Hoy puede aprobarse una fórmula para el segundo aval estatal a las sociedades de garantías recíprocas

El Consejo de Ministros de hoy podría aprobar una fórmula: la creación de una comisión interministerial en la que estuvieran presentes también las sociedades de garantías recíprocas (SGR) y sus socios protectores (CEOE y CEPYME) para cumplir -con más de diez meses de retraso- la ley de los Presupuestos Generales de 1980 en la garantía que debería prestar el Estado -hasta un monto de 8.000 millones de pesetas- a las sociedades de garantía.

Por otra parte, según ha podido saber EL PAIS, el propio partido del Gobierno votará una enmienda para modificar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1981 en este tema del segundo aval para las sociedades de garantía recíproca y, en definitiva, para la financiación de la pequeña y mediana empresa. El proyecto de presupuestos y la propia intención de UCD de modificarlo en este aspecto es la mejor prueba; contenía una auténtica aberración al confundir dos conceptos radicalmente distintos: aval y seguro.

Instrumentar la financiación de las PYME

Si una ínfima parte de las promesas de ayuda y discursos de los ministros dedicados a la pequeña y mediana empresa (PYME), a lo largo de varias décadas, se hubiera traducido en hechos, probablemente hoy la salud económica del país sería bastante mejor de lo que es, según creencia en el sector.En España, el 98,42% de las empresas cuentan con menos de cien trabajadores, aportan el 60% del producto interior bruto y absorben el 85 % del empleo nacional. El peso de las PYME en nuestra economía, a la vista de estas cifras, es decisivo y no se corresponde con la desatención y el desconocimiento tradicional de la Administración hacia las mismas.

Los problemas más graves que padece en estos momentos la pequeña y mediana empresa, al margen de los generales (bajo coeficiente de autofinanciación, desproporción entre préstamos y fondos procedentes de la emisión de obligaciones en la financiación de las inversiones reales, dificultades en la obtención de créditos a corto plazo para financiar el circulante e incremento incesante de costes financieros, entre otros), se centran en la imposibilidad de acudir al mercado de capitales, lo que aumenta su dependencia del crédito bancario, y las grandes dificultades en que se encuentran para ofrecer las garantías requeridas habitualmente por las instituciones financieras, lo que se traduce en la inviabilidad de algunos créditos o en costes financieros adicionales en concepto de gastos de hipoteca o avales.

Estas dificultades exigían y exigen una instrumentación de la financiación a las PYME como la que existe en la mayoría de los países de Europa occidental.

Rivalidad entre ministerios

El primer paso, y casi el único hasta ahora, para instrumentar ayudas a la financiación de las PYME se dio en 1978 mediante un decreto por el que se establecía el régimen jurídico, fiscal y financiero de las sociedades de garantía recíproca (SGR). El sistema, quedaba cojo, al faltar el llamado segundo aval a cargo del Estado.Una iniciativa en este sentido, plasmada en una enmienda del PNV a la ley de Presupuestos del Estado de 1980, que prosperó con los votos de la izquierda, introdujo en el artículo 22 de esta ley: «La autorización al Estado para conceder garantía a las SGR durante 1980 en cuanto a los créditos que concierten en el interior dichas sociedades en el citado ejercicio, y por un importe máximo de 8.000 millones de pesetas, a cuyo efecto se modificará la ley que regula las SGR».

En desarrollo de este precepto legal, la Dirección General del Tesoro procedió a elaborar un proyecto ded decreto -hubo varios, todos non natos- en abril pasado sobre aval del Estado a las SGR.

El proyecto de Hacienda, según fuentes del Ministerio de Economía, era malo técnicamente y hacía prácticamente inviable el cumplimiento de los fines que se proponía. El proyecto atribuía la aplicación del aval del Estado directamente al Tesoro Público, sistema inusual en los países de economía mixta que han instrumentado el segundo aval.

El otorgamiento del segundo aval a través de un organismo especializado con mayoría de capital público, como ocurre en la mayoría de los países, permite un control coherente y eficaz de las SGR, confiriendo a todo el sistema generalizado de garantía una mayor estabilidad respecto al sistema de otorgamiento directo por el Tesoro Público. Esta última fórmula introduce rigidez en el sistema y permite únicamente el otorgamiento del segundo aval en cada operación concreta.

El otorgamiento de la garantía a través de un organismo especializado permite una política simultánea y articulada de financiación y garantía de apoyo a las PYME, a la vez que posibilita adecuar la concesión del segundo aval a los objetivos y prioridades de la política económica.

El proyecto de Hacienda, por otra parte, superponía requisitos simultáneos que podían hacer inoperante el otorgamiento de garantía por el Estado; introducía una tramitación de dudosa legalidad y suponía elementos de rigidez para la distribución de fondos y la asignación de recursos. A ello hay que añadir la ausencia de una mención expresa a la prioridad de las PYME, la reclamación de atribuciones de economía para Hacienda (función inspectora) e innumerables lagunas.

Sobre el mencionado proyecto y sobre la forma de instrumentar las garantías por parte del Estado se celebraron intensas reuniones entre representantes de Hacienda, Economía, de las SGR y de las sociedades protectoras de éstas (CEOE y CEPYME). En estas reuniones se puso de manifiesto la inviabilidad del citado proyecto y la necesidad de un planteamiento alternativo en base a una sociedad mixta, con mayoría de capital público, en la que estuvieran presentes las SGR, CEOE y CEPYME. Ello supondría, entre otras ventajas, la agilidad que da el encontrarse sometidos a la jurisdicción mercantil, y no a la administrativa. Habría coparticipación en la prestación de la garantía complementaria, subsidiaria o excedente, y en la subsiguiente distribución del riesgo entre el Estado y el sector privado.

Una sociedad mixta

Fulgencio Alcaraz, representante de las SGR y sociedades protectoras CEOE y CEPYME, se mostró partidario -en declaraciones a EL PAIS- de la fórmula de sociedad anónima para esta sociedad mixta, en la que el capital público -que muy bien podría estar representado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)- estuviera cercano al 90% del total. Según Alcaraz, cuya SGR ha asumido ya, pese a la falta del segundo aval, unos novecientos millones de riesgo (entre todas las que funcionan, que son unas cinco, han asumido 1.500 millones de riesgo), el Banco de Crédito Industrial, que se ha distinguido últimamente por su ayuda a las PYME, podría desempeñar un papel primordial en la sociedad.La enmienda que se propone a los presupuestos de 1981 -en el proyecto se atribuía a Crédito y Caución la instrumentalización de los 8.000 millones-, al atribuir al crédito oficial la garantía del segundo aval para las SGR, puede ser el germen de la solución de la sociedad mixta propuesta desde la ponencia del Iresco para la creación de las SGR por Vidal Díez Tascón, subdirector de Economía en la actualidad, y de la que también son partidarios CEOE y CEPYME. La atribución del cometido a Crédito y Caución suponía un grave desconocimiento por los redactores del presupuesto para 1981, que confundieron lo que es un reaseguro (cubre el riesgo de la insolvencia) y lo que es un segundo aval (casos de impago). Por otra parte, se otorga una posibilidad financiera de actuación de 8.000 millones a una compañía de seguros cuyo capital social está muy por debajo de los quinientos millones de pesetas.

En cuanto a la solución para 1980, la comisión intermínisterial, si se aprueba con rapidez y se facilita su puesta en marcha, podría permitir -en base a auditorías- no perder en su totalidad los 8.000 millones presupuestados para garantía del Estado a las SGR.