La Corte Europea de Justicia falla a favor de las limitaciones comunitarias a la pesca

La Convención Internacional de Londres no puede impedir que la Comunidad Económica Europea (CEE) limite las actividades de los pesqueros españoles en aguas comunitarias. Y ello pese a que la convención, no derogada, da a cada país firmante, incluida España, derechos de pesca parecidos.Así lo ha declarado la Corte Europea de Justicia, que ha encontrado el argumentlo decisivo para conciliar dos textos aparentemente contradictorios: los reglamentos de la CEE, que obligan a los españoles a solicitar licencias de pesca para faenar en aguas de los nueve, son sólo la aplicación de un principio contenido en la propia convención: la conservación, a cualquier precio, de las reservas de peces.

Con esta sentencia, dictada a propósito del aprisionamiento de un pesquero vasco en aguas de Irlanda, España ha perdido una nueva etapa de la sorda lucha que la opone a la CEE.

La conservación a rajatabla de las reservas de peces existentes en el mundo se ha convertido en la palabra clave de las tensas relaciones entre países con intereses pesqueros. Se podría decir que en las negociaciones actuales, sean cuales sean los países implicados, el que quiere pesca invoca las convenciones internacionales, que le favorecen, mientras que el que tiene los recursos invoca la protección de las especies marinas para darlo menos posible.

Así ocurre en el caso España-CEE. Para justificar la cuota cada vez más pequeña que concede a España, la Comunidad Económica Europea esgrime, año tras año, estadísticas sobre las reservas. Madrid contesta las estadísticas comunitarias y busca respaldo en los tratados internacionales.

La Corte Europea, con sede en Luxemburgo, ha dado con esta sentencia un apoyo jurídico importante a aquellos que no quiereno no pueden compartir sus recursos pesqueros y ha debilitado la posición de partida de Madrid en las dificiles negociaciones que se iniciarán a fin del presente mes en Bruselas, para fijar el régimen pesquero de 1981.

Para recuperar terreno, España debería intentar convencer con otros argumentos a los jueces europeos, que tienen aún entre sus manos nuevas demandas y consultas a propósito de barcos españoles capturados en aguas comunitarias. Pero los juristas españoles necesitarán grandes dosis de astucia para, después de este fallo de la Corte de Luxemburgo, encontrar en las numerosas notas diplomáticas, acuerdos bilaterales y tratados en vigor, elementos capaces de mejorar la posición de España.