Incompatibilidades la Administración

TUVIMOS YA ocasión de señalar en un anterior comentario editorial (véase EL PAIS del 2-10-1980) que los propósitos de hacer más severo y de aplicar de verdad el régimen de incompatibilidades en la Administración pública es uno de los rasgos más positivos y originales de la ley de Presupuestos enviada por el Gobierno a las Cortes.No les falta razón a quienes se lamentan de que las generalizadas críticas contra los funcionarios salpiquen también a los servidores del Estado que cumplen con su deber, sacrifican la oportunidad de obtener mayores ingresos en el sector privado por su vocación pública y dedican sus esfuerzos y todo su tiempo a la gestión de los asuntos ciudadanos. Sin embargo, no es probable que esas matizaciones y precisiones acompañen a las críticas globales de la Administración pública española, de sus deficiencias, abusos y escasa productividad, mientras los sectores que animan y mantienen el aparato del Estado con su reduplicado trabajo sean grupos que den testimonio moral con su propio comportamiento, pero sean incapaces de modificar el tono general de la marcha de los servicios públicos.

La tendencia a considerar la cosa pública como negocio privado de los funcionarios. Sobre todo si pertenecen a los cuerpos y carreras más distinguidos, no se corrige con sermones. También serán precisas, cuando procedan, medidas disciplinarias y sanciones. Pero la mayor dificultad para aplicar al sector público pautas y normas habituales en el sector privado proviene de ese mal entendido espíritu de cuerpo, de ese vagaroso sentimiento de que los fondos públicos no son de nadie y de esa resistencia a enfrentarse con las consecuencias de la impopularidad que se hallan en el fondo de las desgracias de nuestra Administración. Y, naturalmente, de la circunstancia de que sean los funcionarios los jueces de las faltas, incumplimientos y abusos de sus compañeros de escalafón. Todo el mundo sabe, y quien no lo sepa puede preguntárselo a cualquier estudiante, que los catedráticos de universidad que cumplen con la dedicación exclusiva o con la plena dedicación son una minoría, aunque quienes no lo hacen también se consideran con derecho -a veces gritando más- a exigir que les aumenten el sueldo y a identificar el importe de su nómina con los problemas de la universidad. ¿Alguien puede aducir, en cambio, ejemplos fehacientes de sanciones o medidas disciplinarias, de tonalidad no política, aplicadas a los catedráticos incumplidores en la historia presente o inmediata de la universidad española?

El propósito del Ministerio de Hacienda de aplicar las normas del régimen de incompatibilidades y de ampliar incluso su ámbito debe ser elogiado, en consecuencia, como una medida ejemplar tendente no sólo a mejorar la Administración pública, sino también a dignificar la propia figura de estos funcionarios.