El Consell podría estar funcionando al margen de la legalidad

Un grupo de militantes del Partido Nacionalista del País Valenciano (PNPV), encabezado por su secretario general y ex diputado de UCD, Francisco Burguera, va a presentar al Pleno del Consejo un fundamentado escrito jurídico en el que plantean que el Gobierno debe convocar el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica en el País Valenciano o, de lo contrario, la institución quedaría disuelta al haber fracasado el proceso a la autonomía.El escrito parte de la premisa de que la comunidad valenciana ha cumplido los requisitos para alcanzar la autonomía por la vía del 151, ya que las diputaciones provinciales y las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia, que representan, como mínimo, la mayoría del censo electoral, pidieron la plena autonomía antes de que entrara en vigor la ley orgánica de Regulación de los Referendos. Esta, ley marcaba un plazo para que los ayuntamientos que no habían explicitado la vía pudieran rectificar, extremo que, según el PNPV, no afecta al País Valenciano porque no tiene efectos retroactivos.

Con la presentación al Pleno del Consejo de este escrito se abre un procedimiento legal que el PNPV, partido de centro-izquierda, que dispone de algunos cargos municipales, pretende llevar hasta el final, planteando un recurso contencioso-administrativo o ante el Tribunal Constitucional si hiciera falta, al considerar, que se está incurriendo en una situación que vulnera la Constitución.

«Queremos plantear este recurso como un acto político con fundamento jurídico», afirmó a EL PAIS Francisco Burguera. «O bien se mantiene abierta la vía del 151 y, por tanto, el Consejo pide que se convoque el referéndum de ratificación, como ocurrió en Andalucía, o debe disolverse porque no es una institución legal», añadió. El dirigente del PNPV señaló asimismo que en el caso valenciano ya han vencido todos los plazos constitucionales desde que el 9 de enero de 1979 el Consejo acordó iniciar el proceso de la autonomía por la vía del 151. «Pero, igual que se ha firmado un acuerdo político para salvar la autonomía andaluza, aquí también puede hacerse para desbloquear esta situación de ilegalidad». Más adelante, afirmó: «No pretendemos perder la única institución autonómica que tenemos. Por el contrario, buscamos clarificar la situación».

No vale el ejemplo andaluz

La oportunidad de este recurso planteado horas después que el caso andaluz se hubiera resuelto con el acuerdo de los partidos para modificar las leyes, no ha merecido especial eco en el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE). Según su portavoz de Prensa, «cada partido debe hacer lo que crea conveniente, pero no concedemos importancia a la actuación de un grupúsculo» Otras fuentes señalaron que los efectos legales del recurso tendrían efectos a muy largo plazo y, desde un punto de vista político, lo consideraron inviable en las actuales circunstancias.

«Jurídicamente tienen razón» afirmaron, «pero plantear ahora en el País Valenciano el litigio de las vías constitucionales queda desfasado. No hay ningún político valenciano que pueda pensar que UCD va a convocar un referéndum o a repetir con nosotros la vía andaluza».

Por otra parte, agregaron: «Hay que celebrar el triunfo de Andalucía. Aunque sienta un grave precedente político, porque demuestra que el título VIII de la Constitución sirve de bien poco y que, en cualquier otro caso futuro, se puede saltar».

La falta de apoyo a esta iniciativa del PNPV, por parte de los socialistas, aunque tiempo atrás postularon claramente la vía del 151, es lógico en el marco de las actuales conversaciones de los partidos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre el futuro autonómico del País Valenciano. Estas conversacionés podrían concluir en un principio de acuerde en muy breve plazo sobre condiciones socialistas para volver al Consejo, que abandonaron hace diez meses, convocatoria del plenario de parlamentarios para que legitimen a su actual presidente en funciones, Enrique Monsonís (UCD) y, por último, sistema electoral para las primeras elecciones al Parlamento valenciano.

Attard avisa del peligro

De la misma forma, en algunos sectores de Unión de Centro Democrático (UCD), proclives hace unos meses a denunciar la inconstitucionalidad del proceso valenciano, el recurso de los nacionalistas no ha merecido comentarios. Concretamente, el presidente de la Comisión Constitucional y diputado por Valencia, Emilio Attard, advirtió antes del verano que, si no había acuerdo entre los partidos en octubre, el Consejo podía quedar disuelto.

Sin embargo, ahora ha preferido callar para no interferir a los negociadores. «En estos momentos», dijo a este corresponsal, «me consta que hay relaciones de verdad a muy alto nivel para llegar a un acuerdo consensuado. Tengo fe que terminarán bien. Por ello no quiero decir una palabra para no interferir».

En relación a clarificar sobre el procedimiento constitucional en que se encuentra el País Valenciano para acceder a la autonomía, afirmó: « Al pueblo le importa muy poco saber en qué vía constitucional nos encontramos. Desprecia olímpicamente esta discusión. Sólo le importa que los partidos tengamos capacidad de concordia y de resolver los problemas reales».

Por su parte, el actual titular en funciones de la Presidencia del Consejo, Enrique Monsonis, que accedió al puesto al quedar vacante por dimisión de José Luis Albiñana (PSOE) y que pasará a ser presidente de pleno derecho en el caso de que el plenario de parlamentarios lo confirme, se adelantó a la incertidumbre que crea el recurso promovido por los nacionalistas. Días atrás hizo públicas las conclusiones de un dictamen encargado a un catedrático de Derecho Administrativo, que asegura que la iniciativa autonómica todavía no se ha cumplido en ninguna de las tres provincias y, por tanto, el Consejo se reserva ejercitarla antes del 30 de diciembre de 1981. En caso contrario, el Consejo quedaría disuelto en esta fecha, en que vence el plazo de tres años marcado por la Constitución (disposición séptima, apartado c), para que los organismos provisionales autonómicos ejerzan la iniciativa.

Pronunciamientos desdoblados

Pero en realidad, este dictamen parte de un error, según argumentan los especialistas, porque el Consejo Valenciano inició el procedimiento el 9 de enero del pasado año con un acuerdo respaldado por los partidos que entonces lo tormaban (AP, UCD, PSOE y PCE). Con posterioridad a las elecciones, que llevaron a la reinodelación del Consejo, la nueva mayoría de UCD junto con los consejeros socialistas y comunistas, refrendaron aquella iniciación del proceso.

Tras aquel comienzo, del procedimiento, el 25 de abril quedó abierto el plazo de seis meses para que las diputaciones y municipios solicitaran la autonomía Por la vía del 151 se formularon 239 pronunciamientos en las tres provincias; por el 143, sólo siete, y por la fórmula de compromiso («máxima autonomía en el menor tiempo posible»), 287 municipios. Hubo que salvar las resistencias de la provincia de Castellón, por el boicoteo de Enrique Monsonís a la campaña autonomista del ex presidente José Luis Albiñana en su feudo electoral, donde los ayuntamientos no se pronunciaron hasta el último momento.

Estos resultados quedaron reflejados en el acta notarial que Albiñana presentó el 25 de octubre de 1979 al ministro de Administración Territorial y al presidente del Congreso de los Diputados.

Posteriormente, la salida socialista del Consejo y el viraje de UCD, que apoyó abiertamente la

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