Las transmisiones hipotecarias se podrán realizar sin presencia de fedatarios públicos

Ha quedado suprimida la intervención de los fedatarios públicos en la trasmisión de títulos hipotecarios en el proyecto de ley de regulación de este mercado, que ayer se debatió en la Comisión de Economía del Congreso. Una enmienda socialista en tal sentido fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, incluido en centrista, que, en principio, se había opuesto.

El artículo enmendado, que pasará al Pleno del Congreso con el resto del proyecto de ley, que quedó ayer definitivamente aprobado, es el siguiente: «Los títulos hipotecarios serán transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en Derecho y sin necesidad de intervención de fedatario público ni notificación al deudor. Cuando sean nominativos, podrán transmitirse por declaración escrita en el mismo título. En caso de que los títulos sean, al portador, se presumirá que el propietario de los mismos es el último perceptor de intereses».El otro gran tema de la importante Comisión de Economía de ayer se refirió a la cartera de valores, y muy especialmente, a los títulos eléctricos en poder del Banco de España.

El Grupo Socialista, según explicó el diputado Luis Solana, había presentado una proposición de ley sobre la cartera de eléctricas del Banco de España, en la esperanza de que el tema se debatiera en el Pleno del Congreso, pero la Mesa de esta Cámara la desvió a la comisión correspondiente. En síntesis, el diputado socialista, se refirió al fuerte incremento experimentado por la cartera de valores del Banco de España a partir de 1973, y que, según cifras de agosto último, alcanzaría un valor de 14.900 millones de pesetas.

Sobre esta cifra, el diputado socialista interrogaba al Gobierno, en relación con el montante de la cartera que correspondía a valores eléctricos. Asimismo dijo que era incomprensible que el Banco de España, que, en algunos casos, podía llegar a ser la minoría mayoritaria en ciertas compañías, no reclamara sus derechos en los consejos de administración y en las juntas de accionistas.

El diputado centrista Hervella, en contestación, leyó una nota en la que se acusaba a los socialistas de querer iniciar el proceso de nacionalización de las eléctricas a través de esta proposición de ley. Justificó la inhibición del Gobierno en cuanto a su presencia en consejos de administración y juntas de accionistas (los valores eléctricos han cedido unos cien puntos en su cotización bursátil de 1973 a 1980), en el deseo de no propiciar malentendidos, y afirmó que, en ningún caso, el Gobierno haría pública su cartera de eléctricas, porque ello acarrearía fuertes especulaciones sobre los citados valores.

Luis Solana replicó que la proposición de ley socialista sólo pretendía que el Gobierno ejercitara los derechos que la ley de Sociedades Anónimas atribuye a cualquier accionista, y que no se proponía, en ningún caso, una nacionalización encubierta. Afirmó que la presencia del Banco de España en consejos y juntas de accionistas no iba a crear ninguna incertidumbre en los accionariados y, finalmente, que, si la publicidad de la cartera de valores del Banco de España daba origen a un movimiento de especulación, éste sería generalizado. El secreto actual, añadió, favorece sólo la especulación de ciertos nombres y ciertas familias, de todos conocidos, que controlan el sector.