Policías contra policías

SEGÚN TODOS los indicios fiables, el Sindicato Profesional de Funcionjarios del Cuerpo Superior de Policía nació bajo los auspicios, o al menos con la benevolente simpatía, del Ministerio del Interior -en la época de Rodolfo Martín Villa-, para cuyos altos cargos, en cambio, la Unión Sindical de Policías ha sido en no pocas ocasiones fuente de recelos y suspicacias por su supuesta cercanía al PSOE. Los sonados incidentes del finde semana pasado, con la clausura de los locales de ese sindicato, hasta ahora oficioso, en Madrid y Barcelona y las severas sanciones disciplinarias aplicadas a algunos de sus más destacados dirigentes, han producido, en consecuencia, una considerable sorpresa y han suscitado una serie de interrogantes en torno a los orígenes e implicaciones del conflicto.Vaya por delante que parece sumamente grave confundir en un mismo tratamiento, las relaciones jerárquicas en el funcionamiento de un cuerpo de seguridad del Estado, que deben servir de pauta para la comunicación entre los jefes y sus subordinados cuando se hallan de servicio, y las actividades propiamente sindicales que lleven a cabo inspectores o comisarios francos de servicio para ocuparse de sus problemas estrictamente profesionales. Sin entrar en el fondo del asunto, y este es uno que parece tenerlo muy oscuro y muy profundo, resulta difícilmente justificable que esas relaciones jerárquicas puedan ser puestas en funcionamiento para desalojar de los locales donde un sindicato tiene su sede a policías dedicados a discutir de asuntos propiamente gremiales. O bien se prohíbe a los funcionarios del Cuerpo General de Policía sindicarse, enfoque que contradiría no solamente unos derechos adquiridos por el uso y por el anterior reconocimiento del Ministerio deI Interior, sino también garantizados por el texto de la Constitución, o bien debe respetarse el ejercicio de esa libertad asociativa sin tratar de coartarla mediante el procedimiento de poner en marcha mecanismos disciplinarios sólo adecuados para el servicio cuando lo que hacen o dicen disgusta a sus superiores.

El artículo 28 de la Constitución señala que la ley podrá «limitar o exceptuar» el derecho a sindicarse libremente a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará en cualquier caso las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Pero esas restricciones, comprensibles en atención a las responsabilidades, obligaciones y ventajas que comporta siempre el acceso a grados desde los que se ejerce la autoridad sobre el resto de los ciudadanos, deben quedar claramente expuestas y ser las únicas que puedan invocarse para limitar las actividades sindicales. Nada de esto parece que haya sucedido con los sucesos del fin de semana, y por eso los desalojos y cierres de los locales sindicales nos parecen contrarios al derecho y a la racionalidad política.

Otra cosa, sin embargo, es el análisis de las eventuales manipulaciones específicamente partidistas -en este caso de componente ultraderechista- de las que puede ser objeto un sindicato que surgió a la luz con la célebre expresión «estamos dolorosamente hartos». Sin duda, sectores policiales afincados todavía en la caverna gustarían de echar un pulso al Gobierno democrático de la nacion y crear por su cuenta una crisis de imprevisibles resultados. Pero en tal caso no es el principio de la sindicación de los policías lo que tiene que ser puesto en duda, ni sus locales los que deben ser clausurados, ni sus dirigentes los que pueden ser sancionados. Antes bien, lo que entra en juego es el concepto mismo de la profesión policial. Porque una cosa es el derecho de los funcionarios del Cuerpo General de Policía a fundar y desarrollar un sindicato y otra muy distinta su obligación, también constitucional, de respetar esas leyes que han de aplicar y tienen que hacer cumplir al resto de los ciudadanos.

En cualquier caso, los métodos aplicados por la Dirección de la Seguridad del Estado, tanto en Madrid como en Barcelona, con los dirigentes y afiliados del sindicato profesional de policía producer, la mala impresión que suscitan todos los comportamientos insuficientemente explicados.