Prospectiva, a salto de mata

A la hora de reducir el gasto público para crear puestos de trabajo, mediante un incremento insignificante de la inversión real, el Gobierno recurre habitualmente al chocolate del loro: quince directores generales, quince conductores y quince secretarias pierden los complementos de destino. Las plantillas de funcionarios y los presupuestos quedan absorbidos en las nuevas direcciones generales y, a bombo y platillo, se predican estos gestos de ahorro como si se tratara de una reforma administrativa en toda regla.Este es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Prospectiva, que nadie sabe con claridad a qué se dedicaba. Con un presupuesto anual de 150 millones de pesetas, el instituto -con carácter de dirección general dependía del ministro de la Presidencia- encargaba estudios sobre el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad a presuntos investigadores de prospectiva.

Existe la creencia generalizada de que nunca estuvo bien dirigido, en cuanto el centro no fue capaz de reunir, como ha ocurrido en otros países desarrollados, a los intelectuales e investigadores españoles comprometidos con nuestro futuro, ni se preocupó de crear o propiciar una metodología, de análisis prospectivo ni de ofrecer al Gobierno y a la opinión pública serios motivos de reflexión y debate nacional.

La obsesiva preocupación por el corto plazo de nuestra clase política, que vive al día, a salto de mata, ha contribuido a menospreciar el papel provocador que los investigadores económicos y sociales pueden jugar en el análisis del futuro o, por lo menos, en la discusión del futuro. Nadie es capaz, en medio de la incertidumbre actual, de decirnos hacia dónde vamos, como nadie fue capaz de predecir la crisis del petróleo que destrozó todos los estudios de prospectiva existentes en 1973.

No obstante, algún lugar, por pequeño que sea, debería quedar en la Administración, o en la universidad, o en la empresa privada, al margen de las filigranas diarias que los políticos hacen para mantenerse en el poder, en donde la crítica y la disidencia sean una norma para descubrir, al menos, una parte pequeñísima de nuestro porvenir.

Y si la Administración se muestra incapaz, hay otras soluciones. Los estudios de prospectiva podrían ser subcontratados por el Gobierno con la universidad española o con las empresas privadas, como ocurre en otros países.