis meses, el derecho máximo de percepción es de tres meses. Cuando el trabajador ha estado empleado más, de cuatro años cotizando Seguridad Social tendrá derecho a un máximo de dieciocho meses de seguro de desempleo. Esto supone una restricción sobre la situación anterior, en la que seis meses de ocupación daban ya derecho al máximo período de percepción del seguro, es decir, dieciocho meses. También hay restricciones para los trabajadores de mayor nivel económico, dado que la cuantía de la prestación no será nunca superior al 220% del salario mínimo interprofesional. Ahora bien, estas limitaciones sólo de un modo muy particular son propias de una ley del empleo, aunque no puede olvidarse que una serie de elementos de regulación del empleo, como el trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales, la jornada laboral o la movilidad están ya regulados por el Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, la ley de Empleo se ha limitallo a modificar las prestaciones de desempleo, que estaban dando lugar a grandes abusos (contratos de seis meses para ingresar dieciocho meses en el paro) o quesuponían una carga muy onerosa para el Tesoro público.
Así pues, en todos los demás terrenos las cosas siguen estando donde estaban, es decir, sin una idea clara de cuál debería ser, por una parte, la política económica para conseguir una reactivación económica, y, por otra, sin un marco de relaciones laborales en el que la confrontación sea más fluida y desaparezca el terror malthusiano de los empresarios a emplear a un nuevo trabajador. Ahora bien, para hacer posible ese cambio de clima se necesitaría un entendimiento práctico con los sindicatos que permitiera a las centrales ver con nitidez hacia dónde se orienta y cómo se instrumenta la política económica del Gobierno. Por ejemplo, cómo desaparecen gran cantidad de despilfarros públicos en el Estado y la Seguridad Social o cómo los fondos así ahorrados aumentan las dotaciones del seguro de paro e incrementan los gastos de inversión sin necesidad de mayores déficit presupuestarios. ¿Por qué esa obcecada congelación del patrimonio sindical o ese recelo a dar entrada a los sindicatos en la administración de los servicios de la Seguridad Social? Mientras el Gobierno no comience a caminar en estas direcciones, la nueva ley básica será uno de tantos textos obsoletos que pueblan el BOE y la sociedad seguirá sin una idea precisa de cuál es la política de empleo propuesta por el Gobierno.
